Desde hoy se reactivarán los esfuerzos judiciales en el afán de impedir que el Gobierno pueda disponer de inmuebles de gran valor histórico y cultural para Tucumán.
La abogada Ana Carolina González Coletti, patrocinante en la presentación concretada por el Colegio de Arquitectos y por la Junta de Estudios Históricos, presentará un escrito para que se fije cuál de las tres salas de la Cámara en lo Contencioso Administrativo debe intervenir en la acción de amparo colectiva interpuesta enero, cuyo tratamiento no fue habilitado durante la feria judicial.
Las organizaciones que todos los viernes convocan a una marcha en la plaza Independencia y que interpusieron la demanda tienen un interés: que la Justicia resuelva pronto -si es posible esta semana- si es procedente el dictado de la medida cautelar que solicitaron hasta que sea resuelta la cuestión de fondo.
La acción persigue la declaración de inconstitucionalidad de la Ley 7.990, por medio de la cual la Legislatura, el 20 de diciembre, desafectó una serie de propiedades del sistema que había establecido la Ley 7.535 (de Protección Cultural y de los Bienes Arquitectónicos de la provincia). La medida cautelar solicitada apunta a lograr que, hasta que se trate esto último, la Justicia ordene precautoriamente al Poder Ejecutivo, al Sistema Provincial de Salud y a la Caja Popular de Ahorros (organismos habilitados por la Ley 7.990) que se abstengan de disponer de los bienes desafectados del patrimonio cultural.
Hasta el viernes, la Federación Económica de Tucumán tiene previsto deducir una acción similar, aunque en la Justicia Federal.
La abogada Ana Carolina González Coletti, patrocinante en la presentación concretada por el Colegio de Arquitectos y por la Junta de Estudios Históricos, presentará un escrito para que se fije cuál de las tres salas de la Cámara en lo Contencioso Administrativo debe intervenir en la acción de amparo colectiva interpuesta enero, cuyo tratamiento no fue habilitado durante la feria judicial.
Las organizaciones que todos los viernes convocan a una marcha en la plaza Independencia y que interpusieron la demanda tienen un interés: que la Justicia resuelva pronto -si es posible esta semana- si es procedente el dictado de la medida cautelar que solicitaron hasta que sea resuelta la cuestión de fondo.
La acción persigue la declaración de inconstitucionalidad de la Ley 7.990, por medio de la cual la Legislatura, el 20 de diciembre, desafectó una serie de propiedades del sistema que había establecido la Ley 7.535 (de Protección Cultural y de los Bienes Arquitectónicos de la provincia). La medida cautelar solicitada apunta a lograr que, hasta que se trate esto último, la Justicia ordene precautoriamente al Poder Ejecutivo, al Sistema Provincial de Salud y a la Caja Popular de Ahorros (organismos habilitados por la Ley 7.990) que se abstengan de disponer de los bienes desafectados del patrimonio cultural.
Hasta el viernes, la Federación Económica de Tucumán tiene previsto deducir una acción similar, aunque en la Justicia Federal.







