El Gobierno mantiene la presentación de DNU

El Poder Ejecutivo emitió 10 Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) entre noviembre y diciembre de 2007, en el comienzo del nuevo mandato. Las normas se vinculan con la actividad en las comunas rurales y con el manejo de las finanzas públicas.
En los últimos dos meses de 2003, al inicio de la primera gestión de José Alperovich al frente del Poder Ejecutivo, se dictaron 11 DNU, apenas uno más que ahora. La cifra creció a 16 DNU en 2004 y otros tantos en 2005; a 23 en 2006 y a 27 hasta octubre de 2007.
Con las normas conocidas ahora, aunque firmadas entre el 19 y el 21 de diciembre pasado, se mantiene el ritmo desarrollado en el período de Gobierno anterior, pese a que el secretario General de la Gobernación, Ramiro González Navarro, había asegurado que la decisión del mandatario, en la nueva gestión, era la de emitir menos DNU y apostar más a los proyectos de ley impulsados desde la Casa de Gobierno, potenciando la figura del vicegobernador Juan Manzur como firmante de estos proyectos (ver "Alperovich firmó...", en la edición del 28 de noviembre, en LA GACETA On line).
Por tres DNU se dispusieron las intervenciones por acefalía de las comunas rurales de Esquina y Mancopa (el electorado fue convocado a votar nuevamente el 18 de mayo, para elegir comisionado); Taco Ralo (aún no se cerró la instancia judicial sobre el resultado de los comicios de agosto pasado); Santa Rosa y León Rougés (ya se normalizó la situación con la asunción de Mario Felipe Moreno); Medinas y Monte Bello (en estas dos últimas se detectaron irregularidades administrativas y el rechazo de cheques sin fondos).
La obligación de las comunas de presentar balances trimestrales motivó dos normas más del PE. En una se determinó que el incumplimiento reiterado en tres oportunidades era causal de intervención, y en otra (todavía en trámite de ratificación), que además es falta grave de los comisionados. Por aparte, el Gobierno quiere poder retener y descontar deudas públicas de la recaudación del impuesto inmobiliario comunal, que cobrará la Dirección General de Rentas. Una ley había dispuesto la remisión inmediata y sin deducciones de lo que se perciba.
Otras disposiciones firmadas por Alperovich fueron la autorización al Instituto Provincial de la Vivienda y a la Secretaría de Obras Públicas a suscribir una operatoria crediticia con el Banco Tucumán, para favorecer a los contratistas del Estado; la habilitación al PE para otorgar anticipos financieros o préstamos reintegrables a los entes autárquicos; la ampliación de la emisión de títulos públicos hasta U$S 70 millones y la creación de una línea de créditos en la Caja Popular para que los magistrados puedan jubilarse con el 82% móvil. La exigencia de la Nación es que los jueces cancelen la diferencia de aportes entre lo que venían cubriendo (el 7% en caso de AFJP) y lo que corresponde (12%).