A principios de 2005, el Gobierno nacional les efectuó un agresiva oferta de canje de deuda a los acreedores privados, entre los cuales estaban quienes aportaron a las AFJP para su futura jubilación y no pocos compatriotas que, creyendo en su país y en la seguridad jurídica, no llevaron sus ahorros al exterior, sino que los invirtieron en títulos públicos argentinos. Para todos ellos, no había otra alternativa que una quita de casi el 70% sobre sus ahorros.
Según el diagnóstico oficial, uno de los grandes responsables de todos nuestros males, casi elevado a la categoría de demonio, era el FMI. Pero cuando todo hacía creer que Néstor Kirchner, en represalia, le llenaría la cara de dedos al español Rodrigo de Rato, titular del organismo de crédito internacional, el Gobierno argentino optó en cambio por llenarle los bolsillos de dólares, extraídos de nuestras reservas internacionales. ¡Vaya castigo! La Argentina terminó honrando anticipadamente el total de su deuda con el Fondo Monetario. Pero como la palabra "pagar" no goza de mucha adhesión en un país acostumbrado a postergar sus compromisos, se empleó un verbo que ni siquiera figura en el diccionario de la Real Academia Española:
"desendeudar". Así, para el discurso oficial, la Argentina no le pagó nada al FMI; sencillamente, se desendeudó de sus peores acreedores.
Se hizo creer que el país se desembarazaba de uno de los organismos más usureros del mundo, pese a que nos cobraba la tasa de interés más baja del mercado internacional al que tiene acceso la Argentina, y que el presidente venezolano Hugo Chávez era el bueno de la película, aunque este nos prestará dinero a cambio de bonos a una tasa que duplica la que nos cobra el FMI.Pero no todo debe ser visto negativamente. Que un país tradicionalmente remiso a honrar sus compromisos internacionales se decida por una vez a cancelar una deuda no debería dejar de verse como una buena noticia.
Lo más condenable quizás radique en los cambiantes estados de ánimo de una sociedad, que de la noche a la mañana pasa de repudiar una deuda a aplaudir su cancelación, y de un gobierno que se refiere en los peores términos al más importante organismo financiero internacional y poco después lo premia satisfaciendo su mayor deseo.
La Argentina paradojal aparece también en una sociedad civil que no hacía mucho reclamaba que se fueran todos y que después terminó apoyando en las urnas a gran parte de los mismos; en un país que exhibe uno de los más elevados índices de muertos en accidentes de tránsito, pese a lo cual todavía la ciudadanía se sigue resistiendo a medidas elementales como utilizar el cinturón de seguridad y, finalmente, en los datos que indican que más de la mitad de los niños en edad escolar no alcanzó este año el mínimo de días de clase indispensables como consecuencia de las recurrentes huelgas, a pesar de lo cual los padres de los alumnos figuran entre los primeros en oponerse a recuperar esos días en el verano.
En el terreno político, las paradojas no son menores. Y este 2005 ha dado sobrados ejemplos.
El contundente resultado electoral de la provincia de Buenos Aires registrado el 23 de octubre último no sólo premió a una figura política que se negó a cualquier debate, que no concedió una sola entrevista a medio de comunicación alguno y que ni siquiera fue a votar (violando un deber ciudadano elemental) como Cristina Fernández de Kirchner. También premió la vieja forma de hacer política, a pesar de los contundentes documentos periodísticos previos al acto eleccionario que demostraron que los estilos y las estrategias a la hora de captar voluntades políticas en las zonas más empobrecidas del conurbano bonaerense no diferían entre los supuestos cultores de la nueva política y la vieja política.
En la última campaña electoral bonaerense vimos con claridad cómo las tradicionales bolsas de alimentos y los beneficios derivados de los planes sociales comenzaron a ser complementados con nuevas formas de clientelismo, tales como la entrega de electrodomésticos o de cheques sobre cuentas del Senado provincial en las barriadas más humildes.
En eso pareció consistir la tan pregonada reforma política. Cambiaron las formas, no el fondo de la cuestión. La prebenda continuó; apenas cambiaron los enseres que se entregaban a cambio del voto. Y la nueva política no quedó más que en un eslogan de campaña, vacío de contenido.
