La causa de los abogados contra la reforma seguirá sin sentencia

La ilusión de que la Justicia emita este año una sentencia en la causa que promueve el Colegio de Abogados contra la reforma de la Constitución provincial se esfumó. El expediente está todavía en estudio del presidente de la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, Rodolfo Novillo, y luego debe pasar a manos del vocal de ese tribunal, Carlos Giovanniello.
Entre ambos deben compatibilizar criterios para una firma conjunta del fallo; si hay disidencia de criterios (como ya ocurrió en otra etapa del proceso), interviene un tercer magistrado de otra sala, que define el pronunciamiento judicial.
Según fuentes tribunalicias, es imposible que se firme sentencia sobre este tema en las horas hábiles que restan para que empiece la feria de enero. Ocurre que la relación entre Novillo y Giovanniello fue siempre compleja. Ahora, ellos buscarían alcanzar un consenso pleno para evitar la intervención de un tercero. Pero este acuerdo se vió dificultado en las últimas semanas. Novillo definirá primero su posición en el proceso.
La causa en debate es la más avanzada de la media docena de presentaciones contra la nueva Carta Magna. En el juicio del colegio están cuestionados el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM); el Jurado de Enjuiciamiento (JE); el procedimiento de Juicio Político y el régimen de enmiendas constitucionales a través de la Legislatura. En particular, los letrados denunciaron que se amenaza la independencia de la Justicia y que en lo decidido por la Convención Constituyente en estos asuntos no se respeta la ley que habilitó la reforma.
La situación del CAM genera tensión entre los poderes del Estado, ya que no puede concretarse la integración dispuesta en el decreto 1.840 del Poder Ejecutivo por orden judicial. Hasta tanto esta situación no se destrabe, no se pueden cubrir la docena de vacantes judiciales actuales ni las que se produzcan por el régimen especial de jubilaciones con el 82% móvil. En la norma objetada se dispuso que el CAM debía integrarse con el Ministro de Gobierno, el Fiscal de Estado, el Secretario General de la Gobernación, un legislador, un representante de la Corte y un abogado.
Ahora, a partir de la sanción de las leyes que reglamentan y disponen el modo de integración del JE votadas la semana pasada por la Legislatura, el Colegio de Abogados podría ampliar su presentación judicial y solicitar una nueva medida de no innovar en este punto. De ser concedida (podría ser tratado como asunto de feria), se paralizaría la elección del representante de los letrados para ese cuerpo, que debía concretarse hasta el 28 de febrero, mediante una convocatoria del Gobierno.

Presiones políticas
Hace un mes, el gobernador José Alperovich afirmó que los magistrados iban a fallar a favor del Colegio de Abogados. Luego, el pasado 10, el fiscal de Estado, Francisco Sassi Colombres, presentó un pedido de pronto despacho para forzar el dictado de la sentencia. Desde entonces corre el plazo de 15 días hábiles fijado en el Código Procesal Civil y Comercial de Tucumán, que vence el 5 de febrero.
La semana pasada los legisladores determinaron que la tardanza injustificada en el dictado de un fallo constituye falta de cumplimiento de los deberes a su cargo. Expresamente se señaló que la cantidad de trabajo no puede servir de excusa. Hasta ahora, ese retardo debía ser "reiterado", condición que fue suprimida, por lo cual basta con un solo caso. Así quedó plasmado en la reglamentación del procedimiento para destituir magistrados, lo que conlleva una nueva presión para que se resuelva esta causa.