Los concejales de la capital deberán regresar de sus lugares de veraneo durante la próxima semana. Ayer, el intendente Domingo Amaya remitió al cuerpo un pedido de convocatoria a sesiones extraordinarias. El jefe municipal pretende que se lo autorice a ceder al Gobierno cualquier recurso de libre disponibilidad que tenga el Departamento Ejecutivo, a los efectos de garantizar la devolución de los préstamos que otorga la Provincia por medio del Pacto para el Crecimiento.
Como el Concejo Deliberante se encuentra en pleno receso, la convocatoria a sesión sólo puede ser efectuada ante casos de urgencia justificada por el intendente. En esta oportunidad, Amaya necesita de manera imperiosa que el cuerpo deliberativo se reúna en el recinto con el fin de corregir la ordenanza 3.924, sancionada en sesión concretada en diciembre.
Mediante esta iniciativa, los ediles habían autorizado al intendente a ceder en favor de la Provincia los recursos de coparticipación necesarios para cubrir mensualmente el reintegro de los préstamos concedidos, en el marco de la asistencia del Pacto para el Crecimiento.
La norma que busca ahora ser corregida faculta al intendente a firmar con el Gobierno los convenios de préstamos destinados a atender erogaciones salariales, equipamientos y de obras y servicios públicos. Sin embargo, Amaya pretende que el Concejo lo autorice a incorporar, dentro de los fondos a ceder en favor del Poder Ejecutivo, "todo recurso de libre disponibilidad en las sumas que mensualmente resulten necesarias para cubrir las cuotas de amortización de los préstamos a otorgar".
"La mencionada ley -en referencia al Pacto para el Crecimiento- asegura el normal funcionamiento y prestación de los servicios por parte de este municipio. Por ello, se hace necesario brindar las garantías suficientes a fin de lograr el recupero (por parte de la Provincia) de las sumas otorgadas para la continuidad y el normal desenvolvimiento del convenio celebrado", sostiene Amaya en el proyecto remitido al Concejo Deliberante.
Sueldos y obras
Mediante el convenio, la Provincia se hace cargo del pago de las planillas salariales en la mayoría de los municipios y financia la realización de obras públicas. En el caso de San Miguel de Tucumán, la asistencia del PE durante 2008 rondará los $ 221 millones para el pago de sueldos y los $ 52 para la concreción de trabajos públicos.
Cabe destacar que, según el último informe de Cuenta de Inversión, la deuda pública de la capital ascendía a $ 397 millones en diciembre de 2006. Pero de ese monto, $ 297 millones correspondían a préstamos contraídos con el Gobierno provincial para la cobertura de sueldos de los municipales y la realización de obras.
La urgencia de la convocatoria radica en que el lunes, a las 11, los intendentes firmarán en Casa de Gobierno el convenio de asistencia. Por eso, los concejales oficialistas aguardan el regreso del presidente del cuerpo, Ramón Santiago Cano, de sus vacaciones. El peronista se reintegrará el lunes y de inmediato convocaría a sesión.
Como el Concejo Deliberante se encuentra en pleno receso, la convocatoria a sesión sólo puede ser efectuada ante casos de urgencia justificada por el intendente. En esta oportunidad, Amaya necesita de manera imperiosa que el cuerpo deliberativo se reúna en el recinto con el fin de corregir la ordenanza 3.924, sancionada en sesión concretada en diciembre.
Mediante esta iniciativa, los ediles habían autorizado al intendente a ceder en favor de la Provincia los recursos de coparticipación necesarios para cubrir mensualmente el reintegro de los préstamos concedidos, en el marco de la asistencia del Pacto para el Crecimiento.
La norma que busca ahora ser corregida faculta al intendente a firmar con el Gobierno los convenios de préstamos destinados a atender erogaciones salariales, equipamientos y de obras y servicios públicos. Sin embargo, Amaya pretende que el Concejo lo autorice a incorporar, dentro de los fondos a ceder en favor del Poder Ejecutivo, "todo recurso de libre disponibilidad en las sumas que mensualmente resulten necesarias para cubrir las cuotas de amortización de los préstamos a otorgar".
"La mencionada ley -en referencia al Pacto para el Crecimiento- asegura el normal funcionamiento y prestación de los servicios por parte de este municipio. Por ello, se hace necesario brindar las garantías suficientes a fin de lograr el recupero (por parte de la Provincia) de las sumas otorgadas para la continuidad y el normal desenvolvimiento del convenio celebrado", sostiene Amaya en el proyecto remitido al Concejo Deliberante.
Sueldos y obras
Mediante el convenio, la Provincia se hace cargo del pago de las planillas salariales en la mayoría de los municipios y financia la realización de obras públicas. En el caso de San Miguel de Tucumán, la asistencia del PE durante 2008 rondará los $ 221 millones para el pago de sueldos y los $ 52 para la concreción de trabajos públicos.
Cabe destacar que, según el último informe de Cuenta de Inversión, la deuda pública de la capital ascendía a $ 397 millones en diciembre de 2006. Pero de ese monto, $ 297 millones correspondían a préstamos contraídos con el Gobierno provincial para la cobertura de sueldos de los municipales y la realización de obras.
La urgencia de la convocatoria radica en que el lunes, a las 11, los intendentes firmarán en Casa de Gobierno el convenio de asistencia. Por eso, los concejales oficialistas aguardan el regreso del presidente del cuerpo, Ramón Santiago Cano, de sus vacaciones. El peronista se reintegrará el lunes y de inmediato convocaría a sesión.







