“Desde que la Municipalidad se hizo cargo del edificio comenzó el deterioro del Mercado del Norte”. Así lo aseguró un grupo de puesteros, que agregó que mientras el lugar era administrado por estos, el centro de compras estuvo en permanente renovación.
Los vendedores cargaron contra el secretario de Gobierno del municipio, Walter Berarducci, al afirmar que este desconoce completamente la problemática que atraviesa el sector. El grupo acusa a Berarducci de ignorar que el ejecutivo municipal adeuda “una importante suma aportada al fondo de reserva” y la energía eléctrica que utilizan sus oficinas, y que es pagada por los puesteros.
El grupo se posicionó, además, en defensa del inmueble ya que, según dijeron, las autoridades municipales -encabezadas por el intendente, Domingo Amaya- pretenden cerrarlo. En 2003, según aseveraron, el intendente quiso dejar sin el servicio eléctrico al edificio y afirmó, tiempo después, que colapsaría si se producía un movimiento sísmico. Los puesteros aseguraron que el eventual derrumbe fue descartado por profesionales de la Universidad Nacional de Tucumán.
Manifestaron, además, la falta de información sobre los destinos de los montos que se abonan por el ingreso de mercadería. Según afirmaron, esos dineros debían ser destinados al mantenimiento del mercado. Sin embargo, los vendedores denunciaron que nadie sabe qué pasó con esa cifra millonaria, que el municipio viene cobrando desde enero de 1999. “(Berarducci) debería mostrar madurez en sus juicios y no ser vocero de la gravidez ‘shoppingmaniática’ de quienes, al servicio de intereses foráneos, pretenden arrebatarnos nuestro patrimonio”, advirtieron.
Los vendedores cargaron contra el secretario de Gobierno del municipio, Walter Berarducci, al afirmar que este desconoce completamente la problemática que atraviesa el sector. El grupo acusa a Berarducci de ignorar que el ejecutivo municipal adeuda “una importante suma aportada al fondo de reserva” y la energía eléctrica que utilizan sus oficinas, y que es pagada por los puesteros.
El grupo se posicionó, además, en defensa del inmueble ya que, según dijeron, las autoridades municipales -encabezadas por el intendente, Domingo Amaya- pretenden cerrarlo. En 2003, según aseveraron, el intendente quiso dejar sin el servicio eléctrico al edificio y afirmó, tiempo después, que colapsaría si se producía un movimiento sísmico. Los puesteros aseguraron que el eventual derrumbe fue descartado por profesionales de la Universidad Nacional de Tucumán.
Manifestaron, además, la falta de información sobre los destinos de los montos que se abonan por el ingreso de mercadería. Según afirmaron, esos dineros debían ser destinados al mantenimiento del mercado. Sin embargo, los vendedores denunciaron que nadie sabe qué pasó con esa cifra millonaria, que el municipio viene cobrando desde enero de 1999. “(Berarducci) debería mostrar madurez en sus juicios y no ser vocero de la gravidez ‘shoppingmaniática’ de quienes, al servicio de intereses foráneos, pretenden arrebatarnos nuestro patrimonio”, advirtieron.







