Sostienen que no es necesario enumerar otra vez las normas

La Ley 7.692, que dispuso la creación de un digesto jurídico en Tucumán, preveía una reenumeración de las normas provinciales a partir del número 1. Esto, en los hechos, iba a implicar la ordenación de las leyes efectivamente vigentes. Actualmente, la última ley que fue sancionada (el viernes) lleva el número 7.999, pero no se sabe con certeza cuántas de esa cifra fueron ya derogados, cumplieron su objeto o, por ejemplo, si sólo responden a la previsión general de gastos (presupuesto) de un determinado año. El proyecto de modificación de la 7.692 que ahora circula por el Poder Ejecutivo, en cambio, no contempla una nueva enumeración por considerar que tal cosa no tendría mayor efecto práctico.
En vez de la reenumeración, el proyecto elaborado por la Secretaría General de la Gobernación propone que sea ampliado de 19 a 23 el número de categorías utilizadas para identificar la rama jurídica a la que pertenece cada norma (esto facilitaría el agrupamiento e individualización de las leyes). La iniciativa incluye nuevos criterios divisores: “Justicia”, “Justicia social y derechos humanos”, “Colegios y asociaciones profesionales”, “Estatutos y regímenes laborales” y “Derogación de leyes”, entre otros.
Asimismo, la Ley 7.692 encomendaba la elaboración del proyecto de digesto a una comisión de reconocidos juristas, que debía elevar la propuesta (a la Legislatura) en un plazo de un año (podía ser prorrogado). En cambio, la nueva iniciativa habla simplemente de una comisión y prevé un término de seis meses. “El objetivo es que en esta tarea, que será muy compleja, trabaje gente que tenga mucha práctica y voluntad de trabajo”, aclaró Ramiro González Navarro.
Además, el proyecto faculta al Poder Ejecutivo a que ordene los textos de las leyes, para evitar la superposición de modificaciones parciales dispersas sobre una misma materia.


Los juristas suelen quejarse de la inflación legislativa bajo la premisa de que las normas, cualquiera sea la rama del derecho a la que ellas pertenezcan, deben ser simples, claras, breves y, fundamentalmente, pocas.
En la conferencia que brindó en Tucumán en agosto de 2005, en el marco de las charlas organizadas por LA GACETA, Jorge Reynaldo Vanossi, catedrático en derecho constitucional, advirtió que en el país había alertas institucionales que no se podían desoír; entre ellas, citó el incumplimiento de las normas. Por ello, a la hora de elaborar recetas para superar esas debilidades, enumeró una serie de prioridades: “un marco legal preciso y estable, instancias administrativas ágiles y transparentes, y jueces independientes y eficientes”.
Tanto en el orden nacional como en algunas provincias (tal es el caso de San Luis) fueron encarados proyectos para ordenar la legislación y evitar la superposición de normas.