El Tribunal de Cuentas frenó un llamado a licitación del Ejecutivo

Las previsiones del Gobierno respecto de la puesta en marcha de una planta de tratamiento de los residuos sólidos urbanos, se toparon con las severas observaciones técnicas y jurídicas que formuló el Tribunal de Cuentas (TC).
Mediante la acordada 373, firmada el jueves 14, el organismo de control advirtió al Poder Ejecutivo que "se abstenga de ejecutar" el llamado a licitación pública para el diseño, construcción y operación del centro de disposición final y relleno sanitario que se instalará en Monte Redondo, Cruz Alta. La intención oficial era efectuar la convocatoria a interesados durante los últimos días de diciembre de 2007.
Sobre la base del dictamen de los contadores fiscales, el presidente del TC, Miguel Chaibén Terraf, y el vocal Marcelo Vidal, expusieron una serie de reparos a las pretensiones de la Provincia. El escrito del Tribunal de Cuentas requiere aclaraciones e informes al PE sobre ocho puntos que forman parte del pliego de licitación. Como primera medida, se objetan los requisitos de experiencia que el Estado pretende imponer a las empresas interesadas en participar del cotejo de precios. Paralelamente, el Gobierno requiere que las firmas postulantes figuren inscriptas en el Registro de Construcciones de Obras Públicas de la provincia. Por ello, según los contadores fiscales del órgano de control, tal pretensión resulta paradójica. "Atento a las exigencias de antecedentes técnicos y económicos que prevé para los oferentes, resulta oportuno requerir un informe justificativo sobre esta exigencia, teniendo en cuenta particularmente el perfil de empresa que se persigue", sostuvo el TC.
También, se cuestionó la integración de la Comisión de Preadjudicación que evaluará las ofertas de las empresas. En el decreto oficial se establece que dicha comisión podrá contar con el asesoramiento de los organismos técnicos del Gobierno y de especialistas que puedan ser contratados. El TC objetó que, si bien en el decreto se aclara que el dictamen de los asesores no tiene carácter vinculante para la comisión, a la vez se les ordena a sus integrantes que justifiquen los motivos en caso de que decidan apartarse de las recomendaciones de los especialistas.