“Considero que esta resolución, al retrotraer el proceso al 29 de junio de 2003, por un hecho cometido hasta siete años, ocho meses y 10 días después, equivale a una sentencia definitiva y a un perjuicio irreparable para la sociedad, y para este proceso”. Esto aseguró con determinación el fiscal general ante el Tribunal Oral (TOF) en lo Criminal Federal, Miguel Terraf, al interponer un recurso de casación contra la sentencia del 19 de diciembre del año pasado. Ese día, el TOF ordenó que las actuaciones contra el actual intendente de Famaillá, Juan Enrique Orellana, por supuesta contaminación ambiental durante su gestión anterior (1999-2003), fueran remitidas a Mario Racedo, a cargo del Juzgado federal Nº 2, para que -sólo en relación con el político- desarrolle nuevamente la investigación, pese a que las actuaciones ya habían sido elevadas a juicio oral.
En el afán de que la causa pase a la Cámara Nacional de Casación Penal, Terraf cuestionó con dureza el pronunciamiento de los vocales Gabriel Casas, Carlos Jiménez Montilla y Alicia Noli, quienes hicieron lugar al planteo de nulidad de todo lo actuado que había sido efectuado por el abogado de Orellana, Nicolás Pedro Brito. Este sostuvo que, como desde el 29 de junio de 2003 Orellana gozaba de fueros, debió ser sometido a una investigación jurisdiccional (debe practicarla un magistrado) y, llegado el caso, para citarlo a prestar declaración indagatoria, correspondía privarlo previamente de sus prerrogativas constitucionales, según la normativa constitucional y procesal vigente en Tucumán.
Terraf no dudó en aseverar que Orellana incurrió en deslealtad procesal. “Es principio general que no se puede argumentar en defensa una nulidad que se ha contribuido a producir: jamás el imputado ni su defensa avisaron al tribunal de la circunstancia de que Orellana había sido electo legislador. Pero hoy tampoco han explicado cuál es el perjuicio ocasionado por estos actos procesales, que, por otra parte, hemos visto han sido legítimamente producidos”, criticó.
En la sentencia, los camaristas habían afirmado que, aunque en apariencia pareciera no haberse generado ningún perjuicio al derecho de defensa de Orellana (al habérsele tomado declaración indagatoria siendo legislador provincial electo), las prerrogativas constitucionales están establecidas en protección del sistema institucional, no de las personas. Terraf replicó: “se afirma que es justamente el derecho de la sociedad el que se vio frustrado (con esto)... ¿Cuáles derechos de la sociedad si el legislador no estaba en funciones y declaró por un hecho anterior?”.
En el afán de que la causa pase a la Cámara Nacional de Casación Penal, Terraf cuestionó con dureza el pronunciamiento de los vocales Gabriel Casas, Carlos Jiménez Montilla y Alicia Noli, quienes hicieron lugar al planteo de nulidad de todo lo actuado que había sido efectuado por el abogado de Orellana, Nicolás Pedro Brito. Este sostuvo que, como desde el 29 de junio de 2003 Orellana gozaba de fueros, debió ser sometido a una investigación jurisdiccional (debe practicarla un magistrado) y, llegado el caso, para citarlo a prestar declaración indagatoria, correspondía privarlo previamente de sus prerrogativas constitucionales, según la normativa constitucional y procesal vigente en Tucumán.
Terraf no dudó en aseverar que Orellana incurrió en deslealtad procesal. “Es principio general que no se puede argumentar en defensa una nulidad que se ha contribuido a producir: jamás el imputado ni su defensa avisaron al tribunal de la circunstancia de que Orellana había sido electo legislador. Pero hoy tampoco han explicado cuál es el perjuicio ocasionado por estos actos procesales, que, por otra parte, hemos visto han sido legítimamente producidos”, criticó.
En la sentencia, los camaristas habían afirmado que, aunque en apariencia pareciera no haberse generado ningún perjuicio al derecho de defensa de Orellana (al habérsele tomado declaración indagatoria siendo legislador provincial electo), las prerrogativas constitucionales están establecidas en protección del sistema institucional, no de las personas. Terraf replicó: “se afirma que es justamente el derecho de la sociedad el que se vio frustrado (con esto)... ¿Cuáles derechos de la sociedad si el legislador no estaba en funciones y declaró por un hecho anterior?”.







