El PE los obligó a delegar la recaudación

Los comisionados rurales no tuvieron ni voz ni voto cuando se decidió que Rentas de la Provincia recaude los tributos en las comunas rurales. Al menos los intendentes recibieron un convite, que podían rechazar. Es el caso de los intendentes de la capital, Domingo Amaya (PJ), de Lules, César Dip (PJ), de Tafí Viejo, Javier Pucharras (PJ), de Concepción, Osvaldo Morelli (Participación Cívica) y de Simoca, Luis González (UCR), que decidieron que sus respectivas ciudades continúen ejecutando el cobro de los tributos.A partir de la ley presentada por el vicegobernador, Juan Manzur, el viernes 7 de diciembre, sancionada y promulgada por el legislador Regino Amado -a cargo del PE- aquella misma tarde, no se tuvo en cuenta la voluntad de quienes rigen los destinos de los habitantes de las 93 delegaciones rurales de Tucumán. La norma impone que Rentas cobre en las comunas, pero libera a la decisión de cada uno de los 19 intendentes si el organismo lo hará en las ciudades.Excusas o motivosEn aquella sesión, el oficialismo justificó la transferencia del cobro de los tributos comunales a Rentas en los escandalosos niveles de morosidad que presentan esas localidades. Sin embargo, los intendentes que adhirieron a esta ley, admitieron que lo hacían, precisamente, por el elevado porcentaje de morosos que hay en sus ciudades. Es el caso del intendente de Bella Vista, Luis Espeche, que reconoció que en esa ciudad tributa menos del 10% de los habitantes, y de Juan Enrique Orellana, jefe municipal de Famaillá, cuyo nivel de morosidad alcanza el 83%.El dato obliga a repensar el motivo por el cual se impone el cobro en las comunas. Pero devela que, en los hechos, las delegaciones rurales tienen la voz y el voto vedados.