No se trata de cuestionar la ayuda desde el Estado a familias que viven en la indigencia, sino su utilización política y la peyorativa consideración de los más pobres como masas disponibles dispuestas a venderse al mejor postor en el poco transparente mercado electoral. Y se trata también de cuestionar el nulo castigo electoral hacia esa metodología, aplicada al menos por dos fuerzas políticas que reunieron alrededor del 65 por ciento de los votos en los comicios legislativos.
Cuando el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, intentó justificar aquel proceder, dijo: "me encantaría que entendamos que el Estado debe asistir a los que lo necesitan. Lo hemos hecho en absoluto silencio desde el primer día". De esa manera, dio a entender, a título de defensa, que se estaba operando de esta forma desde bastante tiempo antes de que comenzara la campaña proselitista. Lo que no tuvo en cuenta en su explicación fue que uno de los principales cuestionamientos a esta clase de políticas asistencialistas es la falta de transparencia y que el silencio siempre puede despertar las peores sospechas.
Falta de transparencia e imperio del silencio
Los ejemplos de falta de transparencia a lo largo de 2005 no terminan ahí.
En plena campaña electoral surgió a través de la prensa el debate acerca de si debía el conjunto de la ciudadanía pagar los costos del empleo del avión Tango 01 o del helicóptero presidencial cuando estos eran utilizados para trasladar al Presidente, a la primera dama y a su comitiva a actos que formaban parte de la campaña electoral.¿No deberían correr esos gastos por cuenta del Frente para la Victoria? El tema no es para nada menor. Por un lado, porque el artículo 261 del Código Penal establece severas sanciones -reclusión o prisión de dos a diez años e inhabilitación absoluta perpetua- para "el funcionario que empleare en proyecto propio o de un tercero trabajos o servicios pagados por la administración pública". Por otro lado, el tema no era menor porque en otros países, como los Estados Unidos, funcionarios de alta jerarquía han sido obligados a pagar de su bolsillo llamadas telefónicas realizadas desde la Casa Blanca con fines electorales. Lamentablemente, desde el oficialismo, una vez más, no se dio el ejemplo. La única respuesta fue el silencio.
Los famosos Adelantos del Tesoro de la Nación (ATN), que repartía el gobierno de Carlos Menem a las provincias en función de criterios electorales, no desaparecieron. A lo sumo, se transformaron en las partidas presupuestarias que reasigna el actual jefe de Gabinete gracias a los "superpoderes" que le delegó el Congreso de la Nación. Nada se pierde. Todo se transforma. ¿En qué se diferencia el presidente Néstor Kirchner de sus antecesores en esta materia?
Probablemente, en que su gobierno hace estos manejos administrativos con un superávit fiscal que seguramente envidiarían sus antecesores.
La nueva ley de coparticipación federal sigue siendo una asignatura pendiente desde la reforma constitucional de 1994, pese a que la Constitución estableció que debía ser sancionada antes de fines de 1996. Del mismo modo, los decretos de necesidad y urgencia continúan fuera de control, y hace rato venció el plazo constitucional para crear una comisión parlamentaria que debería reglamentarlos. A nadie parece preocuparle que no se cumpla la Constitución.
No existe en la Argentina una moderna legislación de acceso a la información. De ese modo, ocurren en el orden nacional cosas como las que hoy se lamentan en la provincia de Santa Cruz, donde ni siquiera pueden conocerse los fundamentos de una resolución de un juez que archivó la causa judicial por la fuga de fondos de esa provincia al exterior.
Tras analizar todos estos casos, uno puede preguntarse si acaso las cuestiones éticas en la política le importan a la ciudadanía. Si así fuera, ¿por qué se premia a un partido oficialista que ha hecho del clientelismo, de la falta de transparencia y del imperio del silencio prácticas frecuentes? Quizás el problema radique en que buena parte de la sociedad no percibe que la mayoría de los dirigentes que hoy aspiran a liderar la oposición vaya a actuar de manera diferente de quienes hoy nos gobiernan. Podría ser esa una primera hipótesis.
Personalmente, me adheriría a una segunda hipótesis, sin descartar por eso la primera. Esta segunda explicación se vincula a particular cultura política, basada en una vieja tendencia a preferir liderazgos fuertes, aun con reminiscencias caudillistas y aun cuando sus tentaciones hegemónicas a veces socaven a las propias instituciones. En otras palabras, los argentinos todavía preferimos tener gobernantes fuertes, antes que instituciones sólidas. (c) LA GACETA
