El gobernador, José Alperovich, hizo hincapié ayer, en declaraciones a la prensa, en que sancionará con rigor a los empleadores que tengan trabajadores no registrados.
"Con el vicegobernador estamos sacando, la semana que viene, una ley que será muy dura para los empresarios. Consistirá en lo siguiente: por cada empleado en negro que yo encuentre, la multa será de, aproximadamente, $ 20.000. Si son 20 empleados en negro (la sanción será de), $ 400.000. Si las empresas no me corren a nadie y mantienen al empleado en blanco durante uno o dos años, hago caer la multa", afirmó, mientras supervisaba "soluciones habitacionales" en Yerba Buena.
Aunque se desconoce el contenido de la norma, fuentes legislativas anticipan que la disposición contendrá sanciones impositivas. Por ello, explican, el Gobierno no pudo apelar a la vía del decreto de necesidad y urgencia.
Manotazos
La semana próxima se definirá, también, si se trata el proyecto que declara el carácter alimentario del 20% del salario estatal que se pagará por adelantado, y en efectivo, en reemplazo de los tickets. La iniciativa del titular del bloque oficialista, Roque Tobías Alvarez, busca que no puedan aplicarse sobre esos dineros, que se depositarán en la cuenta sueldo de los empleados públicos, ni débitos ni embargos. Pero, de aprobarse, no llegarían a ponerlo en vigencia para que rija el viernes, cuando serán desembolsados.
Precisamente, desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), advirtieron que el adelanto no remunerativo sí será afectado. "El Banco del Tucumán nos va a manotear esa plata y no corresponde. Como tampoco pueden pretender disfrazar esa parte del salario real y neto como fondos alimentarios", repudió el dirigente Luis Arroyo.
Las medidas impositivas no pueden ser decretadas
La materia fiscal está expresamente excluida en el dictado de los decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) por el artículo 101 de la Constitución provincial.
En el inciso 2 se puntualiza que el PE no podrá, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Sin embargo, admite la sanción de los DNU, que deben ser ratificados por la Legislatura en un plazo de 20 días hábiles desde su recepción. El silencio equivale a ratificación tácita.
"Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de leyes, y no se trate de normas que regulen la materia tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos con acuerdo general de ministros", se establece. La prohibición respecto a los impuestos busca evitar un tratamiento diferencial arbitrario entre contribuyentes con un estado similar.
