Antonio Domingo Bussi y Luciano Benjamín Menéndez están más cerca de sentarse frente a un tribunal en el banquillo de los acusados en 2008. Es que el juez federal subrogante Daniel Bejas decidió elevar a juicio oral la causa por la desaparición del ex senador provincial peronista Guillermo Vargas Aignasse. Las audiencias deberán realizarse en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán, que integran Carlos Jiménez Montilla, Gabriel Casas y Alicia Noli (subrogante).
El magistrado declaró clausurada la investigación y consideró acreditado, con semiplena prueba, que los generales retirados fueron presuntos autores mediatos de los hechos de violación de domicilio; aplicación de tormentos reiterados; homicidio calificado; privación ilegítima de la libertad agravada y asociación ilícita, constituyendo delitos de lesa humanidad y genocidio.
Para llegar a su pronunciamiento, el juez federal subrogante rechazó planteos del defensor de los militares detenidos, Horacio Conesa Mones Ruiz, quien se opuso al cierre de la etapa de instrucción porque consideró que faltaba diligenciar pruebas que había ofrecido.
Mones Ruiz dijo que promoverá un incidente de nulidad contra la sentencia, porque no se tuvieron en cuenta elementos aportados por la defensa. “El fallo cedió a la tentación del circo romano”, dijo. Adelantó que hará su planteo en febrero.
“Los acusados, en sus declaraciones indagatorias, negaron categóricamente todas y cada una de las incriminaciones, sin que se hayan colectado pruebas directas, aptas e idóneas para demostrar lo contrario. Por otro lado, es en el juicio propiamente dicho donde se deben ofrecer y eventualmente producir las pruebas que se estimen pertinentes”, remarcó Bejas.
“Los imputados gozaron del estado jurídico de inocencia pues disfrutaron de la presunción de inculpabilidad, principio que nunca fue violado en el proceso”, agregó.
En el mismo sentido, recordó que las apelaciones y recursos de la defensa en curso ante instancias superiores (incluso en la Corte Suprema de Justicia) no tienen efecto suspensivo, lo que permite descartar toda traba al paso siguiente del proceso penal.
Bejas compartió las conclusiones del fiscal federal Emilio Ferrer sobre lo ocurrido tras el golpe de Estado de 1976. El 24 de marzo de ese año, Vargas Aignasse fue detenido en su domicilio por encapuchados armados, y trasladado a la entonces Brigada de Investigaciones de la Policía, y luego al penal de Villa Urquiza. En esos sitios sufrió torturas y tratos crueles e inhumanos. El 6 de abril, su esposa, Marta Cárdenas, fue informada por efectivos del Ejército de que el legislador había sido secuestrado supuestamente por un grupo de desconocidos mientras era trasladado para ser liberado, lo que fue calificado como una parodia por el fiscal actuante.
Los militares retirados tienen el beneficio de la prisión domiciliaria. Bussi cumple con el arresto desde octubre de 2003, esto le impidió asumir como intendente electo de la capital, y está alojado en una propiedad de su hijo, el legislador Ricardo Bussi, en el Yerba Buena Golf Country Club. Menéndez, en tanto, está en su casa del barrio Bajo Palermo de Córdoba, desde donde enfrenta procesos judiciales.
El magistrado declaró clausurada la investigación y consideró acreditado, con semiplena prueba, que los generales retirados fueron presuntos autores mediatos de los hechos de violación de domicilio; aplicación de tormentos reiterados; homicidio calificado; privación ilegítima de la libertad agravada y asociación ilícita, constituyendo delitos de lesa humanidad y genocidio.
Para llegar a su pronunciamiento, el juez federal subrogante rechazó planteos del defensor de los militares detenidos, Horacio Conesa Mones Ruiz, quien se opuso al cierre de la etapa de instrucción porque consideró que faltaba diligenciar pruebas que había ofrecido.
Mones Ruiz dijo que promoverá un incidente de nulidad contra la sentencia, porque no se tuvieron en cuenta elementos aportados por la defensa. “El fallo cedió a la tentación del circo romano”, dijo. Adelantó que hará su planteo en febrero.
“Los acusados, en sus declaraciones indagatorias, negaron categóricamente todas y cada una de las incriminaciones, sin que se hayan colectado pruebas directas, aptas e idóneas para demostrar lo contrario. Por otro lado, es en el juicio propiamente dicho donde se deben ofrecer y eventualmente producir las pruebas que se estimen pertinentes”, remarcó Bejas.
“Los imputados gozaron del estado jurídico de inocencia pues disfrutaron de la presunción de inculpabilidad, principio que nunca fue violado en el proceso”, agregó.
En el mismo sentido, recordó que las apelaciones y recursos de la defensa en curso ante instancias superiores (incluso en la Corte Suprema de Justicia) no tienen efecto suspensivo, lo que permite descartar toda traba al paso siguiente del proceso penal.
Bejas compartió las conclusiones del fiscal federal Emilio Ferrer sobre lo ocurrido tras el golpe de Estado de 1976. El 24 de marzo de ese año, Vargas Aignasse fue detenido en su domicilio por encapuchados armados, y trasladado a la entonces Brigada de Investigaciones de la Policía, y luego al penal de Villa Urquiza. En esos sitios sufrió torturas y tratos crueles e inhumanos. El 6 de abril, su esposa, Marta Cárdenas, fue informada por efectivos del Ejército de que el legislador había sido secuestrado supuestamente por un grupo de desconocidos mientras era trasladado para ser liberado, lo que fue calificado como una parodia por el fiscal actuante.
Los militares retirados tienen el beneficio de la prisión domiciliaria. Bussi cumple con el arresto desde octubre de 2003, esto le impidió asumir como intendente electo de la capital, y está alojado en una propiedad de su hijo, el legislador Ricardo Bussi, en el Yerba Buena Golf Country Club. Menéndez, en tanto, está en su casa del barrio Bajo Palermo de Córdoba, desde donde enfrenta procesos judiciales.
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