Los errores gubernamentales destruyeron la economía. Las resonantes promesas de los políticos se derrumbaron y el agravamiento de la situación económica revela un retroceso a los años 80, con regulaciones, proteccionismo, ideas dirigistas y populistas, y reglas cambiantes.
En Tucumán, los empresarios se amoldan a las secuelas del default, que ahora nadie aplaude, a la injusta pesificación, al corralito, y a la falta de previsibilidad y confianza. Los políticos ni se enteraron de que en el país ocurrió una catástrofe.
Las compañías, que añoran la Convertibilidad, están revisando estrategias para evitar que la realidad las destruya. Con un Gobierno sin planes, que favorece la intolerancia, el retroceso a una década perdida, la degradación de las instituciones, las regulaciones y la frustración, no hay margen para débiles.
No se trata sólo de sortear la zigzagueante cotización del dólar o de amoldarse a los desesperados intentos para frenar a la inflación. La economía está paralizada.
Nadie se atreve a esbozar políticas de crecimiento o planes de inversión o producción, en una provincia que se quedó sin precios de referencia, sin créditos y sin mercados. Por ahora se salvan el turismo, la venta de autos y ciertos negocios financieros. El resto, incluso los supuestamente enriquecidos exportadores, como el agro, enfrenta una increíble sucesión de presiones.
El replanteo impone una realidad que está marcada por pautas de consumo diferentes, derivadas del aumento de la desocupación y la pobreza, que achican la masa de compradores. Se suman los salarios congelados, la falta de crédito y las tristes perspectivas sobre el futuro, que inducen a no gastar.
En esta provincia, muchas compañías están diseñadas para tentar a consumidores que tenían un ingreso per cápita de 3.800 dólares anuales. Ahora esa cantidad se redujo a 1.100.
Cada empresa analiza cómo la afectará la pérdida del poder adquisitivo de la gente, complicada por los ahogos que provoca la inflación, y hasta qué nivel está sobredimensionada su estructura.Salvo los exportadores, que serán beneficiados, para el grueso de las firmas tucumanas el desafío radica en aclimatarse a los nuevos tiempos.
La reconversión implica ajustarse para buscar mercados que son más cautelosos, en los que no sobra dinero, se muestran desconfiados y sin crédito, y a los que no será fácil vender. Para que retorne el boom de compras pasará un largo tiempo.
En Tucumán el retroceso es notable. Son tan graves las secuelas provocadas por los Bocade y el colapso de la Operatoria FET, como la falta de seguridad jurídica y el desorden.
En los consorcios privatizados, que mueven servicios esenciales (electricidad, gas, comunicaciones) están alarmados. No saben cómo sigue la historia, con tarifas congeladas y pesificadas, y cuentas que deben pagar en dólares. Ya nadie recuerda los cortes de luz en el verano, la falta de teléfonos o los inviernos con poco gas.
Suma de factores
Para que la provincia vuelva a crecer se necesitará una suma de factores que no parece posible con la clase política que la controla. Los empresarios más aptos para amoldarse están recalculando sus planes y saben que cualquier inversión significará un salto que deben calcular con precaución.
El Estado, dominante e ineficiente, vuelve al centro de la escena, con la intención de regular hasta los precios, las tasas de interés y el dólar, y entrometerse en todos los negocios. Los políticos no entienden los sinsabores de la economía real, en la que hay que manejar stocks costosos, préstamos bancarios escasos y caros, y expectativas de vender con inflación y devaluación.
Son tiempos en que se extenderán la economía informal y el mercado negro de divisas, y crecerá la corrupción. Hay distorsiones en mercados de bienes y servicios, en los que, sin precios y con una moneda débil, nadie sabe si cuando vende está ganando o perdiendo plata.Las transformaciones se producen cuando el Gobierno provincial exhibe una imagen de debilidad y no está al tono con los cambios, muchos de ellos invisibles para el grueso de la gente, que se producen en la sociedad.
En la pulseada con el FMI, las provincias están acusadas de agravar el descontrol estatal. Les exigen más ajustes y que quemen los bonos. Aunque se imploró al Fondo que "no pida lo imposible", la presión internacional sacará a luz los errores gubernamentales y la falta de capacidad para encarar reformas razonables desde el Estado.
Los políticos, que creen que pueden amenazar, no entienden que la opción es: o se arregla con el FMI o se convierte a la Argentina en Cuba, aislada de mundo.(Por Luis Alberto Peña, Jefe de Redacción LA GACETA)
