Ediles aprobaron un cúmulo de normas en beneficio de Amaya

Así como la Legislatura le concedió al Gobierno un paquete de leyes que le darán cierta tranquilidad al gobernador José Alperovich, ayer los ediles oficialistas aprobaron también un cúmulo de ordenanzas para el intendente de la capital, Domingo Amaya.
En la sesión, que comenzó a las 9.40 y se extendió hasta las 16, los concejales aprobaron varias normas que establecen la adhesión del municipio a las leyes que ya había sancionado la Legislatura en la última sesión del año. En esa lista figuran, el Pacto Social entre la Provincia y la Municipalidad, la prórroga de la declaración de la emergencia económica y financiera hasta diciembre de 2009, la posibilidad de que la intendencia solicite ayuda financiera para atender desequilibrios de caja y la autorización a efectuar compra directa de insumos (elude las licitaciones) para programas sociales por un monto de hasta $ 120.000.
Estas tres ordenanzas sancionadas ayer, fueron cuestionadas por el republicano Claudio Viña. Resaltó que a pesar de la súper gestión que dicen haber hecho (en referencia al oficialismo) en cuatro años, continúan con las mismas herramientas que se utilizan en épocas de crisis. "Son herramientas que impiden a los municipios desempeñarse en forma autónoma cercenando su disponibilidad de recursos. Esto es como si un niño que no aprende a caminar, en vez de proveerle las herramientas para que camine se le dice no camine más o no intente más: venga que yo lo llevo de la mano", ejemplificó.
José Costanzo (Partido Federal) también firmó los dictámenes de minoría por el rechazo de esas ordenanzas. José Luis Avignone (UCR), en tanto, criticó la prórroga de la emergencia económica.
Uno de los puntos en los que el oficialismo decidió plantar bandera está relacionado con la eliminación de un artículo que el intendente Amaya había incorporado en el proyecto oficial. En este caso, estaba referido a la posibilidad de aumentar las partidas presupuestarias y de exceptuar las disposiciones de la ordenanza de contabilidad.
Además, el oficialismo estableció la prohibición de todo régimen o sistema de cobro de tributos por obras de pavimento y cordón cuneta en toda la ciudad. De ese modo, se puso fin a la pretensión del intendente Amaya de cobrar una tasa a los vecinos de Villa Luján que ya habían sido intimados a pagar entre $ 4.320 y $ 52.000.
En este sentido, los ediles exhortaron al jefe municipal a dejar sin efecto el decreto en el que se fijó el cobro del tributo por obras de pavimento y, además, se aprobó una ordenanza que condona las deudas de los 147 vecinos que ya habían sido notificados.