Perdió eficacia la ayuda social a familias pobres

La asistencia financiera de la Nación con fines sociales sacó a relucir las falencias de la Provincia en la administración de los recursos y en la aplicación concreta de los fondos invertidos por el poder central durante 2007.
En este caso, la ejecución del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, mediante el que se brinda cobertura a familias en estado de extrema pobreza, puso en evidencia las complicaciones operativas con las que se topó el Poder Ejecutivo a lo largo del último año. Las observaciones administrativas, contables y legales culminaron en advertencias oficiales de la Sindicatura General de la Nación (Sigen), a través de la propia Dirección de Auditoría de la Provincia. La evaluación corresponde a los compromisos asumidos por esa repartición ante la Red Federal de Control Público, integrada por organismos de control provinciales y presidida por la Sigen.

Reparto de bolsones
A través del programa evaluado, la Nación envía recursos para cubrir los requisitos nutricionales de niños de hasta 14 años, mujeres embarazadas, discapacitados y ancianos mayores de 70 años en situación de extrema pobreza. La asistencia, hasta octubre del año pasado, consistía en la entrega de módulos alimentarios a los beneficiarios (alrededor de 90.000).
A partir de ese mes, la Provincia implementó un sistema de ayuda mediante vales para la compra de los alimentos. La auditoría se circunscribe a la primera modalidad de ayuda social.
La principal observación, que lleva la firma del ex director de Auditoría, Oscar Fiorito, es que la ejecución del plan nutricional perdió eficacia en Tucumán. Justifica esa conclusión sobre la base de los testimonios de beneficiarios de San Miguel de Tucumán y de los datos aportados por la ex Secretaría de Políticas Sociales (hoy Ministerio) en cuanto a las fechas de entrega de los módulos. "Los entrevistados manifestaron que los bienes proporcionados son de gran utilidad, pero que las entregas son realizadas sin regularidad", sostiene el documento.
Con el objeto de fundamentar aún más esa aseveración, se comparan las fechas de entrega de 2006 con las de 2007. En el primer caso, el tiempo promedio transcurrido entre la distribución de los módulos alimentarios a los beneficiarios fue de 46 días. En el segundo, el reparto se efectuó, estimativamente, cada 57 días. "Esto demuestra una pérdida de eficacia del programa en el último año", concluye el auditor.
Pero las objeciones detalladas en el informe al que tuvo acceso LA GACETA no se limitan sólo al período entre cada asistencia. También, la Dirección de Auditoría afirma que hubo demoras en las rendiciones financieras que la Provincia debía efectuar ante la Nación. Se especifica que el convenio 576/05 establece, en su punto 4, que "el segundo desembolso nacional se debe concretar en un plazo máximo de 90 días corridos y previa rendición de cuentas de al menos el 50% del primer desembolso". A pesar de la contundencia de esa disposición, el documento asevera que la ex Secretaría de Políticas Sociales incurrió en retrasos de hasta 77 días para rendir cuentas de lo gastado.
Peor aún, en el caso de la justificación de lo invertido antes de recibir el tercer desembolso de fondos, la demora de la repartición provincial ascendió a 161 días.

Recomendaciones
Paralelamente, se denuncia que hubo un retraso generalizado en la ejecución total del convenio. El acuerdo firmado con la Nación aclara que la Provincia deberá ejecutar los fondos en un plazo máximo de nueve meses a partir de la recepción de la primera transferencia de recursos.
Según el informe de auditoría, este apartado del acuerdo de asistencia tampoco fue respetado. Por el contrario, la mora llegó a duplicar el tiempo de aplicación previsto. "La ejecución total del convenio insumió un total de 22,8 meses", se explica en el documento.
A pesar de los argumentos esgrimidos por los responsables del programa con el objetivo de justificar las falencias detectadas, la Dirección de Auditoría mantuvo cada una de las observaciones, según se detalla en el texto. En efecto, entre las conclusiones del informe recomendaron a Políticas Sociales que "ejecute los fondos ajustándose a lo establecido en los convenios" firmados con la Nación, que financia el programa.

La ejecución del programa de asistencia a familias en condición crítica ya había sido observada por la Sindicatura General de la Nación en años anteriores. En efecto, en el actual informe se remarcan algunas correcciones introducidas por las autoridades ante las advertencias formuladas.
Tras las críticas planteadas por el mal estado en que se encontraban los depósitos de mercadería, ahora se menciona que se implementaron notables mejoras. "Resulta importante destacar las mejoras introducidas con respecto a informes anteriores, como ser la adecuada estiba de las mercaderías, la rotulación con fechas de vencimiento de los productos, la implementación de sistemas informáticos que permiten llevar un adecuado control del stock", sostuvo el ex director de Auditoría, Oscar Fiorito, en el documento.
El ex funcionario provincial destaca, además, que el sector de administración del programa "trabajó a fin de dar transparencia a la gestión, facilitando el seguimiento de los fondos con la apertura de cuentas bancarias separadas para los distintos subprogramas". Finalmente, Fiorito festejó que los responsables hayan depurado la base de datos de los beneficiarios.
Cabe destacar que, hasta fines de 2007, la entrega de los módulos se efectuaba en escuelas (en el caso de la capital) y en los municipios y comunas del interior.

Las complicaciones operativas que sufrió la Provincia para repartir los módulos con mercadería fueron, precisamente, los argumentos esgrimidos por la titular de Políticas Sociales, Beatriz Mirkin, al momento de reemplazar los bolsones por vales alimentarios.
Ayer, LA GACETA intentó entablar una conversación con la funcionaria, pero fue infructuoso. De todas formas, ya en julio de 2006 Mirkin había anticipado a este diario que se eliminaría esta modalidad de asistencia social. En efecto, desde octubre del año pasado los beneficiarios reciben tickets para comprar los alimentos.
El informe de auditoría pone de manifiesto la importancia del cambio de modalidad. "En esta nueva etapa, los funcionarios que tienen a su cargo el programa deberían brindar a los beneficiarios de tickets el asesoramiento y aconsejamiento necesario para que estos realicen un bueno uso de los vales, realizando un posterior seguimiento y control que permita optimizar la nueva modalidad de ejecución", se aconseja.
La firma Tickets Proms SA es la proveedora de los vales (tienen un valor de $ 40) para los beneficiarios del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria. Mediante el decreto 87/4, firmado el 11 de enero y publicado el viernes en el Boletín Oficial, el Gobierno extiende por otros cuatro meses el vínculo contractual con la empresa a un monto de $ 14,6 millones.