La plaza Independencia fue ayer el espacio público en el que confluyeron diferentes sectores con sus reclamos particulares.
Participaron la Multisectorial -donde están incluidos la Corriente Clasista y Combativa (CCC), la CGT y los gremios municipales del interior-, los jubilados transferidos a la Nación y los usuarios autoconvocados, entre otras organizaciones. A las exigencias de 3.000 puestos de trabajo genuino y la reincorporación inmediata de cerca de 1.000 empleados cesanteados de comunas y municipios del interior, se sumaron las protestas por el incremento de las tarifas de los servicios públicos.
Con un precario sistema de audio, cada parte hizo escuchar sus reclamos. La referente de los pasivos transferidos, Florinda Leguizamón, lanzó duras críticas contra el gobernador, José Alperovich, y lo instó a cumplir con la ley que obliga al pago del 82% móvil a jubilados. Por su parte, Edmundo Romano, de usuarios autoconvocados, invitó a los consumidores a que suspendan el pago de las tarifas. Vicente Ruiz (CCC) denunció que el PE es el principal empleador informal. "Sólo en cooperativas de comunas del interior, el Gobierno tiene alrededor de 8.000 trabajadores en negro", aseveró. Además, el dirigente advirtió que dentro del salario se abonan sumas en negro que, expresó, deberían ser blanqueadas por el PE.
No al aumento del cospel
Antes de apostarse en la plaza, la marcha hizo escala en el Concejo Deliberante capitalino. Allí, representantes de algunos sectores presentaron una nota dirigida al presidente del cuerpo, Ramón Santiago Cano (PJ), por medio de la que solicitaron que los ediles se abstengan de sesionar para debatir el aumento del cospel. Según entienden, no existen razones para el incremento que avaló el gobernador. "Instamos a los ediles a asumir la responsabilidad y a que no sesionen por imposición del poder central sino por una real necesidad conducente al bien común", expresaron.
Participaron la Multisectorial -donde están incluidos la Corriente Clasista y Combativa (CCC), la CGT y los gremios municipales del interior-, los jubilados transferidos a la Nación y los usuarios autoconvocados, entre otras organizaciones. A las exigencias de 3.000 puestos de trabajo genuino y la reincorporación inmediata de cerca de 1.000 empleados cesanteados de comunas y municipios del interior, se sumaron las protestas por el incremento de las tarifas de los servicios públicos.
Con un precario sistema de audio, cada parte hizo escuchar sus reclamos. La referente de los pasivos transferidos, Florinda Leguizamón, lanzó duras críticas contra el gobernador, José Alperovich, y lo instó a cumplir con la ley que obliga al pago del 82% móvil a jubilados. Por su parte, Edmundo Romano, de usuarios autoconvocados, invitó a los consumidores a que suspendan el pago de las tarifas. Vicente Ruiz (CCC) denunció que el PE es el principal empleador informal. "Sólo en cooperativas de comunas del interior, el Gobierno tiene alrededor de 8.000 trabajadores en negro", aseveró. Además, el dirigente advirtió que dentro del salario se abonan sumas en negro que, expresó, deberían ser blanqueadas por el PE.
No al aumento del cospel
Antes de apostarse en la plaza, la marcha hizo escala en el Concejo Deliberante capitalino. Allí, representantes de algunos sectores presentaron una nota dirigida al presidente del cuerpo, Ramón Santiago Cano (PJ), por medio de la que solicitaron que los ediles se abstengan de sesionar para debatir el aumento del cospel. Según entienden, no existen razones para el incremento que avaló el gobernador. "Instamos a los ediles a asumir la responsabilidad y a que no sesionen por imposición del poder central sino por una real necesidad conducente al bien común", expresaron.







