Iría a la Justicia Federal el caso de las falsificaciones

La causa en la que se investiga la participación de una banda en maniobras fraudulentas realizadas con documentación apócrifa, en la cual hay un detenido, pasaría a la Justicia Federal. De esta forma, se juzgaría el delito más grave (falsificación de documento público), en vez del de tentativa de estafa, tal como está calificada actualmente.
Ayer, el expediente llegó a manos del fiscal Guillermo Herrera (secretaría de Carlos López). Por el caso está detenido desde hace una semana Gustavo Selman, un hombre de 29 años a quien le allanaron su casa, en Los Chañaritos. Allí, personal de la sección Defraudaciones y Estafas de Investigaciones, al mando de los comisarios Héctor Vera, Raúl Ferreyra y Julio López, secuestró gran cantidad de DNI, boletas de servicios (gas, teléfonos, luz, televisión por cable), recibos de sueldo -muchos de ellas de dependencias oficiales, como la Legislatura-, tarjetas de crédito y formularios para sacar las cédulas de identidad de la Policía.
Los investigadores estaban por pedir anoche nuevas medidas ya que tendrían identificadas al menos a otras dos personas que podrían estar relacionadas con el caso. La causa puede tener derivaciones políticas ya que se está investigando de dónde salieron las boletas de sueldo originales en blanco pertenecientes a la Legislatura. Fuentes policiales indicaron que Selman figura como empleado del Poder Legislativo, pero esto fue desmentido por sus allegados. Igualmente la versión está siendo analizada y ya se habrían solicitado informes al respecto.
Una vez que el fiscal cuente con todos los elementos necesarios decidirá qué hará con la causa. Sin embargo, lo más probable es que se declare incompetente y pase la causa a la Justicia Federal.
Los investigadores no pudieron determinar hasta el momento de dónde salieron los DNI. Se trata de documentos originales en blanco que, según trascendió, podrían haber sido sustraídos de algún Registro Civil. Otros -dijeron las fuentes consultadas- eran robados en la vía pública por pungas y mecheras. Cuando los tenían en su poder, se informó, los falsificadores cambiaban la foto del documento y luego se apersonaban en entidades crediticias para obtener dinero, o adquirían electrodomésticos con cuentas corrientes.