El reparto de fondos para sueldos es inequitativo

Cuando se observan las cifras que el Poder Ejecutivo asignó a cada una de las 12 municipalidades del interior que suscribieron el paco social para que paguen sus planillas salariales, la primera impresión que surge es que el Gobierno ha seguido un criterio de equidad. En rigor, los municipios que mayor cantidad de habitantes tienen, y que por ende necesitan una mayor estructura administrativa para atender los requerimientos de sus vecinos, son los que más fondos recibieron, en cifras totales.
Concretamente, la populosa Banda del Río Salí, con sus casi 65.000 habitantes, recibirá prácticamente $ 23,5 millones (la cifra más elevada de las acordadas), mientras que al turístico Tafí del Valle, que tiene una población estable de algo más de 4.000 habitantes, le tocarán $ 9,5 millones (el importe más bajo de los pactados).
Sin embargo, cuando se analiza la relación entre la población de cada ciudad y el dinero que recibe su administración, se advierte que no es la equidad, sino todo lo contrario, lo que rige en materia de distribución de fondos estatales. Para el caso, Tafí del Valle recibe casi $ 2.400 por habitante para financiar su estructura de empleados públicos: es la proporción más elevada del interior. Correlativamente, Banda del Río Salí recibe apenas $ 364 por vecino para afrontar el costo que representa su cuerpo de agentes municipales.
Justamente, las municipalidades más pobladas se ven ciertamente perjudicadas en la distribución de los fondos públicos, cuando se compara la relación pesos / habitante que impera en las que menos vecinos deben atender.
Tanto es así que los cinco municipios más poblados del interior tucumano que suscribieron el pacto social (Banda del Río Salí, Yerba Buena, Tafí Viejo, Concepción y Alderetes) reciben alrededor de $ 400 por habitante para financiar su estructura de trabajadores públicos.
Fuentes oficiales de Casa de Gobierno admiten la situación y reconocen que no hay un criterio objetivo para la asignación de los recursos a las municipalidades, en lo referido a los sueldos. En ese sentido, explicaron que lo que el Ejecutivo debe hacer es, simplemente, cubrir los pagos de la planilla salarial. A cambio, las administraciones ceden a la Provincia el manejo de la coparticipación de impuestos que deberían recibir.
Desde el Ejecutivo, justamente, advierten que esta situación es de índole histórica y que enfrenta a los municipios que fueron más prolijos en la toma del personal con aquellos que cedieron a la empleomanía, y que son más caros para los vecinos.
Fuentes oficiales de la Legislatura, en tanto, recordaron que el Pacto Social fue dispuesto por el Poder Ejecutivo mediante un decreto de necesidad y urgencia. Ese instrumento sólo admite ser rechazado o aprobado, pero no puede ser modificado, razón por la cual -adujeron- fue aprobado sin modificaciones en el recinto.