El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Gandur, gestionó una audiencia para entrevistarse el 21 del corriente en Buenos Aires con el director ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Claudio Omar Moroni. El objetivo es lograr que ese organismo refinancie las deudas por aportes previsionales a los magistrados tucumanos en condiciones de jubilarse, de manera que puedan acceder al beneficio del 82%, como prevé la Ley 24.018.
Gandur viajará acompañado por Antonio Estofán, el vocal al que, por medio de una acordada del 19 de octubre del año pasado, el alto tribunal comisionó para que efectúe ante la Anses o ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) todos los trámites y diligencias necesarias para hacer operativo el acceso al anhelado beneficio del 82% móvil.
Por medio de una nota, Gandur solicitó a la Anses que implemente una forma de pago para que los magistrados puedan saldar diferencias retroactivas a 1996 que exige aquel organismo y que oscilarían entre los $ 15.000 y $ 40.000.
Tal como lo anticipó LA GACETA, el objetivo es que quienes adeudan hasta $ 15.000 puedan hacerlo por medio de 24 cuotas mensuales y consecutivas; por medios de 36 cuotas, cuando el monto varíe entre los $ 15.000 y los $ 30.000, y de 48 cuotas, cuando la cifra supere los $ 30.000.
El vocal sugirió cómo podría implementarse la operatoria. “Los pagos serían debidatos en forma mensual directamente de los montos de los beneficios previsionales, para lo cual se solicitará la autorización de cada uno de los beneficiados y se instrumentará en coordinación con vuestra parte (por la Anses)”, aseveró.
En forma previsora, Gandur hizo la reserva de solicitar igual forma de pago para los magistrados y funcionarios en actividad que vayan a acogerse a los beneficios de la Ley 24.018.
Dos resoluciones de la Afip
La mecánica ideada para saldar las diferencias fue adoptada de las Resoluciones Generales Nº 1.966/05 y 2.279/07 de la Afip, también en su carácter de recaudadora de los recursos de la seguridad social. “Aunque es necesario puntualizar que estas normas no fueron dictadas para contemplar el supuesto de deudas previsionales generadas por el dictado de una ley (por la provincial 7.853)”, aclaró Gandur. La referencia a esta norma es porque, por medio de ella, la Legislatura ratificó el convenio celebrado en 2006 entre los gobiernos de José Alperovich y Néstor Kirchner. El acuerdo posibilitó que los magistrados tucumanos puedan gozar -como los federales- de las ventajas de la Ley 24.018.
Como un argumento de peso, el presidente de la Corte recordó que las diferencias hoy exigidas por la Anses se generaron como consecuencia de la imposición de topes legales -a partir de 1996- a los montos de los sueldos sobre los que debían hacerse los aportes.
Entre 1996 y 2006, como consecuencia del traspaso del sistema previsional provincial a la Nación, en concepto de aportes, a los jueces les descontaban el 7% o el 11%, según si estaban adheridos al sistema de capitalización o al de reparto, respectivamente. Pero, en ambos casos, tal retención se hacía tomando como base la suma tope que percibían quienes se jubilaban.
Ahora, la Anses exige a los magistrados tucumanos que salden la diferencia que surja de aplicar retroactivamente el 12% a lo que efectivamente percibieron como remuneración durante esa década.
A medida que los jueces en condiciones de jubilarse (suman 66) y que tienen posibilidades de acceder al beneficio del 82% móvil se retiren, surgirá la necesidad de cubrir las nuevas vacantes, que se sumarán a los 19 cargos hoy acéfalos. Entonces se harán palpables los efectos de la sentencia que acaba de declarar nula la disposición de la Carta Magna de 2006 que otorgaba al Poder Ejecutivo la potestad de organizar el Consejo Asesor de la Magistratura, órgano previsto para seleccionar los postulantes a la judicatura mediante concursos públicos (esto último no fue cuestionado). Enfadado con el fallo, que no impide la celebración de concursos (podrían ser implementados por ley), el gobernador José Alperovich anticipó que no podrá cubrir las vacantes.
