Piqueteros fustigaron la gestión del PE

La Corriente Clasista y Combativa exige al Gobierno que mantenga la entrega de subsidios.

JUNTOS. Los dirigentes se unieron a la marcha en contra de la presión fiscal.  LA GACETA/ JUAN PABLO SANCHEZ NOLI
JUNTOS. Los dirigentes se unieron a la marcha en contra de la presión fiscal. LA GACETA/ JUAN PABLO SANCHEZ NOLI
Por Redacción Política 18 Enero 2008
A las puertas de la Dirección de Rentas, el referente de la Corriente Clasista y Combativa, Rubén Porta, desafió a los 300 movilizados a que le dijeran de quién era el edificio. "Ahora es de la Provincia, pero en seis meses será un shopping de José Alperovich, comprado mediante prestanombres, porque acá todo es un negocio para él y su familia", bramó ayer al mediodía, sumando la reivindicación del patrimonio histórico provincial a los reclamos por aumentos salariales, creación de empleo y subsidios.
Si bien el acceso principal por San Martín y Maipú permaneció cerrado y con custodia policial los 20 minutos que demandó el acto, la actividad en el interior fue normal. El público entraba y salía por la puerta lateral de San Martín 717.
El dirigente fue el orador de cierre de la marcha realizada por la Multisectorial y los Vecinos Autoconvocados contra el Impuestazo, que complicó la circulación por calle San Martín. El punto de encuentro fue la esquina de la Casa de Gobierno, donde se lanzaron fuertes críticas contra Alperovich y su gestión. "Todo lo que anuncia es una mentira. Hay más de 22.000 tucumanos que se fueron de la provincia porque no hay trabajo. Necesitamos 3.000 empleos ahora, no dentro de cuatro años", sostuvo Antonio Suárez (CCC).
El dirigente resaltó que no existe la división republicana de poderes en Tucumán, ya que el gobernador controla a los concejales ("reciben mucho más que los $ 500 que les tiraron públicamente, porque él compra a todos con el dinero de los impuestos", denunció), a los legisladores y a la Justicia.

Desobediencia civil
En la movilización se insistió sobre la convocatoria a una desobediencia civil a fin de no pagar el impuesto Inmobiliario, el CISI municipal ni la factura del agua potable durante el primer semestre. Se reivindicó esta medida como una vía legítima y legal para resistir los aumentos autorizados y en defensa de las economías personales, hasta lograr que se reviertan las subas.
"Los ciudadanos ponemos con el voto a quienes nos gobiernan y les damos el dinero para hacerlo mediante los impuestos, pero ellos se abusan. Hay que resistir", sostuvo Carlos Petersen.

Tamaño texto
Comentarios
Comentarios