La casa tiene pocos muebles, los necesarios. Ella se desplaza lentamente, apenas tocando las paredes con la punta de los dedos. Se inclina hacia el coche y alza a su bebé, que se trepa como un monito por sus brazos. Luego se acerca a la cocina y con la mano que le queda libre prende la hornalla y trata de sentir el calor de la llama. Alejandra Leiva (33 años) es una mamá como cualquier otra. Limpia la casa, cocina y hace las compras, sin descuidar a Gonzalo, de 7 meses, ni a Lucas, de 3 años. Su esposo, Ricardo Costilla, (44 años), la ayuda en todo lo que puede, y además trabaja todos los días en el Siprosa. Se diría que son un matrimonio como cualquier otro, salvo por una particularidad, ambos son ciegos.
“Llevamos una vida normal. Yo cocino, lavo, plancho y me ocupo de los chicos. Ricardo es radiooperador y telefonista del Siprosa, pero cocina los fines de semana, y hace los arreglos de la casa, como cualquier hombre. Para lo único que les pedimos ayuda a los vecinos es cuando los chicos se enferman y hay que medir remedios o tomarles la temperatura. Para todo lo demás, no sentimos ninguna discapacidad, sino más bien una limitación”, cuenta Alejandra, que le abrió las puertas de su casa a LA GACETA, en el barrio El Solar, de Las Talitas.
Alejandra y Ricardo se reconocen como un matrimonio feliz. “Me dirán que soy un loco, pero yo hago mi vida normal. El otro día me puse a serruchar un mueble para adaptarlo, porque necesitaba que sea más chico. Ayer me subí al techo para arreglar el tanque de agua”, confiesa el hombre que quedó ciego a los 31 años, después de un accidente. Ricardo vivió algún tiempo en el Hogar de Ciegos y allí aprendió muchas cosas, entre ellas a manejar el bastón blanco y a tejer el mimbre. En la mesa del living hay un portarretrato hecho por él.
“Gracias a mi esposo yo salgo sola a la calle, con los chicos. La gente me ayuda y me trata muy bien. El bastón me va indicando los desniveles de las veredas, aunque una vez me caí en un pozo hecho por Edet, que no estaba señalizado”, cuenta entre risas, Alejandra.
“La gente anda en la calle muy apurada y muchas veces no tiene información sobre lo que significa el bastón blanco. No pretendo que nos ayuden, sino simplemente que no nos lleven por delante. La vez pasada una señora me insultó porque se tropezó con el bastón. Creo que la sociedad no está preparada para aceptar las diferencias. Le hace falta más información”, reflexiona la joven.
Amor “a primera vista”
Alejandra es ciega desde que tenía 4 años y nueve meses. Quedó sin visión como consecuencia de una meningitis. Su hermana tuvo la misma enfermedad, y perdió la vista a los 8 años. “Cantábamos bien y formábamos un dúo. Actuábamos en todos los festivales de Aguilares, donde vivíamos”, recuerda. “Me habían hablado mucho de ella y quería conocerla, así que me fui a su casa. Cuando escuché su voz me impactó de inmediato. Nos casamos al año y ahora somos muy felices”, añade Ricardo. Mientras dura el relato, Lucas consigue sentarse en las piernas de su papá y le lleva la mano hacia la lapicera para que le enseñe a dibujar.
Sonriendo, Alejandra confiesa que siempre pensó en formar su familia. “Nunca me detuve en las cosas negativas. Por eso yo les digo a las personas discapacitadas que se animen a vivir, que se casen, tengan hijos, estudien y hagan todo lo que sueñan. Porque para ser feliz no hay que pensar en lo que a uno le falta, sino en lo que uno tiene”.
“Al final de tanto peregrinar, por fin lo aceptaron en el jardín Quiquines. Allí pasó dos felices años, y nuevamente, cuando cumplió los cuatro, mi lucha por insertarlo en un establecimiento con educación primaria se reanudó. Otra vez la misma angustia, las mismas entrevistas y tener que soportar miles de puertas que se cierran, hasta que llegué al colegio Aconquija, donde actualmente está contenido”, señala la mamá de Joaquín.
La nueva ley de educación especial, sancionada por la Legislatura Provincial, pretende terminar con la angustia de los padres que recorren los colegios sin poder inscribir a sus hijos con necesidades especiales. La normativa obliga a la integración en la escuela común, cuando las condiciones así lo permiten, y exige a los colegios privados a incorporar a los niños con capacidades especiales, aún a costa de ampliar su matrícula.
“La educación integrada es beneficioso no sólo para los chicos con capacidades diferentes, sino también para los demás niños, porque de esta manera los chicos tienen oportunidad de aprenden valores; como por ejemplo, a compartir con los demás , a no discriminar, a ser solidarios y pacientes”, expresó Lourdes.
