En medio del escándalo por la investigación judicial en torno de la proliferación de permisos de remise adulterados, el director de Obras Públicas, Pedro Orlando Valdez, presentó un pedido de licencia ante el intendente, Daniel Toledo. "No la aceptó", dijo el padre del inspector de Tránsito, José Augusto Valdez, cuya vivienda fue allanada por la Justicia el 25 de enero.
De la casa, ubicada en la zona de La Olla, personal policial secuestró una computadora, pero el disco rígido aún no pudo ser peritado por la falta de un especialista en informática. "Mi hijo está trabajando porque no tiene nada que ver; está tranquilo", señaló el funcionario.
Valdez negó ante LA GACETA que tenga previsto presentar su renuncia, pero sí dejó en manos del intendente la decisión. "Yo presenté un pedido de licencia con el objetivo de darle libertad a él hasta tanto se dilucide la cuestión judicial", expresó. De todas formas, "Cacerola" aclaró que no percibe sueldo alguno por el cargo de director de Obras Públicas, ya que está jubilado. "Todos los días estoy a las 7 en el trabajo", se jactó.
Ante el fiscal
En lo que hace a la marcha de la investigación judicial, ayer se presentó a declarar ante el fiscal penal de la IV Nominación, Carlos Sale, el único detenido, Alberto Máximo Núñez. El hombre, padre de la titular de la agencia "Maxi Taxi", fue sindicado por algunos propietarios de remise como el responsable de haber tramitado ante la Municipalidad los permisos provisorios presuntamente fraguados. A cambio, siempre según los testimonios, les habría solicitado una cifra de entre $ 500 y $ 800.
Según el abogado defensor de Núñez, Aldo Fernández Demársico, su cliente negó tener relación con la causa. "Mi defendido sólo colabora en la remisería de su hija; nunca hizo alguna gestoría", explicó. Fernández Demársico consideró que no existen elementos probatorios en contra de su defendido. "Se le imputa sólo haber actuado como intermediario para gestionar una de estas habilitaciones provisorias. Según el testimonio de un presunto damnificado, Núñez le cobró $ 700. Pero no existe tal título adulterado. No hay pruebas de ninguna índole. Por eso, mañana (por hoy) presentaremos un escrito mediante el que solicitaremos su libertad", planteó.
El letrado aclaró que, ante a las preguntas del fiscal, Núñez dijo desconocer de dónde provienen las licencias falsas detectadas por inspectores de Transporte. "El desconoce todo. Además, se trata de un trámite personal que debe realizar cada propietario de remise. Cuando se hagan las pericias a la computadora secuestrada en la agencia de su hija, se terminará de revelar la inocencia de mi defendido", dijo.
De la casa, ubicada en la zona de La Olla, personal policial secuestró una computadora, pero el disco rígido aún no pudo ser peritado por la falta de un especialista en informática. "Mi hijo está trabajando porque no tiene nada que ver; está tranquilo", señaló el funcionario.
Valdez negó ante LA GACETA que tenga previsto presentar su renuncia, pero sí dejó en manos del intendente la decisión. "Yo presenté un pedido de licencia con el objetivo de darle libertad a él hasta tanto se dilucide la cuestión judicial", expresó. De todas formas, "Cacerola" aclaró que no percibe sueldo alguno por el cargo de director de Obras Públicas, ya que está jubilado. "Todos los días estoy a las 7 en el trabajo", se jactó.
Ante el fiscal
En lo que hace a la marcha de la investigación judicial, ayer se presentó a declarar ante el fiscal penal de la IV Nominación, Carlos Sale, el único detenido, Alberto Máximo Núñez. El hombre, padre de la titular de la agencia "Maxi Taxi", fue sindicado por algunos propietarios de remise como el responsable de haber tramitado ante la Municipalidad los permisos provisorios presuntamente fraguados. A cambio, siempre según los testimonios, les habría solicitado una cifra de entre $ 500 y $ 800.
Según el abogado defensor de Núñez, Aldo Fernández Demársico, su cliente negó tener relación con la causa. "Mi defendido sólo colabora en la remisería de su hija; nunca hizo alguna gestoría", explicó. Fernández Demársico consideró que no existen elementos probatorios en contra de su defendido. "Se le imputa sólo haber actuado como intermediario para gestionar una de estas habilitaciones provisorias. Según el testimonio de un presunto damnificado, Núñez le cobró $ 700. Pero no existe tal título adulterado. No hay pruebas de ninguna índole. Por eso, mañana (por hoy) presentaremos un escrito mediante el que solicitaremos su libertad", planteó.
El letrado aclaró que, ante a las preguntas del fiscal, Núñez dijo desconocer de dónde provienen las licencias falsas detectadas por inspectores de Transporte. "El desconoce todo. Además, se trata de un trámite personal que debe realizar cada propietario de remise. Cuando se hagan las pericias a la computadora secuestrada en la agencia de su hija, se terminará de revelar la inocencia de mi defendido", dijo.







