El Gobierno es el mismo, pero el ritmo en el dictado de leyes es otro. Ha variado y la estadística determina que se incrementó. Durante los cuatro años del primer mandato de José Alperovich, la Legislatura sancionó 774 leyes, tal como lo informó el ex vicegobernador, Fernando Juri, en el balance de gestión que efectuó el 24 de octubre de 2007. Esa cifra arroja un promedio de 15 normas de cumplimiento obligatorio cada 30 días.
En contraste, del relevamiento del poco más de medio centenar de Boletines Oficiales publicados desde el 29 de octubre pasado, cuando comenzó el segundo período gubernamental, y el viernes pasado, se advierte que en esos 74 días fueron promulgadas 47 leyes. Esto equivale a un promedio de 19 leyes por mes.
Marcada tendencia
En el contexto la producción legisferante del segundo gobierno alperovichista se advierte una tendencia definida: el 36% de las leyes (es decir, 17 de las 47 publicadas) refiere a asuntos inmobiliarios.
Concretamente, seis de esas normas declaran de utilidad pública y sujetas a expropiación a 23 fracciones de terreno e inmuebles de San Miguel y del Interior. Son las leyes 7.940, 7942, 7.950, 7.982, 7.984 y 7.985.
Otras cinco disposiciones legislativas autorizan transferencias de propiedades del Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu) al Gobierno provincial, de parcelas del Ente Regulador del Servicio de Agua y Cloacas de Tucumán (Ersact) al Estado, y de tierras de la Provincia al Ipvdu. Son las numeradas como 7.941, 7.943, 7.949, 7.964 y 7.983.
Complementariamente, la ley 7.979 corrige a una ley anterior que expropia un terreno en la Quebrada de Lules, enmendando errores en la consignación de los límites. La 7.952, a su vez, autoriza al Gobierno a aplicar una reducción de hasta el 50% del incremento de las valuaciones fiscales de los inmuebles urbanos no baldíos. Por su parte, la ley 7.971 establece nuevos parámetros para realizar nuevas valuaciones inmobiliarias. Y la 7.955 autoriza la construcción de una nueva sede para el Poder Legislativo. Se levantará en la única fracción que está escriturada a nombre del Poder Legislativo, en la ochava noreste de la intersección de Muñecas con la avenida Sarmiento.
La decisión de darle ese uso a esa construcción, donde antes funcionó la Brigada de Investigaciones, es objetada por quienes defienden la preservación de los edificios centenarios de la Provincia. (Ver "Pendientes...")
Las dos normas referidas a cuestiones sobre tierras son las que modifican límites territoriales. La ley 7.947 amplió los límites del municipio de Yerba Buena, para solucionar problemas de jurisdicción de un barrio e incorporarlo a su ejido urbano. Paralelamente, la ley 7.944 modifica, en el departamento Tafí del Valle, los límites de la municipalidad homónima y de las comunas de El Mollar y Amaicha del Valle.
En contraste, del relevamiento del poco más de medio centenar de Boletines Oficiales publicados desde el 29 de octubre pasado, cuando comenzó el segundo período gubernamental, y el viernes pasado, se advierte que en esos 74 días fueron promulgadas 47 leyes. Esto equivale a un promedio de 19 leyes por mes.
Marcada tendencia
En el contexto la producción legisferante del segundo gobierno alperovichista se advierte una tendencia definida: el 36% de las leyes (es decir, 17 de las 47 publicadas) refiere a asuntos inmobiliarios.
Concretamente, seis de esas normas declaran de utilidad pública y sujetas a expropiación a 23 fracciones de terreno e inmuebles de San Miguel y del Interior. Son las leyes 7.940, 7942, 7.950, 7.982, 7.984 y 7.985.
Otras cinco disposiciones legislativas autorizan transferencias de propiedades del Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu) al Gobierno provincial, de parcelas del Ente Regulador del Servicio de Agua y Cloacas de Tucumán (Ersact) al Estado, y de tierras de la Provincia al Ipvdu. Son las numeradas como 7.941, 7.943, 7.949, 7.964 y 7.983.
Complementariamente, la ley 7.979 corrige a una ley anterior que expropia un terreno en la Quebrada de Lules, enmendando errores en la consignación de los límites. La 7.952, a su vez, autoriza al Gobierno a aplicar una reducción de hasta el 50% del incremento de las valuaciones fiscales de los inmuebles urbanos no baldíos. Por su parte, la ley 7.971 establece nuevos parámetros para realizar nuevas valuaciones inmobiliarias. Y la 7.955 autoriza la construcción de una nueva sede para el Poder Legislativo. Se levantará en la única fracción que está escriturada a nombre del Poder Legislativo, en la ochava noreste de la intersección de Muñecas con la avenida Sarmiento.
La decisión de darle ese uso a esa construcción, donde antes funcionó la Brigada de Investigaciones, es objetada por quienes defienden la preservación de los edificios centenarios de la Provincia. (Ver "Pendientes...")
Las dos normas referidas a cuestiones sobre tierras son las que modifican límites territoriales. La ley 7.947 amplió los límites del municipio de Yerba Buena, para solucionar problemas de jurisdicción de un barrio e incorporarlo a su ejido urbano. Paralelamente, la ley 7.944 modifica, en el departamento Tafí del Valle, los límites de la municipalidad homónima y de las comunas de El Mollar y Amaicha del Valle.







