Reclaman el derecho a la educación

Dispuestos a reclamar que se garantice el derecho a la educación de sus hijos, los padres de alumnos del Gymnasium presentarán mañana un recurso de amparo ante la Justicia.
La iniciativa se respalda en una reciente jurisprudencia: hace un año, una jueza santafesina le dio la razón a una madre que exigía lo mismo para sus hijos, en el marco de un paro prolongado que mantenía el gremio docente en esa provincia.
La Justicia ordenó al gobierno de Santa Fe que garantice a la demandante, la abogada rosarina Marisa Malvestiti, "el pleno ejercicio del derecho a la educación de sus hijos, instrumentando los mecanismos adecuados para proveer a la continuidad del servicio educativo y asegurando la provisión de los contenidos mínimos correspondientes al actual ciclo lectivo".
La sentencia quedó firme y sentó un importante precedente, según comentó Malvestiti en diálogo telefónico con LA GACETA desde Rosario. "Desde aquí les hago llegar a esos padres tucumanos todo mi apoyo -expresó-. El acceso a la educación pública es un derecho que hace a la igualdad de oportunidades -argumentó-. Aquel que conozca sus derechos podrá defenderlos y lograr una sociedad que sea más igualitaria para todos. Tengo confianza en el ciudadano. Que la gente sepa que tiene poder y lo ejerza a través de la Justicia y del reclamo pacífico".
El reclamo de la abogada no fue dirigido contra el gremio docente, sino que resaltó el carácter personalísimo del derecho a la educación. No emitió juicio de valor acerca de la justeza del reclamo de los maestros, ni sobre su salario ni sobre los esfuerzos económicos que hubiera hecho el gobierno santafesino para solucionar el problema.
"El derecho a la educación está consagrado tanto en la Constitución Nacional como en la Carta Magna de nuestra provincia y en los tratados internacionales a los cuales nos hemos adherido con motivo de la reforma constitucional de 1994", sostiene la sentencia en sus considerandos. La abogada contó que en ese momento no había diálogo entre el gobierno y los maestros, ni ninguna negociación que hiciera suponer la finalización de la medida de fuerza.
"La posición del gobierno era muy dura. Yo pedí que se ordenara levantar las medidas de fuerza hasta que hubiera negociación. La jueza citó a audiencia de las partes", dijo.
En realidad, la medida cautelar no tuvo más aplicación en la práctica que forzar el inicio de las tratativas entre el gremio y el gobierno.
"Con la gran repercusión que tuvo el tema en los medios, se comenzaron a proponer ofertas, se formaron grupos de padres autoconvocados y este antecedente dejó planteado que, ante futuros conflictos de esta naturaleza, el ciudadano tiene derecho a acudir a la Justicia pidiendo un amparo", explicó Malvestiti.
La abogada sostiene que su mayor logro fue el de estimular la participación ciudadana. Que los padres no opten solamente por la educación privada.
"Muchos docentes me insultaron. Otros me dijeron que estaban de acuerdo, porque si a los chicos se les corta el hábito del estudio diario, sufren un daño irreparable -afirmó-. El Estado tiene los medios para solucionar estos problemas. Todo lo que se invierte en educación es inversión, no un gasto".