30 Mayo 2007 Seguir en 
Un juez decidió no otorgar el sobreseimiento solicitado por una fiscal para un empresario de la noche tucumana que estaba acusado de haber sido partícipe del abuso sexual que sufrió una menor de edad. Además, solicitó que se profundice la investigación del caso y, especialmente, la presunta participación de una adolescente en el episodio.
Según la investigación, el 9 de diciembre, la víctima concurrió a un pub de la zona del ex Abasto. Según indicó luego su madre, allí le dieron de tomar bebidas alcohólicas. Estando ella en estado de ebriedad -siempre de acuerdo con la versión de la madre-, el acusado, que estaba acompañado por otra menor y por un amigo, la llevó a un hotel alojamiento donde este último abusó de ella.
El empresario, ante la presión de la Policía, se entregó el 27 de diciembre, mientras que el otro acusado nunca pudo ser atrapado, ya que el detenido dijo no conocerlo. Luego de las primeras investigaciones, el empresario recuperó la libertad a pesar de la disidencia de uno de los tres camaristas que dictaron el fallo. La menor que estuvo presente en el momento en el que se produjo el hecho reconoció que el empresario no tuvo nada que ver con el ataque; confirmó, en cambio, que la víctima estaba con otro joven, al que ella no conocía.
La madre de la víctima no sólo criticó la Justicia por esta medida sino que además solicitó a la fiscal María de las Mercedes Carrizo que tome una serie de medidas para dar con el autor del aberrante hecho. También recurrió a los medios de comunicación solicitando ayuda para que el verdadero responsable de lo que le sucedió a su hija sea atrapado.
La mujer, después de haberse reunido con Alberto Lebbos, decidió solicitar a la Justicia que investigara si el joven que abusó de su hija no fue el mismo que atacó y asesinó a Paulina Lebbos. También se sumó a las marchas que organiza la Comisión de Familiares de Víctimas de la Impunidad y que se realizan los martes frente a Casa de Gobierno.
Sin embargo, por razones que nunca quedaron claras, la mujer decidió de pronto levantar la denuncia, por lo cual la fiscal Carrizo le solicitó al juez de instrucción Alfonso Zottoli que dictara el sobreseimiento del empresario. Pero el magistrado no aceptó el pedido. "Puede inferirse la presunta responsabilidad penal del imputado en la eventual preparación del delito cometido, por el cual podría ser responsabilizado en calidad de cómplice", señala su dictamen. "No se ha profundizado la investigación, de modo tal que no se puede arribar al grado de certeza necesario como para eximir al causante de responsabilidades de índole penal que le pudieren corresponder -añade-. Surgen notables contradicciones entre las declaraciones de la testigo y las de la víctima, no debiendo descartarse tampoco la presunta complicidad de ésta, ya sea con el autor material del hecho y/o con su cómplice".
El caso ahora pasó a manos del fiscal de Cámara Hernán Castellano, que deberá decidir si le da la razón al juez o si acepta el pedido de sobreseimiento que interpuso la fiscal.
Según la investigación, el 9 de diciembre, la víctima concurrió a un pub de la zona del ex Abasto. Según indicó luego su madre, allí le dieron de tomar bebidas alcohólicas. Estando ella en estado de ebriedad -siempre de acuerdo con la versión de la madre-, el acusado, que estaba acompañado por otra menor y por un amigo, la llevó a un hotel alojamiento donde este último abusó de ella.
El empresario, ante la presión de la Policía, se entregó el 27 de diciembre, mientras que el otro acusado nunca pudo ser atrapado, ya que el detenido dijo no conocerlo. Luego de las primeras investigaciones, el empresario recuperó la libertad a pesar de la disidencia de uno de los tres camaristas que dictaron el fallo. La menor que estuvo presente en el momento en el que se produjo el hecho reconoció que el empresario no tuvo nada que ver con el ataque; confirmó, en cambio, que la víctima estaba con otro joven, al que ella no conocía.
La madre de la víctima no sólo criticó la Justicia por esta medida sino que además solicitó a la fiscal María de las Mercedes Carrizo que tome una serie de medidas para dar con el autor del aberrante hecho. También recurrió a los medios de comunicación solicitando ayuda para que el verdadero responsable de lo que le sucedió a su hija sea atrapado.
La mujer, después de haberse reunido con Alberto Lebbos, decidió solicitar a la Justicia que investigara si el joven que abusó de su hija no fue el mismo que atacó y asesinó a Paulina Lebbos. También se sumó a las marchas que organiza la Comisión de Familiares de Víctimas de la Impunidad y que se realizan los martes frente a Casa de Gobierno.
Sin embargo, por razones que nunca quedaron claras, la mujer decidió de pronto levantar la denuncia, por lo cual la fiscal Carrizo le solicitó al juez de instrucción Alfonso Zottoli que dictara el sobreseimiento del empresario. Pero el magistrado no aceptó el pedido. "Puede inferirse la presunta responsabilidad penal del imputado en la eventual preparación del delito cometido, por el cual podría ser responsabilizado en calidad de cómplice", señala su dictamen. "No se ha profundizado la investigación, de modo tal que no se puede arribar al grado de certeza necesario como para eximir al causante de responsabilidades de índole penal que le pudieren corresponder -añade-. Surgen notables contradicciones entre las declaraciones de la testigo y las de la víctima, no debiendo descartarse tampoco la presunta complicidad de ésta, ya sea con el autor material del hecho y/o con su cómplice".
El caso ahora pasó a manos del fiscal de Cámara Hernán Castellano, que deberá decidir si le da la razón al juez o si acepta el pedido de sobreseimiento que interpuso la fiscal.







