La decisión del jez federal subrogante Nº 1, Daniel Bejas, de calificar de inapelable la elevación a juicio oral del ex gobernador Antonio Domingo Bussi fue festejada por referentes de los organismos de derechos humanos.
En un decreto firmado el 7 de febrero, el magistrado rechazó el recurso presentado por la defensa del fundador de Fuerza Republicana a los efectos de impedir la elevación a juicio oral de la causa en la que se investigó el secuestro y desaparición del ex senador provincial Guillermo Vargas Aignasse.
En manos del Tribunal
Bejas concluyó que la elevación a juicio es inapelable, según los postulados del artículo 352 del Código Procesal Penal de la Nación, por lo que en los próximos días remitirá el expediente al Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán. De concretarse ese paso, los magistrados Gabriel Casas (presidente), Carlos Enrique Jiménez Montilla y Alicia Noli deberán fijar la fecha del juicio, la primera audiencia que debería afrontar Bussi en una causa por delitos de lesa humanidad.
“Los aprestamientos al juzgamiento de los principales responsables del exterminio de ciudadanos de toda condición social se produce a 33 años del macabro Operativo Independencia, puesto en marcha desde un Gobierno constitucional con la firma del siniestro decreto 261/75 del 5 de Febrero de 1975, con el aval de todo el gabinete de la entonces presidenta de la Nación, María Estela Martínez de Perón”, fustigó, a través de un documento, la asociación civil “Familiares de Desaparecidos de Tucumán” (Fadetuc). El escrito lleva la firma de Raquel Zurita, de Virginia Sosa y de Josefina Molina.
Fadetuc consideró que se trata de una instancia histórica para la consolidación de los derechos humanos en el país. “La concreción del juicio oral requiere del acompañamiento formal y expreso de todas las instituciones del Estado que, como tales, defienden el estado de derecho. El estado de derecho se sostiene con la consolidación de los lazos sociales, basados en la organización de la comunidad a través de la solidaridad, la equidad y la justicia”, plantearon en el documento.
En un decreto firmado el 7 de febrero, el magistrado rechazó el recurso presentado por la defensa del fundador de Fuerza Republicana a los efectos de impedir la elevación a juicio oral de la causa en la que se investigó el secuestro y desaparición del ex senador provincial Guillermo Vargas Aignasse.
En manos del Tribunal
Bejas concluyó que la elevación a juicio es inapelable, según los postulados del artículo 352 del Código Procesal Penal de la Nación, por lo que en los próximos días remitirá el expediente al Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán. De concretarse ese paso, los magistrados Gabriel Casas (presidente), Carlos Enrique Jiménez Montilla y Alicia Noli deberán fijar la fecha del juicio, la primera audiencia que debería afrontar Bussi en una causa por delitos de lesa humanidad.
“Los aprestamientos al juzgamiento de los principales responsables del exterminio de ciudadanos de toda condición social se produce a 33 años del macabro Operativo Independencia, puesto en marcha desde un Gobierno constitucional con la firma del siniestro decreto 261/75 del 5 de Febrero de 1975, con el aval de todo el gabinete de la entonces presidenta de la Nación, María Estela Martínez de Perón”, fustigó, a través de un documento, la asociación civil “Familiares de Desaparecidos de Tucumán” (Fadetuc). El escrito lleva la firma de Raquel Zurita, de Virginia Sosa y de Josefina Molina.
Fadetuc consideró que se trata de una instancia histórica para la consolidación de los derechos humanos en el país. “La concreción del juicio oral requiere del acompañamiento formal y expreso de todas las instituciones del Estado que, como tales, defienden el estado de derecho. El estado de derecho se sostiene con la consolidación de los lazos sociales, basados en la organización de la comunidad a través de la solidaridad, la equidad y la justicia”, plantearon en el documento.







