10 Febrero 2008 Seguir en 
El Gobierno ratificó que los operativos de lucha contra el trabajo en negro siguen firmes, pese a las objeciones que planteó todo el arco empresario de la provincia a la ley 7.999, que habilita los controles y establece multas a empresas que tengan empleados no registrados.
“Sin dudas, esta política se va a sostener, con toda la intensidad. Eliminar el trabajo en negro es un objetivo clave de esta gestión”, afirmó a LA GACETA el ministro de Gobierno, Edmundo Jiménez.
Sin embargo, el funcionario dijo que nunca están demás todas las observaciones que pudieran hacerse a la ley. Los representantes de las seis principales asociaciones de empresarios de Tucumán (la Federación Económica, la Fundación del Tucumán, la Unión Industrial, la Sociedad Rural, la Asociación Tucumana de Citrus y la Cámara de Comercio Exterior) le entregaron a Jiménez, una carta en la que piden que la Ley 7.999 sea revisada, porque entienden que la norma es inconstitucional, según dictámenes de sus asesores letrados.
Asimismo, sostienen que, junto con los operativos también deberían bajarse las alícuotas de cargas e impuestos laborales.
Al respecto, Jiménez afirmó que, por el momento, desde el Gobierno no se analiza ninguna revisión a la ley ni la aplicación de resarcimientos impositivos. No obstante, admitió: “todas estas regulaciones (por la ley contra el trabajo en negro) conllevan a un mayor aporte fiscal, que debiera traducirse en una disminución de las alícuotas. Si todo se legaliza, es factible que las alícuotas vayan para abajo”.
Los empresarios dijeron que las multas ($ 20.000 por cada trabajador no registrado y $ 3.000, en el caso de las empleadas domésticas) son desproporcionadas respecto de la infracción. “La ley tiene peligrosas connotaciones de inseguridad jurídica que influirán en desaliento a las inversiones en Tucumán”, dice la carta que le entregaron a Jiménez. El ministro -interlocutor de las cámaras empresarias con el Gobierno- ponderó el diálogo institucional con los hombres de negocios y confirmó que el viernes próximo volverán a reunirse.
“Sin dudas, esta política se va a sostener, con toda la intensidad. Eliminar el trabajo en negro es un objetivo clave de esta gestión”, afirmó a LA GACETA el ministro de Gobierno, Edmundo Jiménez.
Sin embargo, el funcionario dijo que nunca están demás todas las observaciones que pudieran hacerse a la ley. Los representantes de las seis principales asociaciones de empresarios de Tucumán (la Federación Económica, la Fundación del Tucumán, la Unión Industrial, la Sociedad Rural, la Asociación Tucumana de Citrus y la Cámara de Comercio Exterior) le entregaron a Jiménez, una carta en la que piden que la Ley 7.999 sea revisada, porque entienden que la norma es inconstitucional, según dictámenes de sus asesores letrados.
Asimismo, sostienen que, junto con los operativos también deberían bajarse las alícuotas de cargas e impuestos laborales.
Al respecto, Jiménez afirmó que, por el momento, desde el Gobierno no se analiza ninguna revisión a la ley ni la aplicación de resarcimientos impositivos. No obstante, admitió: “todas estas regulaciones (por la ley contra el trabajo en negro) conllevan a un mayor aporte fiscal, que debiera traducirse en una disminución de las alícuotas. Si todo se legaliza, es factible que las alícuotas vayan para abajo”.
Los empresarios dijeron que las multas ($ 20.000 por cada trabajador no registrado y $ 3.000, en el caso de las empleadas domésticas) son desproporcionadas respecto de la infracción. “La ley tiene peligrosas connotaciones de inseguridad jurídica que influirán en desaliento a las inversiones en Tucumán”, dice la carta que le entregaron a Jiménez. El ministro -interlocutor de las cámaras empresarias con el Gobierno- ponderó el diálogo institucional con los hombres de negocios y confirmó que el viernes próximo volverán a reunirse.
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