Hay gran expectativa por el fallo sobre la reforma

Tras el fin de la feria de enero, hoy los abogados volverán a vestirse formalmente y a trajinar los pasillos de Tribunales. Pero más allá de lo anecdótico, el inicio de la actividad judicial genera expectativa porque dos cuestiones concitan la atención pública y tendrán como eje a la Cámara en lo Contencioso Administrativo. En primer lugar, porque se acerca el desenlace de un tema de fundamental importancia: el fallo sobre los aspectos de la Constitución de 2006 que fueron cuestionados por el Colegio de Abogados. En segundo lugar, por la acción promovida para impedir una eventual venta o disposición -por parte del Gobierno- de inmuebles de significativo valor histórico para la provincia.
En relación con el tema de la reforma, que tendrá indudables consecuencias institucionales, en teoría, los vocales de la sala II de la mencionada Cámara (Rodolfo Novillo y Carlos Giovanniello) tienen plazo hasta el martes para pronunciarse sobre la cuestión de fondo. Entonces, vencerán los 15 días hábiles que fija el Código Procesal Civil y Comercial tucumano para que un tribunal se expida a partir del pedido de pronto despacho concretado por una de las partes; en este caso, la demandada (la Provincia), por intermedio del fiscal de Estado, Francisco Sassi Colombres.
Los camaristas tienen que pronunciarse sobre cuestiones por demás urticantes. En efecto, en la convicción de que el poder político avanzó sobre la independencia del Poder Judicial, el Colegio de Abogados cuestionó la forma en que la nueva Carta Magna diseñó o integró institutos clave, como el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) o el Jurado de Enjuiciamiento. También objetó la mayoría diferencial exigida para que proceda la remoción del gobernador y del vicegobernador, así como la posibilidad de que en el futuro haya enmiendas constitucionales por ley.

Idas y venidas
Como consecuencia del impacto y la movilización que causó en ciertos segmentos de la sociedad (ver "Concretarán..."), el otro tema que acaparará la atención es el relacionado con la causa caratulada: "Colegio de Arquitectos y Junta de Estudios Históricos vs. Superior Gobierno s/amparo colectivo".
La abogada patrocinante de la parte demandante, Ana Carolina González Coletti, aprovechará hoy el inicio de la actividad judicial para solicitar que el expediente pase a mesa de entradas, con el fin de que proceda a determinarse cuál de las tres salas de la Cámara en lo Contencioso Administrativo es la que deberá entender en el caso.
Como la demanda fue interpuesta a principios de enero, la letrada no logró en dos ocasiones que la cuestión fuera declarada -y tratada- como asunto de feria.
El 9 de enero, el camarista Enrique Guibert (actuaba en ese lapso de la feria) rechazó el primer pedido de González Coletti. Lo hizo por considerar que aún no habían sido publicadas en el Boletín Oficial las leyes sancionadas el 20 de diciembre y, por ende, no había un acto administrativo que dispusiera la enajenación de los inmuebles. Aquel día, la Legislatura afectó para su uso el edificio donde funcionaba la ex Brigada de Investigaciones (avenida Sarmiento esquina Muñecas) y desafectó una serie de propiedades del sistema establecido por la Ley 7.535, más conocido como Protección del Patrimonio Cultural y de los Bienes Arquitectónicos de la provincia.
El 16 de enero, cuando ya habían sido publicadas las dos normas en cuestión (con los números 7.986 y 7.990), la abogada insistió con la petición. No obstante, la camarista Ebe López Piossek, que intervino en ese tramo de la feria, concluyó: "del examen de la documentación surge que no aparecen configurados los extremos necesarios que permitan modificar lo señalado en la resolución del 9 de enero". Antes, la vocal se había inhibido de intervenir, pero un tribunal formado por Rodolfo Novillo y Augusto Avila no aceptó las razones esgrimidas por la colega. Por ello, ahora González Coletti pedirá que se determine a qué sala de la Cámara le corresponde intervenir.