Aunque el plazo para hacerlo vencía hoy, ayer, a las 10.45, José Antonio Barrozo, vocal de la sala VI de la Cámara del Trabajo, presentó ante la comisión de Juicio Político de la Legislatura el escrito por medio del cual pidió que sea desestimada la denuncia articulada por el abogado Manuel Oscar Pérez. Este pidió que Barrozo sea destituido por supuesta ignorancia inexcusable o negligencia en el ejercicio de sus funciones, actos de parcialidad manifiesta y desconocimiento del derecho en el expediente “Mansilla, Miguel Angel vs. Bodegas y Viñedos Rubino Hnos. s/despido”.
Con el patrocinio del abogado Clímaco de la Peña (h), el camarista recordó que el 1 de setiembre de 2006 la causa quedó en situación de que se dictara sentencia. “A partir de ese momento, el expediente queda bajo la responsabilidad del secretario, quien debe efectuar un sorteo para determinar el juez preopinante y ponerlo (al expediente), entonces, a su disposición para el dictado del fallo, y debe dejar constancia de la fecha en que se produce el vencimiento. De acuerdo con el informe actuarial, dicho plazo se vencía el 2 de marzo de 2007. Congruente con ello, presenté mi voto al secretario el 8 de marzo de 2007, lo cual surge del informe actuarial; o sea que, en lo que a mí respecta, no existió el atraso al que alude la denuncia”, aseveró.
Barrozo precisó que luego un hecho motivó el error de Pérez de haberlo denunciado. “Encontrándose el expediente a estudio de mi colega de Cámara (integra la Sala VI con María Poliche de Sobre Casas, aunque no la mencionó por el nombre en el escrito), esta última entendió pertinente la realización de la medida para mejor proveer cuestionada (por Pérez) y ulteriormente revocada”, dijo.
El camarista, que aclaró que en 12 años jamás afrontó un pedido de pronto despacho, subrayó que había firmado el decreto del 2 de mayo de 2007 (dispuso la medida para mejor proveer después del llamado de autos para sentencia) sólo en su carácter de vocal preopinante. “Pero no puede inferirse que obedezca a mi propia iniciativa”, se defendió.
Con el patrocinio del abogado Clímaco de la Peña (h), el camarista recordó que el 1 de setiembre de 2006 la causa quedó en situación de que se dictara sentencia. “A partir de ese momento, el expediente queda bajo la responsabilidad del secretario, quien debe efectuar un sorteo para determinar el juez preopinante y ponerlo (al expediente), entonces, a su disposición para el dictado del fallo, y debe dejar constancia de la fecha en que se produce el vencimiento. De acuerdo con el informe actuarial, dicho plazo se vencía el 2 de marzo de 2007. Congruente con ello, presenté mi voto al secretario el 8 de marzo de 2007, lo cual surge del informe actuarial; o sea que, en lo que a mí respecta, no existió el atraso al que alude la denuncia”, aseveró.
Barrozo precisó que luego un hecho motivó el error de Pérez de haberlo denunciado. “Encontrándose el expediente a estudio de mi colega de Cámara (integra la Sala VI con María Poliche de Sobre Casas, aunque no la mencionó por el nombre en el escrito), esta última entendió pertinente la realización de la medida para mejor proveer cuestionada (por Pérez) y ulteriormente revocada”, dijo.
El camarista, que aclaró que en 12 años jamás afrontó un pedido de pronto despacho, subrayó que había firmado el decreto del 2 de mayo de 2007 (dispuso la medida para mejor proveer después del llamado de autos para sentencia) sólo en su carácter de vocal preopinante. “Pero no puede inferirse que obedezca a mi propia iniciativa”, se defendió.
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