La capital se queda con la mitad de la asistencia del PE

San Miguel de Tucumán recibirá casi la mitad de los fondos que la Provincia girará a los municipios a lo largo de 2008. Mañana, los intendentes firmarán una nueva versión del Pacto Social, sistema que rige desde el gobierno de Julio Miranda y mediante el cual el poder central asiste con recursos a las municipalidades para el pago de sueldos y la realización de obras.
Según el detalle de erogaciones previstas por el Poder Ejecutivo, de los $ 568 millones que administrarán los intendentes, el jefe municipal de la capital, Domingo Amaya, recibirá $ 273,4 millones. En segundo lugar, aunque demasiado lejos del primero, aparece Banda del Río Salí. El intendente Zacarías Khoder contará con $ 32 millones.
De los 19 jefes municipales, tan sólo Leopoldo Rodríguez no participará activamente del acto convocado por el gobernador José Alperovich para mañana, a las 11, en el Salón Blanco de Casa de Gobierno. El intendente de La Cocha no adherirá ni al Pacto Sueldo ni tampoco al Fondo Fiduciario para obras públicas, debido a que las finanzas del municipio se encuentran equilibradas. Otras cinco administraciones del interior tampoco firmarán el acuerdo para sueldos. Trancas, Burruyacu, Simoca, Graneros y Las Talitas no recibirán asistencia del PE para cubrir sus erogaciones salariales, pero sí lo harán para concretar trabajos públicos.
La versión 2008 del Pacto Social presenta algunas novedades con respecto a los convenios de años anteriores. En primer lugar, que también se implementará una operatoria con el Banco Tucumán.
El agente financiero estatal prestará $ 200 millones, de los que $ 170 recibirán los municipios y $ 30 millones se repartirán entre las 10 comunas rurales más pobladas. Estos fondos serán destinados a obras de pavimentación, iluminación y cordón cuneta. Pero ni los intendentes ni los comisionados rurales dispondrán de los fondos, tan sólo se encargarán de las licitaciones y del control de la ejecución de los proyectos. El propio banco será responsable de efectuar los pagos, que serán debitados de manera directa de la coparticipación.
La pretensión oficial es que los municipios agoten este sistema de créditos del Banco Tucumán antes de recurrir a la asistencia proveniente del Palacio Gubernamental. Las comunas que ingresan en esta operatoria son las de Cebil Redondo, El Manantial, San Pablo, Santa Ana, León Rougés, Ranchillos, Los Ralos, Colombres, Florida y Delfín Gallo. En efecto, las primeras licitaciones de obras en estas administraciones tuvieron lugar el viernes, durante un acto presidido por el ministro del Interior, Osvaldo Jaldo, y el secretario de Grandes Comunas, Javier Noguera.
Además de los $ 568 millones que recibirán los intendentes, el Ejecutivo girará $ 57 millones a las restantes 83 comunas rurales. Estos fondos deberán destinarse prioritariamente al arreglo y mantenimiento de espacios públicos, a la construcción de viviendas y de canales a través de cooperativas de trabajo y a conexiones cloacales.
En el caso de las municipalidades, los acuerdos deben ser convalidados por los Concejos Deliberantes. Además, para acceder a los recursos, los intendentes deberán presentar previamente los proyectos, ya que el PE les asignará fondos por cada obra y no de manera global. Una vez culminado ese trabajo, el poder central efectuará el siguiente desembolso.
Los municipios y las comunas deben devolver mensualmente los préstamos, mediante la cesión de los recursos de la coparticipación. Incluso, el PE puede efectuar auditorias en esas administraciones.

El nuevo convenio que firmarán los intendentes calmará, aunque sea en parte, el reclamo que desde hace dos años mantienen los concejales del interior. En el artículo ocho (inciso I) del acuerdo se eleva de $ 2.000 a $ 2.500 el tope salarial que rige para los ediles.
De todas formas, el haber de un edil podría superar ese monto, ya que el límite no contempla los fondos a percibir por asignaciones familiares. El límite regirá sólo para los concejales de las 12 municipalidades que rubricarán el Pacto Sueldos. San Miguel de Tucumán (tiene un acuerdo especial), Trancas, Burruyacu, Simoca, La Cocha, Graneros y Las Talitas pueden incrementar la dieta de los representantes vecinales sin ninguna restricción.
El reclamo de los concejales del interior por lograr una mejora en sus dietas comenzó, aunque de manera aislada, en 2006. A fines de julio de ese año, en Banda del Río Salí, los ediles avanzaron con un aumento (la dieta es de $ 1.823), pero el intendente Zacarías Khoder lo frenó con un veto. Los de Trancas (no está dentro del Pacto Social para sueldos) también habían actualizado sus haberes, pero esa medida fue vetada. En Famaillá, el caso derivó en un conflicto que incluyó protestas de empleados municipales.