Por Redacción Política
23 Diciembre 2007
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Cada año, durante las vísperas de Navidad, Silvina Centeno revive la tristeza por la muerte de su esposo, Luis Alberto Fernández, quien recibió un balazo en la cabeza durante los saqueos del 21 de diciembre de 2001. Su hija, Yuliana Fernández, no termina de comprender la ausencia de su papá; tenía apenas cuatro años cuando ocurrió la tragedia. Pero el dolor por la pérdida irremediable se tiñe también de un sentimiento de impotencia, que crece ante la impunidad y ante una Justicia que (según siente) no vela por los más desamparados. Ella no recibió condolencias ni ningún tipo de resarcimiento por parte del Estado. Mucho menos el esclarecimiento del crimen, ni un juicio con sentencia.
“Hubo muchos casos como éste, pero el único que quedó impune fue el de mi marido”, se lamentó Silvina en diálogo con LA GACETA.
Fernández tenía un puesto de venta de sandías frente a un hipermercado de avenida Roca al 3.400. En el momento en que el joven aguardaba en la fila para recibir la mercadería prometida por los responsables del supermercado, según su familia y algunos testigos, un gendarme -que aún no fue identificado- le disparó en la cabeza. Fernández, de 26 años, falleció al día siguiente.
En aquel momento, el entonces ministro de Gobierno, Antonio Guerrero, había señalado que la víctima tenía antecedentes delictivos. En cambio, Silvina negó esas acusaciones: “A un ser humano no se le puede quitar la vida porque sí”, remarcó. “No quiero nada para mí, pero sí para mi hija, para que pueda estudiar”, agregó. Gustavo Morales, abogado de Centeno, explicó que todo se trató de un caso más de gatillo fácil.
Sin resarcimiento
Fueron apenas tres horas que cambiaron su vida para siempre. Ana de Rodríguez, propietaria de un mercado que estaba ubicado en avenida Independencia al 300, de Banda del Río Salí, no sólo perdió su negocio sino que también sufrió la desintegración de su familia. “Nos quedamos sin nada y mis hijas se fueron a trabajar a otras provincias”, explicó.
Con bronca, la mujer remarcó que el Estado nunca respondió al daño causado. “Cada año que pasa el dolor se acrecienta, porque nos han destruido el trabajo de toda una vida. Esperamos que algún Gobierno se acuerde de nosotros ”, señaló.
En aquellos días también hubo saqueos en Tafí Viejo, en Las Talitas y en los barrios de la periferia.
“Hubo muchos casos como éste, pero el único que quedó impune fue el de mi marido”, se lamentó Silvina en diálogo con LA GACETA.
Fernández tenía un puesto de venta de sandías frente a un hipermercado de avenida Roca al 3.400. En el momento en que el joven aguardaba en la fila para recibir la mercadería prometida por los responsables del supermercado, según su familia y algunos testigos, un gendarme -que aún no fue identificado- le disparó en la cabeza. Fernández, de 26 años, falleció al día siguiente.
En aquel momento, el entonces ministro de Gobierno, Antonio Guerrero, había señalado que la víctima tenía antecedentes delictivos. En cambio, Silvina negó esas acusaciones: “A un ser humano no se le puede quitar la vida porque sí”, remarcó. “No quiero nada para mí, pero sí para mi hija, para que pueda estudiar”, agregó. Gustavo Morales, abogado de Centeno, explicó que todo se trató de un caso más de gatillo fácil.
Sin resarcimiento
Fueron apenas tres horas que cambiaron su vida para siempre. Ana de Rodríguez, propietaria de un mercado que estaba ubicado en avenida Independencia al 300, de Banda del Río Salí, no sólo perdió su negocio sino que también sufrió la desintegración de su familia. “Nos quedamos sin nada y mis hijas se fueron a trabajar a otras provincias”, explicó.
Con bronca, la mujer remarcó que el Estado nunca respondió al daño causado. “Cada año que pasa el dolor se acrecienta, porque nos han destruido el trabajo de toda una vida. Esperamos que algún Gobierno se acuerde de nosotros ”, señaló.
En aquellos días también hubo saqueos en Tafí Viejo, en Las Talitas y en los barrios de la periferia.
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