El viernes 13 de enero de 2006, la presidenta de la sala VI de la Cámara Penal, Alicia Freidenberg, fue destituida de su cargo por el Tribunal de la Legislatura. Dos años después de esa decisión, el episodio aún no está cerrado. La ex magistrada espera una resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre su pedido de reposición en la función jurisdiccional, por considerar que no se respetaron principios constitucionales en el proceso parlamentario.
La penalista fue encontrada culpable de negligencia en el ejercicio de las funciones a su cargo, por haber autorizado numerosas salidas del penal del reo Alberto Tolosa, condenado a prisión perpetua por el asesinato del remisero Luis Cisterna. El homicida se fugó aprovechando uno de esos permisos, lo que generó un escándalo público. Fue recapturado por la Policía tras la sanción a la magistrada.
Freidenberg accionó originalmente en la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, pero su planteo fue rechazado. Luego se dirigió en queja a la Nación, y logró un pronunciamiento favorable de la Procuración General de la Nación. El último paso de su expediente fue por el despacho del presidente del máximo tribunal del país, Ricardo Luis Lorenzetti, de donde salió el 14 de diciembre pasado. Antes lo estudiaron otros cuatro vocales del cuerpo: Enrique Petracchi, Carlos Fayt, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda.
Nuevo sistema
Este fue el último juicio político sustanciado en la Legislatura contra un magistrado inferior. A partir de la reforma constitucional, el Tribunal sólo actuará contra los miembros de la Corte y los funcionarios del Poder Ejecutivo. En causas contra el resto de los integrantes del Poder Judicial intervendrá el Jurado de Enjuiciamiento (todavía en formación), conformado por cinco legisladores (todos son del oficialismo); un representante del PE; un miembro de la Corte y un abogado, que deberá ser elegido por sus pares antes del 28 de febrero.
El caso fue abordado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en su informe 2007, en el capítulo sobre las crisis en las Justicias provinciales. Bajo el título "Tucumán: una destitución por razones políticas", el organismo nacional denunció: "las autoridades políticas resolvieron destituir a una magistrada en forma irregular, basándose en un discurso de mano dura frente a la inseguridad". En el documento se recordó que la decisión fue criticada por la Federación Argentina de la Magistratura porque se violó el debido proceso y la defensa en juicio, y que está pendiente la definición de la Corte de la Nación.
"La independencia judicial es débil y, con ella, la posibilidad de que el Poder Judicial controle a los otros poderes y garantice los derechos humanos", puntualizó la ONG con sede en Buenos Aires.
Estas consideraciones fueron rechazadas por el legislador Carlos Canevaro, quien era el secretario de la comisión parlamentaria de Juicio Político en 2006. Sin embargo, admitió que, de haber existido una escala de castigos, no se habría llegado a la destitución (ver "Oportunidad ...").
"En este caso, por un lado, estaba una camarista de un gran prestigio académico incluso nacional, pero que incurrió en una interpretación excesiva y progresivamente relajada de la ley que permitió las salidas de Tolosa del penal hasta su fuga. Del otro lado se ubicó una madre del dolor, Olga Cisterna, luchadora infatigable en la búsqueda de la Justicia. Aquel proceso se inició porque la Constitución provincial prevé procedimientos de control entre los diversos estamentos del Estado. Nos transformamos en jueces legos, con la enorme misión de resguardar el buen funcionamiento de los poderes públicos. La Cámara estaba en el ojo del huracán, y la sociedad miraba expectante el proceder de sus representantes, quienes trabajamos sustancialmente en recobrar el prestigio perdido", admitió.
El conductor de Unión Norte Grande remarcó que la Legislatura sólo pretendió enviar un mensaje claro a la sociedad en cuanto a su compromiso por velar por la integridad de la Justicia. Agregó que hoy resolvería del mismo modo en que lo hizo antes.
La penalista fue encontrada culpable de negligencia en el ejercicio de las funciones a su cargo, por haber autorizado numerosas salidas del penal del reo Alberto Tolosa, condenado a prisión perpetua por el asesinato del remisero Luis Cisterna. El homicida se fugó aprovechando uno de esos permisos, lo que generó un escándalo público. Fue recapturado por la Policía tras la sanción a la magistrada.
Freidenberg accionó originalmente en la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, pero su planteo fue rechazado. Luego se dirigió en queja a la Nación, y logró un pronunciamiento favorable de la Procuración General de la Nación. El último paso de su expediente fue por el despacho del presidente del máximo tribunal del país, Ricardo Luis Lorenzetti, de donde salió el 14 de diciembre pasado. Antes lo estudiaron otros cuatro vocales del cuerpo: Enrique Petracchi, Carlos Fayt, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda.
Nuevo sistema
Este fue el último juicio político sustanciado en la Legislatura contra un magistrado inferior. A partir de la reforma constitucional, el Tribunal sólo actuará contra los miembros de la Corte y los funcionarios del Poder Ejecutivo. En causas contra el resto de los integrantes del Poder Judicial intervendrá el Jurado de Enjuiciamiento (todavía en formación), conformado por cinco legisladores (todos son del oficialismo); un representante del PE; un miembro de la Corte y un abogado, que deberá ser elegido por sus pares antes del 28 de febrero.
El caso fue abordado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en su informe 2007, en el capítulo sobre las crisis en las Justicias provinciales. Bajo el título "Tucumán: una destitución por razones políticas", el organismo nacional denunció: "las autoridades políticas resolvieron destituir a una magistrada en forma irregular, basándose en un discurso de mano dura frente a la inseguridad". En el documento se recordó que la decisión fue criticada por la Federación Argentina de la Magistratura porque se violó el debido proceso y la defensa en juicio, y que está pendiente la definición de la Corte de la Nación.
"La independencia judicial es débil y, con ella, la posibilidad de que el Poder Judicial controle a los otros poderes y garantice los derechos humanos", puntualizó la ONG con sede en Buenos Aires.
Estas consideraciones fueron rechazadas por el legislador Carlos Canevaro, quien era el secretario de la comisión parlamentaria de Juicio Político en 2006. Sin embargo, admitió que, de haber existido una escala de castigos, no se habría llegado a la destitución (ver "Oportunidad ...").
"En este caso, por un lado, estaba una camarista de un gran prestigio académico incluso nacional, pero que incurrió en una interpretación excesiva y progresivamente relajada de la ley que permitió las salidas de Tolosa del penal hasta su fuga. Del otro lado se ubicó una madre del dolor, Olga Cisterna, luchadora infatigable en la búsqueda de la Justicia. Aquel proceso se inició porque la Constitución provincial prevé procedimientos de control entre los diversos estamentos del Estado. Nos transformamos en jueces legos, con la enorme misión de resguardar el buen funcionamiento de los poderes públicos. La Cámara estaba en el ojo del huracán, y la sociedad miraba expectante el proceder de sus representantes, quienes trabajamos sustancialmente en recobrar el prestigio perdido", admitió.
El conductor de Unión Norte Grande remarcó que la Legislatura sólo pretendió enviar un mensaje claro a la sociedad en cuanto a su compromiso por velar por la integridad de la Justicia. Agregó que hoy resolvería del mismo modo en que lo hizo antes.







