Ordenaron cruces telefónicos en la causa de los títulos falsos

El juez federal N0 2, Mario Agustín Racedo, ordenó ayer que se realice una serie de cruces telefónicos para intentar desentrañar la organización dedicada a la falsificación de títulos de abogados. Hasta el momento hay tres personas imputadas por el caso, aunque sólo una permanece detenida.
Según trascendió, Racedo les envió oficios a las empresas prestadoras de servicios telefónicos para que informen a qué números llamaron los imputados durante cierto lapso, y al mismo tiempo qué personas se comunicaron con ellos. Cuando tenga en sus manos estos informes (tanto de telefonía fija como de celular), se cotejará los nombres con los que aparecen en la causa. Es que, en las diferentes declaraciones que tomó el magistrado, se repitieron varias veces los mismos nombres, lo que le permite a Racedo ir armando el rompecabezas de la causa.
Por el caso están imputados Mario Alberto Murillo, quien aceptó haber comprado un título, Myriam del Huerto Bulacio, quien asegura haber rendido todas las materias de abogacía, aunque la Facultad de Derecho lo niega, y Roberto Molina, presunto gestor de la obtención de los diplomas apócrifos. Este último permanece detenido. Ayer, personal de la Policía Federal allanó la casa en la que él dijo estar viviendo, en Villa Urquiza, aunque se dieron con que allí habita su ex esposa, de quien está separado hace varios años. Por esto, el hombre podría ser llamado a declarar nuevamente para que diga efectivamente dónde está residiendo. En la casa de la ex esposa de Molina no se encontró ningún elemento importante para la investigación.
El miércoles, al ser sometido a una rueda de reconocimiento, Murillo aseguró que había sido Molina quien había gestionado y entregado su título, según admitió su abogado Carlos Mayer. Con el diploma, Murillo recibió la matrícula profesional, con el cual ejercía como abogado desde 2005.
Bulacio, en cambio, no lo reconoció físicamente, y dijo que en la Facultad únicamente había escuchado hablar de él. Para el juez Racedo el caso de la mujer es especial, ya que además del diploma habilitante tenía en su poder una libreta universitaria, con las notas correspondientes a cada una de las materias que dice haber rendido, firmada por los profesores. Ante esto, el magistrado envió a la UNT un pedido de informes para tratar de esclarecer cómo Bulacio obtuvo esa libreta. El juez, en ese sentido, también busca pruebas para determinar si la causa por la aparición de títulos falsos y otra que está radicada en su juzgado por la compraventa de notas en la Facultad de Derecho están vinculadas. En tanto, Racedo espera el resultado de las pericias caligráficas realizadas en los diplomas secuestrados a los imputados.