Ya en setiembre de 2007 la Legislatura había concedido a la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) nuevas herramientas para incrementar sus ingresos.
En sesión, la anterior gestión parlamentaria aprobó una serie de modificaciones a las leyes vigentes y convirtió en ley un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). Con esa medida, se creó el “cargo por infraestructura”, una tasa que las empresas constructoras y los particulares que edifiquen más de 200 metros cuadrados deberán abonar a la empresa para financiar la ampliación de las redes de agua potable y cloacas en la capital.
A partir de la sanción y promulgación por parte del Poder Ejecutivo, una compleja fórmula matemática se utiliza para asignar los montos a pagar en cada construcción.
Incluso, esta tasa debe liquidarse al momento que la empresa o el particular solicite la factibilidad del servicio sanitario ante la SAT. El dinero se deposita luego en una cuenta especial y la compañía decide su destino, de acuerdo a las prioridades de obras.
La medida fue ideada por el Gobierno atento al crecimiento que evidenció la construcción de edificios y grandes inmuebles dentro de las cuatro avenidas de San Miguel de Tucumán, situación que puso al borde del colapso al sistema de agua potable y cloacas.
Al momento de sancionarse la iniciativa, la Municipalidad ya había otorgado más de 100 permisos para erigir edificios de viviendas y oficinas en el casco céntrico.
En sesión, la anterior gestión parlamentaria aprobó una serie de modificaciones a las leyes vigentes y convirtió en ley un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). Con esa medida, se creó el “cargo por infraestructura”, una tasa que las empresas constructoras y los particulares que edifiquen más de 200 metros cuadrados deberán abonar a la empresa para financiar la ampliación de las redes de agua potable y cloacas en la capital.
A partir de la sanción y promulgación por parte del Poder Ejecutivo, una compleja fórmula matemática se utiliza para asignar los montos a pagar en cada construcción.
Incluso, esta tasa debe liquidarse al momento que la empresa o el particular solicite la factibilidad del servicio sanitario ante la SAT. El dinero se deposita luego en una cuenta especial y la compañía decide su destino, de acuerdo a las prioridades de obras.
La medida fue ideada por el Gobierno atento al crecimiento que evidenció la construcción de edificios y grandes inmuebles dentro de las cuatro avenidas de San Miguel de Tucumán, situación que puso al borde del colapso al sistema de agua potable y cloacas.
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