El organismo no financiará a los jueces la diferencia de aportes previsionales

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) no financiará a los magistrados tucumanos las diferencias por aportes previsionales adeudados que tuvieran con el organismo y que este exige que sean saldadas para que puedan jubilarse con el 82% móvil. Así lo confirmó a LA GACETA el titular de la Anses, Claudio Moroni.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Gandur, había solicitado una audiencia con Moroni para plantear la inquietud de los magistrados.
“Los esfuerzos financieros de la Anses los estamos destinando más a sectores de menores recursos”, indicó Moroni ante la consulta de nuestro diario. Recordó que esa diferencia que tendrían que pagar los magistrados para acceder al régimen especial que tienen a nivel nacional, y que garantizan el 82% móvil sobre la última remuneración, requiere de un aporte especial. “Eso no lo cubre el Gobierno nacional ni la Anses y no tenemos previsto financiar la diferencia, porque no está dentro de nuestros programas financieros”, resaltó el titular del organismo. Acotó que no lo hizo tampoco con el resto de las provincias.
“Tenemos el caso de Mendoza donde los jueces acceden (a la operatoria), pero es la provincia la que resuelve cómo financiar esa parte y no la Anses”, indicó.
Moroni insistió: “en ninguna provincia que incorporó sus jueces al sistema jubilatorio de los magistrados nacionales, la Anses ha financiado la diferencia, sino que fue un problema interno de la provincia”.  Moroni fue enfático respecto de la postura oficial: “vamos a continuar con esa política”, dijo.
En Tucumán, el gobernador José Alperovich instrumentó una operatoria de préstamos por un total de $ 3 millones -a través de la Caja Popular- para los magistrados que estén en condiciones de retirarse con el beneficio previsional del 82% móvil.
El Poder Ejecutivo estableció como requisito, para que los jueces puedan recibir un crédito y liquidar diferencias con la Anses, que iniciaran los trámites para jubilarse hasta el 31 de marzo.
En Tribunales pretendían que fuera la Anses la que financiara la operatoria por entender que el plazo impuesto conspiraba contra el principio de que los jueces duran en sus cargos mientras dure su buena conducta.