El trabajador en negro no puede acceder a una vivienda del Estado

Mientras que unos 2.000 adjudicatarios de viviendas del Estado (el 20% de los beneficiarios) decidió vender sus casas de manera irregular, hay otros 57.000 tucumanos que esperan por un techo, a través de los programas habitacionales. Esos datos, que dio a conocer a LA GACETA el coordinador de Política Habitacional, Miguel Jiménez Augier, revelan la dura realidad en la que algunos hacen "negocios a costa del Estado" y otros siguen marginados a la espera de concretar el sueño de la casa propia.
El Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu) tiene registrados a 57.000 tucumanos que ansían obtener una casa o una mejora en sus precarias viviendas. Pero hay otra franja más amplia todavía que ni siquiera se inscribió en los programas del Estado, porque no reúne los mínimos requisitos (ingresos y situación familiar, entre otros) que se exigen por ley para tal fin.
A modo de ejemplo, sirve el emprendimiento denominado "Lomas de Tafí". Al abrirse el período de inscripción, que fue gratuito, se anotaron 12.000 personas, pero sólo habrá lugar para 4.000 futuros beneficiarios.
En forma paralela, el Gobierno efectuó un relevamiento en los sectores de menores recursos para concretar los llamados "Mejoramientos Habitacionales", que sólo incluyen la construcción de un módulo (una habitación o un baño) con un total de 30.000 personas que anhelan concretar una mejora en su calidad de vida.
Peor aún es el caso de aquellos tucumanos que trabajan en negro y que no pueden ingresar al sistema. Jiménez Augier explicó que -en su mayoría- se trata de matrimonios jóvenes con uno o dos hijos, en los que el jefe de familia no posee un trabajo remunerado. Es decir, que cobra en negro y no tiene obra social. "No están dentro de lo que se denomina clase media, pero tampoco residen en una villa de emergencia", señaló. En la esfera gubernamental calculan que en esta franja de ciudadanos hay, al menos, 15.000 personas que necesitan una vivienda, pero -por su condición de empleados en negro- no podrán acceder a los planes habitacionales del Ipvdu. El funcionario remarcó que el Gobierno efectuó ese relevamiento con la idea de proyectar un programa especial que permita incluirlos en el sistema en un futuro cercano.
A su vez, entre quienes ya poseen una vivienda hay un amplio sector que no paga las cuotas, que rondan entre los $ 50 (en el interior) y los $ 120 (en el Gran San Miguel), según la zona donde residen. "La recaudación es del 82%. Hemos mejorado, porque en 2003 era de apenas el 24%", precisó.