Desconfían de la investigación en Yerba Buena

"Me parece que quieren crear un chivo expiatorio". Con esa frase, el ex interventor de Yerba Buena, Jorge Lobo Aragón, se introdujo de lleno en el escándalo que envuelve desde hace un mes a la ciudad: la circulación de remises con licencias presuntamente adulteradas.
Lobo Aragón patrocina al ex jefe del área de Transporte, Miguel Roberto Argañaraz. El hombre, empleado de planta permanente del municipio, estuvo al frente de esa repartición hasta los primeros días de noviembre. Pero, llamativamente, un presunto sello y su supuesta firma aparecen en los permisos provisorios fraguados que detectó el Departamento Ejecutivo. "Argañaraz se puso a disposición del fiscal a cargo de la causa (Carlos Sale) y prestó declaración como testigo. Pero, curiosamente, en el sumario administrativo iniciado por el municipio aparece en carácter de imputado", planteó Lobo Aragón.
Según el letrado, las autoridades municipales cercenaron el derecho a defensa de su cliente. "Me llama la atención, porque en un sumario no puede figurar como imputada una persona a la que antes no se le leyeron los cargos. Ya presenté un escrito pidiendo la nulidad de la actuación administrativa. El municipio pretende arrogarse facultades propias del fiscal instructor", se quejó.
Lobo Aragón tildó de arbitraria a la investigación sumarial y deslizó que se podrían intentar direccionar las pesquisas administrativas. "Obviamente, hay personas que están sumamente comprometidas en la causa pero que aún no fueron llamadas a declarar ni en la Fiscalía penal ni en el sumario del municipio", sostuvo.
En tanto, ayer el intendente Daniel Toledo ratificó la decisión de investigar el origen de las licencias fraguadas. "Quiero llevarle a los vecinos la más absoluta tranquilidad. Esta es una gestión ordenada y transparente, y no permitiremos que ocurra ninguna irregularidad", señaló.
El jefe municipal adelantó que el sumario administrativo se concretará. "Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias; si alguien tiene que pagar, lo hará. Iremos con el bisturí hasta el fondo de la cuestión", advirtió. En cuanto al pedido de licencia presentado por Pedro Orlando Valdez, director de Obras Públicas y padre de un empleado al que la Justicia allanó la vivienda por esta causa, Toledo aclaró que aguardará el resultado de la investigación judicial para tomar una decisión. "A partir de allí, si hay que separar a uno o a 40 empleados lo haremos. Pero eso ocurrirá cuando termine la investigación, tanto administrativa como judicial", enfatizó.
Por la causa está detenido Alberto Máximo Núñez, padre de la titular de la agencia "Maxi Taxi". Según testimonios de propietarios de remises, el hombre habría gestionado las licencias truchas ante el municipio.