El vicegobernador, Juan Manzur, en ejercicio del Poder Ejecutivo, dispuso el veto parcial a un proyecto de ley sancionado por la Legislatura el 20 de diciembre.
La iniciativa pretendía sustituir el artículo 30 de la Ley 6.059. Esta ley, entre otras cuestiones, reglamenta el funcionamiento de la Caja de Previsión y Seguridad Social de Abogados y Procuradores de Tucumán, y fue promulgada durante el gobierno de José Domato, cuando aún regía un sistema bicameral en Tucumán.
En los considerandos del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) por el que se opone el veto, se expresa que el texto por el cual se modificaba entraba en contradicciones con normativas nacionales vigentes. Ocurre que el proyecto estipulaba la actualización de ingresos mencionados en el artículo 27 de la Ley 6.059, mientras que en el artículo 7 de la ley nacional 23.928 establece que en ningún caso se admitirá la actualización monetaria con posterioridad al 1 de abril de 1991.
El vicegobernador, empero, promulgó el resto del proyecto, que no presentaba motivo de conflicto con otras normativas vigentes, y dispuso que el Registro Oficial de Leyes y Decretos asigne el número a la nueva ley.
La iniciativa pretendía sustituir el artículo 30 de la Ley 6.059. Esta ley, entre otras cuestiones, reglamenta el funcionamiento de la Caja de Previsión y Seguridad Social de Abogados y Procuradores de Tucumán, y fue promulgada durante el gobierno de José Domato, cuando aún regía un sistema bicameral en Tucumán.
En los considerandos del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) por el que se opone el veto, se expresa que el texto por el cual se modificaba entraba en contradicciones con normativas nacionales vigentes. Ocurre que el proyecto estipulaba la actualización de ingresos mencionados en el artículo 27 de la Ley 6.059, mientras que en el artículo 7 de la ley nacional 23.928 establece que en ningún caso se admitirá la actualización monetaria con posterioridad al 1 de abril de 1991.
El vicegobernador, empero, promulgó el resto del proyecto, que no presentaba motivo de conflicto con otras normativas vigentes, y dispuso que el Registro Oficial de Leyes y Decretos asigne el número a la nueva ley.








