Los abogados quieren bloquear una ley que tildan de escandalosa

El jueves, la Legislatura eligió a los cinco miembros que, durante los próximos dos años, la representarán en el Jurado de Enjuiciamiento, que, según la nueva Constitución, será el encargado de juzgar a los jueces inferiores (no a los vocales de la Corte Suprema de Justicia ni al ministro fiscal) cuando medie una supuesta causal de destitución. En la misma oportunidad, por medio de una ley, el cuerpo fijó que hasta el 28 de febrero los abogados deberán seleccionar (mediante elecciones) quién será su voz en dicho Jurado. Asimismo, a través de sendas resoluciones, la Cámara resolvió dirigirse al Poder Ejecutivo y a la Corte Suprema, para que designen a un representante en cada caso ante dicho órgano.
Lo dispuesto por la Legislatura no cayó nada bien a las autoridades del Colegio de Abogados. Esta institución, precisamente, cuestionó judicialmente las disposiciones de la nueva Constitución referidas a la integración de los órganos encargados de la selección y remoción de los jueces. La sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo tiene plazo hasta el 5 de febrero para pronunciarse, oportunidad en la que vencen los 15 días hábiles que concede el Código Procesal Civil y Comercial de Tucumán (para fallar) a partir de un pedido de pronto despacho, como el que interpuso el fiscal de Estado, Francisco Sassi Colombres (representa a la provincia, la parte demandada), el 10 del corriente.
De acuerdo con la ley sancionada por la Legislatura, que posse sólo dos artículos, el Poder Ejecutivo tendrá que convocar a todos los abogados matriculados y habilitados para el ejercicio profesional para que antes del 28 de febrero procedan a elegir un representante titular (y uno suplente) ante el Jurado de Enjuiciamiento. Esto ordena el artículo 127, inciso 4, de la Carta Magna sancionada el año pasado, que soslayó a los dos Colegios de Abogados que funcionan en la provincia (el de esta capital y el del Sur), pese a que a ellos se les delegó el control de la matrícula de los letrados.
El segundo artículo de la norma ordena: "la Junta Electoral deberá confeccionar el padrón de abogados habilitados para la elección". Asimismo, la Legislatura le encomendó a dicho órgano provincial el control de los comicios y la proclamación de los electos.

Acciones judiciales
Frente a la decisión adoptada por los legisladores, el Colegio de Abogados de esta capital, que preside Antonio Bustamante, se declaró en estado de sesión permanente. "Hemos pedido copia de esta ley sancionada con el fin de articular las acciones judiciales necesarias para bloquear su vigencia, porque constituye un verdadero escándalo jurídico", manifestó el letrado a LA GACETA.
El dirigente insistió en su postura. "Tanto los legisladores como la sociedad saben, porque es de público conocimiento, que existe una orden judicial (dictada por la sala II) que impide el funcionamiento del Consejo Asesor de la Magistratura integrado por el Poder Ejecutivo, en el marco de la causa en la que también cuestionamos el diseño del Jurado de Enjuiciamiento. Todo esto está pendiente de una resolución judicial. ¿Qué ocurriría, entonces, con esta ley si el fallo declarara la nulidad de las disposiciones de la Constitución referidas a estos institutos fundamentales? Esto es una prueba de que pretenden avanzar a partir de la política de los hechos consumados", advirtió Bustamante.
La nueva Carta Magna vedó expresamente la posibilidad de que los dirigentes de los colegios que agrupan a los letrados integren el Jurado de Enjuiciamiento. El artículo 126, textualmente, prohíbe que participen de este a "quienes formen parte de los órganos de las entidades profesionales en las que se hubiese delegado el control de la matrícula de los abogados".