Los bienes económicos que se compran y venden en los mercados son, normalmente, privados: el propietario tiene también la exclusividad en su consumo.
A los bienes públicos, por el contrario, nadie puede consumirlos en exclusividad y, por ello, nadie quiere producirlos porque resulta muy difícil cobrar por su consumo. Por ejemplo, todos pueden gozar del aire puro que causa un gran parque sin necesidad de pagar, una vez que alguien asumió los costos de poner el parque en funcionamiento, por el beneficio recibido.
Aparece así una “externalidad”, porque los ciudadanos pueden recibir un bien deseado de manera externa a una transacción de mercado. Este, con sus transacciones privadas, no tiene una solución eficiente para la provisión suficiente de bienes públicos ni para regular la existencia de externalidades (algunas positivas, y otras negativas, como la polución ambiental).
Se necesita, entonces, de la presencia de asociaciones sin fines de lucro, de fundaciones, de ONG y del Estado, que, por supuesto, tiene otras funciones sociales clave (salud, educación, el combate contra la pobreza, por ejemplo). Pero tiene que ocuparse de todo lo que le compete sin apelar a falsas dicotomías como: si se ocupa del medio ambiente no puede ocuparse de los pobres, o si se ocupa de estos no puede proveer bienes para todos.
La calidad de vida
Una emergencia presupuestaria grave obliga al Estado a concentrar sus recursos en lo prioritario. Pero cuidado con el uso de este argumento en tiempos financieros normales o favorables como el actual. Con dicotomías tajantes, que no permiten ver que la calidad de vida es multidimensional y tiene demandas diferentes (combate a la pobreza, medio ambiente sano o patrimonio histórico cuidado), se puede vender el parque 9 de Julio y la plaza Independencia (bienes públicos) para llenar estos espacios con torres de departamentos (actividad propia de los privados), con el loable fin de que el Estado recaude fondos para pequeñas cosas que preocupan a la gente común.
A los bienes públicos, por el contrario, nadie puede consumirlos en exclusividad y, por ello, nadie quiere producirlos porque resulta muy difícil cobrar por su consumo. Por ejemplo, todos pueden gozar del aire puro que causa un gran parque sin necesidad de pagar, una vez que alguien asumió los costos de poner el parque en funcionamiento, por el beneficio recibido.
Aparece así una “externalidad”, porque los ciudadanos pueden recibir un bien deseado de manera externa a una transacción de mercado. Este, con sus transacciones privadas, no tiene una solución eficiente para la provisión suficiente de bienes públicos ni para regular la existencia de externalidades (algunas positivas, y otras negativas, como la polución ambiental).
Se necesita, entonces, de la presencia de asociaciones sin fines de lucro, de fundaciones, de ONG y del Estado, que, por supuesto, tiene otras funciones sociales clave (salud, educación, el combate contra la pobreza, por ejemplo). Pero tiene que ocuparse de todo lo que le compete sin apelar a falsas dicotomías como: si se ocupa del medio ambiente no puede ocuparse de los pobres, o si se ocupa de estos no puede proveer bienes para todos.
La calidad de vida
Una emergencia presupuestaria grave obliga al Estado a concentrar sus recursos en lo prioritario. Pero cuidado con el uso de este argumento en tiempos financieros normales o favorables como el actual. Con dicotomías tajantes, que no permiten ver que la calidad de vida es multidimensional y tiene demandas diferentes (combate a la pobreza, medio ambiente sano o patrimonio histórico cuidado), se puede vender el parque 9 de Julio y la plaza Independencia (bienes públicos) para llenar estos espacios con torres de departamentos (actividad propia de los privados), con el loable fin de que el Estado recaude fondos para pequeñas cosas que preocupan a la gente común.