En nuestra provincia existe una prolífica legislación sobre los derechos de las personas con discapacidad, la cual fue completada y reformada en lo pertinente en estos últimos tres años e inclusive esos derechos fueron incluidos en la reforma constitucional de 2006.
Básicamente, la tendencia legislativa es apuntar a la capacidad residual de la persona, más que a la discapacidad en sí; existen leyes tales como la integración de las personas con necesidades educativas especiales de acuerdo a su “capacidad” a la escuela común, el derecho a trabajar estableciéndose un cupo mínimo de un 4 % en los entes públicos o empresas privadas que presten servicios públicos, siempre que demuestren condiciones de idoneidad para el cargo y otras normativas, tales como eliminación de barreras arquitectónicas y de transporte, asignación especial por hijo discapacitado, régimen de licencias especiales, o la ley sobre Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad (24901) a la cual la provincia está adherida (ley 7282), que obliga a las obras sociales y subsidiariamente al Estado, como garante de la seguridad social, al 100% de cobertura a personas con discapacidad.
Curiosamente, el Subsidio de Salud, que alude no ser una obra social (a pesar de pertenecer a la Confederación de Obras Sociales de la República Argentina), es el principal incumplidor de esta ley; existe numerosa jurisprudencia sobre juicios ganados por sus afiliados discapacitados.
Si la legislación existe, ¿por qué no se la cumple? Simplemente porque fallan los organismos de aplicación y porque se considera a la persona con discapacidad no una persona, sino un “dependiente social”, no en vano este sector hoy depende de la Secretaría de Políticas Sociales y no de la Gobernación como en otras provincias o de la Jefatura de Gabinete, a nivel nacional.
La exclusión, la discriminación, todavía existen. El simple hecho de no contar con vados en una esquina o que un taxi no levante un pasajero por estar en silla de ruedas, son hechos corrientes y que vivimos día a día.
La sociedad debe tomar conciencia de la temática, ya que estamos en una provincia con un alto índice de accidentes laborales y de tránsito, amén de los niños que padecieron el flagelo de la desnutrición y hoy ya están en edad escolar presentando déficit mentales. Nadie está exento.
Por ello, entre todos, debemos procurar promover una vida digna e independiente, la participación del sector en el desarrollo económico social y político de la comunidad y tener acceso a los servicios de educación, trabajo y protección jurídica, según los postulados de la Asamblea General de la ONU, tomados en nuestro país por ley 25.346 que establece el 3 de diciembre como Día de la Discapacidad.
“Llevamos una vida normal. Yo cocino, lavo, plancho y me ocupo de los chicos. Ricardo es radiooperador y telefonista del Siprosa, pero cocina los fines de semana, y hace los arreglos de la casa, como cualquier hombre. Para lo único que les pedimos ayuda a los vecinos es cuando los chicos se enferman y hay que medir remedios o tomarles la temperatura. Para todo lo demás, no sentimos ninguna discapacidad, sino más bien una limitación”, cuenta Alejandra, que le abrió las puertas de su casa a LA GACETA, en el barrio El Solar, de Las Talitas.
Alejandra y Ricardo se reconocen como un matrimonio feliz. “Me dirán que soy un loco, pero yo hago mi vida normal. El otro día me puse a serruchar un mueble para adaptarlo, porque necesitaba que sea más chico. Ayer me subí al techo para arreglar el tanque de agua”, confiesa el hombre que quedó ciego a los 31 años, después de un accidente. Ricardo vivió algún tiempo en el Hogar de Ciegos y allí aprendió muchas cosas, entre ellas a manejar el bastón blanco y a tejer el mimbre. En la mesa del living hay un portarretrato hecho por él.
“Gracias a mi esposo yo salgo sola a la calle, con los chicos. La gente me ayuda y me trata muy bien. El bastón me va indicando los desniveles de las veredas, aunque una vez me caí en un pozo hecho por Edet, que no estaba señalizado”, cuenta entre risas, Alejandra.
“La gente anda en la calle muy apurada y muchas veces no tiene información sobre lo que significa el bastón blanco. No pretendo que nos ayuden, sino simplemente que no nos lleven por delante. La vez pasada una señora me insultó porque se tropezó con el bastón. Creo que la sociedad no está preparada para aceptar las diferencias. Le hace falta más información”, reflexiona la joven.
Amor “a primera vista”
Alejandra es ciega desde que tenía 4 años y nueve meses. Quedó sin visión como consecuencia de una meningitis. Su hermana tuvo la misma enfermedad, y perdió la vista a los 8 años. “Cantábamos bien y formábamos un dúo. Actuábamos en todos los festivales de Aguilares, donde vivíamos”, recuerda. “Me habían hablado mucho de ella y quería conocerla, así que me fui a su casa. Cuando escuché su voz me impactó de inmediato. Nos casamos al año y ahora somos muy felices”, añade Ricardo. Mientras dura el relato, Lucas consigue sentarse en las piernas de su papá y le lleva la mano hacia la lapicera para que le enseñe a dibujar.