Gandur viajará acompañado por Antonio Estofán, el vocal al que, por medio de una acordada del 19 de octubre del año pasado, el alto tribunal comisionó para que efectúe ante la Anses o ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) todos los trámites y diligencias necesarias para hacer operativo el acceso al anhelado beneficio del 82% móvil.
Por medio de una nota, Gandur solicitó a la Anses que implemente una forma de pago para que los magistrados puedan saldar diferencias retroactivas a 1996 que exige aquel organismo y que oscilarían entre los $ 15.000 y $ 40.000.
Tal como lo anticipó LA GACETA, el objetivo es que quienes adeudan hasta $ 15.000 puedan hacerlo por medio de 24 cuotas mensuales y consecutivas; por medios de 36 cuotas, cuando el monto varíe entre los $ 15.000 y los $ 30.000, y de 48 cuotas, cuando la cifra supere los $ 30.000.
El vocal sugirió cómo podría implementarse la operatoria. “Los pagos serían debidatos en forma mensual directamente de los montos de los beneficios previsionales, para lo cual se solicitará la autorización de cada uno de los beneficiados y se instrumentará en coordinación con vuestra parte (por la Anses)”, aseveró.
En forma previsora, Gandur hizo la reserva de solicitar igual forma de pago para los magistrados y funcionarios en actividad que vayan a acogerse a los beneficios de la Ley 24.018.
Dos resoluciones de la Afip
La mecánica ideada para saldar las diferencias fue adoptada de las Resoluciones Generales Nº 1.966/05 y 2.279/07 de la Afip, también en su carácter de recaudadora de los recursos de la seguridad social. “Aunque es necesario puntualizar que estas normas no fueron dictadas para contemplar el supuesto de deudas previsionales generadas por el dictado de una ley (por la provincial 7.853)”, aclaró Gandur. La referencia a esta norma es porque, por medio de ella, la Legislatura ratificó el convenio celebrado en 2006 entre los gobiernos de José Alperovich y Néstor Kirchner. El acuerdo posibilitó que los magistrados tucumanos puedan gozar -como los federales- de las ventajas de la Ley 24.018.
Como un argumento de peso, el presidente de la Corte recordó que las diferencias hoy exigidas por la Anses se generaron como consecuencia de la imposición de topes legales -a partir de 1996- a los montos de los sueldos sobre los que debían hacerse los aportes.
Entre 1996 y 2006, como consecuencia del traspaso del sistema previsional provincial a la Nación, en concepto de aportes, a los jueces les descontaban el 7% o el 11%, según si estaban adheridos al sistema de capitalización o al de reparto, respectivamente. Pero, en ambos casos, tal retención se hacía tomando como base la suma tope que percibían quienes se jubilaban.
Ahora, la Anses exige a los magistrados tucumanos que salden la diferencia que surja de aplicar retroactivamente el 12% a lo que efectivamente percibieron como remuneración durante esa década.
El fallo sobre la reforma tendrá sus implicancias
A medida que los jueces en condiciones de jubilarse (suman 66) y que tienen posibilidades de acceder al beneficio del 82% móvil se retiren, surgirá la necesidad de cubrir las nuevas vacantes, que se sumarán a los 19 cargos hoy acéfalos. Entonces se harán palpables los efectos de la sentencia que acaba de declarar nula la disposición de la Carta Magna de 2006 que otorgaba al Poder Ejecutivo la potestad de organizar el Consejo Asesor de la Magistratura, órgano previsto para seleccionar los postulantes a la judicatura mediante concursos públicos (esto último no fue cuestionado). Enfadado con el fallo, que no impide la celebración de concursos (podrían ser implementados por ley), el gobernador José Alperovich anticipó que no podrá cubrir las vacantes.







