En pocas palabras

La primaria completa alcanza
Con sólo 21 años de edad y los estudios primarios completos, un habitante de una delegación rural puede acceder al cargo de comisionado.Los requisitos se fijaron el 26 de enero de 2004, durante la primera gestión del gobernador, José Alperovich, por la Ley 7.350. Antes, no era obligatorio haber completado el nivel primario de escolaridad. Es decir que incluso los no alfabetizados, podían investir el cargo de comisionado rural. Claro que, cuanto mayor sea el grado de escolarización que posean, mayor la remuneración que recibirán ya que tienen derecho a la asignación por título y escalafón. A partir de la reforma de la Constitución, de febrero de 2006, los delegados pueden ser reelectos por un período.

Pueden cobrar, salvo excepciones
Desde este año, Rentas de la Provincia recaudará los tributos de las comunas, lo que restringirá el ingreso de dinero a la arcas de esas delegaciones. La intrusión de Rentas en esta función está prescripta en el capítulo III de la Ley 7.350 (atribuciones y deberes de los comisionados), donde se expresa que los delegados pueden "recaudar los tributos que fije la ley y percibir las multas que imponga (...) salvo en aquellos supuestos que dicha atribución haya sido delegada en otras reparticiones". Además, los comisionados carecen de la atribución de crear tasas de ninguna especie. Así lo prescribe el inciso 3º del artículo 132º de la Constitución provincial, en su sección VII, que versa sobre el régimen municipal.

Cuatro delegaciones intervenidas
En la actualidad, cuatro de las 93 comunas rurales se encuentran intervenidas: Medinas, Monte Bello, Esquina y Mancopa y Taco Ralo. La intervención de las dos primeras se debe a que se detectaron irregularidades con cheques sin fondos; en las restantes, hay cuestiones electorales irresueltas. Para que una comuna sea intervenida, la Legislatura debe sancionar una ley, aprobada por mayoría absoluta. Ante determinadas situaciones, el impulso legal puede surgir de un Decreto de Necesidad y Urgencia del PE. Según la Ley 7.350, la intervención sobreviene cuando se pone en peligro el orden institucional, cuando los delegados dejan de cumplir con sus obligaciones o cuando se ve alterada su relación con la comunidad.