Sonriendo, Alejandra confiesa que siempre pensó en formar su familia. “Nunca me detuve en las cosas negativas. Por eso yo les digo a las personas discapacitadas que se animen a vivir, que se casen, tengan hijos, estudien y hagan todo lo que sueñan. Porque para ser feliz no hay que pensar en lo que a uno le falta, sino en lo que uno tiene”.
Los padres deben peregrinar por los colegios para inscribir a niños especiales
“Cuando mi hijo Joaquín, que tiene Síndrome de Down, cumplió dos años tuve que recorrer infinidad de jardines de infantes. Siempre recibí un no como respuesta. Me sentía impotente. No conseguía que entendieran que mi hijo era tan niño como los demás, y que a pesar de sus diferencias tenía los mismos derechos que los otros a jugar y recibir educación”, recuerda Lourdes, una mamá de la agrupación Down is up”.“Al final de tanto peregrinar, por fin lo aceptaron en el jardín Quiquines. Allí pasó dos felices años, y nuevamente, cuando cumplió los cuatro, mi lucha por insertarlo en un establecimiento con educación primaria se reanudó. Otra vez la misma angustia, las mismas entrevistas y tener que soportar miles de puertas que se cierran, hasta que llegué al colegio Aconquija, donde actualmente está contenido”, señala la mamá de Joaquín.
La nueva ley de educación especial, sancionada por la Legislatura Provincial, pretende terminar con la angustia de los padres que recorren los colegios sin poder inscribir a sus hijos con necesidades especiales. La normativa obliga a la integración en la escuela común, cuando las condiciones así lo permiten, y exige a los colegios privados a incorporar a los niños con capacidades especiales, aún a costa de ampliar su matrícula.
“La educación integrada es beneficioso no sólo para los chicos con capacidades diferentes, sino también para los demás niños, porque de esta manera los chicos tienen oportunidad de aprenden valores; como por ejemplo, a compartir con los demás , a no discriminar, a ser solidarios y pacientes”, expresó Lourdes.
PUNTO DE VISTA
“Si la legislación existe, ¿por qué no se cumple?”
Por Carlos Fiori, abogado“Si la legislación existe, ¿por qué no se cumple?”
En nuestra provincia existe una prolífica legislación sobre los derechos de las personas con discapacidad, la cual fue completada y reformada en lo pertinente en estos últimos tres años e inclusive esos derechos fueron incluidos en la reforma constitucional de 2006.
Básicamente, la tendencia legislativa es apuntar a la capacidad residual de la persona, más que a la discapacidad en sí; existen leyes tales como la integración de las personas con necesidades educativas especiales de acuerdo a su “capacidad” a la escuela común, el derecho a trabajar estableciéndose un cupo mínimo de un 4 % en los entes públicos o empresas privadas que presten servicios públicos, siempre que demuestren condiciones de idoneidad para el cargo y otras normativas, tales como eliminación de barreras arquitectónicas y de transporte, asignación especial por hijo discapacitado, régimen de licencias especiales, o la ley sobre Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad (24901) a la cual la provincia está adherida (ley 7282), que obliga a las obras sociales y subsidiariamente al Estado, como garante de la seguridad social, al 100% de cobertura a personas con discapacidad.
Curiosamente, el Subsidio de Salud, que alude no ser una obra social (a pesar de pertenecer a la Confederación de Obras Sociales de la República Argentina), es el principal incumplidor de esta ley; existe numerosa jurisprudencia sobre juicios ganados por sus afiliados discapacitados.
Si la legislación existe, ¿por qué no se la cumple? Simplemente porque fallan los organismos de aplicación y porque se considera a la persona con discapacidad no una persona, sino un “dependiente social”, no en vano este sector hoy depende de la Secretaría de Políticas Sociales y no de la Gobernación como en otras provincias o de la Jefatura de Gabinete, a nivel nacional.
La exclusión, la discriminación, todavía existen. El simple hecho de no contar con vados en una esquina o que un taxi no levante un pasajero por estar en silla de ruedas, son hechos corrientes y que vivimos día a día.
La sociedad debe tomar conciencia de la temática, ya que estamos en una provincia con un alto índice de accidentes laborales y de tránsito, amén de los niños que padecieron el flagelo de la desnutrición y hoy ya están en edad escolar presentando déficit mentales. Nadie está exento.
Por ello, entre todos, debemos procurar promover una vida digna e independiente, la participación del sector en el desarrollo económico social y político de la comunidad y tener acceso a los servicios de educación, trabajo y protección jurídica, según los postulados de la Asamblea General de la ONU, tomados en nuestro país por ley 25.346 que establece el 3 de diciembre como Día de la Discapacidad.







