Sin bases sólidas no se puede construir

"La derogación de la Convertibilidad, lo que implicó un verdadero cambio de modelo, produjo la ruptura de la ecuación económico-financiera de los contratos de obra, sin que se haya creado un nuevo marco jurídico, que permita la reactivación de las obras p

07 Abril 2002
La construcción es uno de los indicadores más elocuentes del estado de salud de una economía. La actividad sufrió en la Argentina, durante febrero pasado -último mes del que se tienen cifras-, una caída en el nivel de actividad del 43,1% con respecto a igual período del año pasado. Los empresarios del sector consideran que la situación no mejorará hasta que no se establezca un nuevo marco jurídico, que reemplace al que cayó con la Convertibilidad y que estuvo vigente durante la última década.
Más allá de las buenas intenciones y de los anhelos de que se acabe pronto el persistente ciclo recesivo, en el sector sostienen que en las actuales condiciones no es posible una reactivación inmediata. "La derogación de la Convertibilidad, lo que implicó un verdadero cambio de modelo, produjo la ruptura de la ecuación económico-financiera de los contratos de obra, sin que se haya creado un nuevo marco jurídico, que permita la reactivación de las obras paralizadas o el inicio de otras nuevas. Con el gran incremento de insumos, si no se modifica esta situación, se producirá la transferencia de capitales privados al Estado, debido a que la Ley de Obras Públicas establece, para el pago de los certificados de obra, hasta 60 días desde la fecha de emisión". Así lo aseguró a LA GACETA Juan Carlos Falivene, a cargo de la presidencia de la delegación local de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC).
Para que la reactivación sea posible, según el dirigente, previamente hacen falta: 1) Un sistema de variación de precios. 2) Que se salde lo adeudado en las obras paralizadas. 3) Pago de contado. 4) Reduccción al 10,5% del IVA en las obras de infraestructura, en idénticas condiciones que lo previsto para el rubro viviendas.
"Si bien en el Presupuesto 2002 se autorizó la libre disponibilidad del 75% de los recursos específicos del Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI), solicitamos al Poder Ejecutivo el respeto a esos fondos y que no se altere la finalidad para la que fueron creados. Además, solicitamos que se destrabe la utilización de los programas nacionales y provinciales que cuentan con financiamiento acordado con organismos de créditos internacionales, así como de los fondos fiduciarios", concluyó.

El sector padece la depresión más fuerte y prolongada desde 1993
Los numeros son lapidarios. La tendencia recesiva continua firme en la construcción. Durante febrero -ultimo mes registrado-, la caida del nivel de actividad fue del 43,1% respecto de igual periodo del año pasado, segun el Instituto Nacional de Estadistica y Censo (INDEC). Este es el peor resultado desde 1993. Las bajas se dieron en todos los rubros: 71,5% en pisos y revestimientos, 55,9% en ladrillos huecos, 44,7% en pinturas para la construcción, 42,3% en cemento, 33,8% en hierro redondo, y 30,8% en asfalto. En marzo, los precios del sector subieron un 4,4%.

En dos años se perdieron 2.600 puestos laborales en Tucumán
La abrupta caida de la actividad esta afectando particularmente a la mano de obra que depende de la construcción. En el ultimo trimestre de 2001, se perdieron en todo el pais 60.000 puestos de trabajo, contando solo los registrados en la AFIP. Esto representa una baja del 26,1% en relacion con igual periodo de 2000. En Tucumán hace dos años y medio había 4.000 trabajadores y hoy son solo 1.400, según aseguro el secretario general de la delegacion local de la Union Obrera de la Construccion de la Republica Argentina (UOCRA), Jose Adrian Santillan.
Los trabajadores de la construccion estan desesperados. "Le planteamos al gobierno provincial la gravisima situacion y la necesidad de que se hagan obras. Nos aseguraron que a fin de mes o a principios de mayo, por orden de Julio Miranda, se lanzara un plan de vivienas en el interior. La Provincia no puede planificar porque no cuenta con una cifra fija y la plata llega con cuenta gotas. Ademas se le deben $10 millones del Fonavi. Sin ayuda o sin planes de vivienda, que generen empleo, habra estallidos sociales", advirtio Santillán.

