Un imputado complicó a otro con su testimonio

"Es el primero de la derecha". Con esta frase, Mario Alberto Murillo, uno de los imputados en la causa en la que se investiga la aparición de títulos truchos de abogado, complicó muchísimo la situación procesal de Roberto Jesús Molina, otro de los acusados y único detenido por el caso. Ayer, ante el juez federal N0 2, Mario Agustín Racedo, Murillo reconoció a Molina como el hombre que gestionó y le entregó su diploma de abogado, con el cual pudo obtener la matrícula profesional, según trascendió.
Molina permanece detenido desde el martes, cuando, junto con su abogada, Claudia Haro, se presentó espontáneamente en el Juzgado Federal. La semana pasada, Gendarmería Nacional había allanado una casa en calle Güemes al 800, pero allí ya no vive él, sino su hijo. Luego de decretar su detención, Racedo ordenó que fuera sometido a una rueda de reconocimiento para la cual convocó a Murillo y a Myriam del Huerto Bulacio, la otra acusada.
Por separado, cada uno se paró frente a cinco hombres, entre los que estaba Molina. Murillo no dudó. Incluso, según explicó su defensor, Carlos Mayer, señaló que el sospechoso se había teñido el pelo. En cambio, Bulacio, declaró no conocer a ninguna de las cinco personas expuestas. "Yo nunca tuve contacto con Molina. Sé de él porque se lo menciona en la Facultad como la persona que podía entregar los títulos, pero yo no lo conozco", dijo luego la mujer a LA GACETA.
En el marco de la investigación, Murillo aceptó haber comprado su título, pero Bulacio insiste en que ella cursó y aprobó todos los exámenes, aunque en la UNT lo niegan. En ese sentido, al abogado defensor de la mujer, Jorge Lobo Aragón, le llama la atención que, habiendo entregado su cliente una libreta universitaria, no se haya auditado aún la sección informática de la Facultad de Derecho. "Además, nos falta conocer los resultados de las pericias que se realizaron en el certificado analítico y en el diploma", dijo el letrado.
En tanto, la abogada Haro reconoció que la medida ordenada por Racedo fue favorable para su cliente. "Una de las imputadas no lo reconoció, por lo que evidentemente él no es la persona a la que todos señalan como el autor de estas maniobras", aseguró. "Desde el primer momento nos pusimos a disposición de la Justicia, y así lo seguiremos haciendo. No tengo dudas de la inocencia de mi cliente", afirmó la abogada.
Tras la rueda de reconocimiento se debía realizar un careo entre Molina y Murillo y luego otro entre Molina y Bulacio, pero el juez decidió que esta medida se concretará la próxima semana. Además, Molina habría dicho que estaba descompuesto, dando a entender que no estaba en condiciones físicas de realizar los careos. Cuando Molina declaró el martes ante el juez aseguró ser albañil (a LA GACETA le había dicho que era maestro mayor de obras) y que no sabía nada de la causa que se estaba investigando. Negó trabajar en la Facultad y mucho más ser parte de la organización que está falsificando los diplomas. Incluso dijo que el autor de las maniobras podía ser otra persona, con su mismo nombre. Tanto Lobo Aragón como Mayer están seguros de que la causa por los títulos truchos tiene vinculación con otra que analiza Racedo, en la que se investiga la compraventa de notas en la Facultad de Derecho. Incluso aseguran que están involucradas las mismas personas. De a poco, el juez federal avanza en ese sentido.
Mayer, ayer, dio varios detalles que figuran en el expediente. "La primera vez que Molina tomó contacto con Murillo le mostró un título de arquitecto, pero mi cliente se dio cuenta en el acto de que era falso. Después le mostró otro que sí era original", relató. "Si Murillo fue capaz de diferenciar un título falso de otro original, esto deja mal parado tanto al Colegio de Abogados como a la UNT, ya que cualquiera podría estar fraguando diplomas", señaló Mayer. El letrado aseguró que los sistemas de control de la Facultad de Derecho y del Colegio de Abogados están "relajados".
De las declaraciones de Murillo y de Bulacio trascendió que ambos imputados habrían mencionado con nombres y apellidos a varias personas que trabajan en Sección Alumnos, Informática y en el sector de maestranza de la Facultad de Derecho de la UNT, y que estarían supuestamente relacionadas con la causa. Incluso habrían advertido que estas personas podrían ser los contactos de Molina dentro de la facultad.