Urge una politica de inversion productiva
Por Oscar Mirkin (Presidente-Cámara Tucumana de la Construcción)
La obra pública se encuentra en situación de extrema emergencia por diferentes causas. La derogación de la Convertibilidad y el contexto económico-financiero generado por la Ley de Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario produjeron en el país una crisis que no registra antecedentes comparables por el impacto negativo generado en la construcción. Tan grave es la situación que la parálisis en el sector es prácticamente total. La construcción no escapa a las generales de la ley y, día a día, nuestras empresas ven azoradas cómo, frente a este escenario, la actividad se dirige hacia un horizonte sin perspectivas.
Hay restricciones de diversa índole para obtener la casi totalidad de los insumos de la actividad. La dificultad en la producción de materiales de industria nacional, el desabastecimiento, la comercialización con precios alterados y en pleno proceso inflacionario -con valores indefinidos y fuera de toda previsibilidad-, la absoluta imposibilidad y las restricciones para acceder a líneas de créditos se agravan al haberse interrumpido los medios tradicionales de pago diferido. El sector está totalmente desorientado, la inflación es cada vez mayor y los despidos aumentan. Este es el presente y, por ello, resulta difícil ver con optimismo el futuro.
Algunos indicadores, proporcionados por el Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano, revelan la disminución de las inversiones en viviendas. En noviembre de 2001, los montos certificados ascendían a $1,3 millón y los recursos del FONAVI a $1,8 millón. Esos montos fueron de $1,1 millón y $250.897, respectivamente, en diciembre; de $543.005 y $2,3 millones, en enero; y de $378.130 y 2,1 millones en febrero pasado.
Los números reflejan una baja comparada del 166% entre los montos certificados entre el último bimestre de 2001 y el primer bimestre de 2002.
Según la Secretaría de Obras Públicas de la Provincia, hubo una disminución del 258% en la certificación si se comparan el último trimestre de 2001 y el primer trimestre de 2002. La falta de una política de inversión en el sector productivo (medidas activas destinadas al fortalecimiento de las PyME, que son los verdaderos motores de la economía) llevó, irremediablemente, a una crisis aún mayor que resulta insoslayable.
La falta de un marco jurídico -entre otras medidas-, que permita atenuar o resolver el impacto negativo de la crisis, induce a pensar en un futuro incierto.
Para paliar la situación, al gobierno le decimos:
* Urgen normas que permitan readecuar las condiciones y términos contractuales para superar las adversas consecuencias de la situación de emergencia en que se encuentra la obra pública. * Las normas deben regir hasta que se logre la normalización de las variables económicas, financieras y cambiarias que inciden en los diversos sectores de la economía que se movilizan con la industria de la construcción.
* Debe resolverse a corto plazo la convertibilidad de los BOCADE en pesos o a LECOP, situación que debería recrearse a través de la operatoria propuesta por la Federación Económica de Tucumán (FET).
* Es satisfactorio que el gobernador Miranda anuncie que se destinarán $7 millones a la ejecución de obras públicas en el corto plazo (propuesta de la FET). Esto constituirá un paliativo para el sector y para todos aquellos que están ligados.
* Es importante sostener la paz social, creemos firmemente en la democracia y debemos apuntalar este sistema porque, sin él, la anarquía es el futuro más próximo. Pero un país sin inversión en obra pública y sin un apoyo verdadero a las PyME, no tiene posibilidades de crecer. Hay que recrear la cultura del trabajo en forma seria y responsable, poniendo el mismo esfuerzo dedicado a las ayudas sociales para incentivar los medios de producción y genuinos puestos de trabajo, con instituciones fuertes y reglas de juego claras para todos los sectores, con transparencia, con justicia y equidad.

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