Papelera Tucumán le inició juicio al Estado y a Repsol YPF

El incumplimiento de un contrato de gas firmado en 2004 fue el motivo por el que la empresa Papelera Tucumán le inició una denuncia penal al Enargas Tucumán, a la Secretaría de Energía de la Nación y al presidente de Repsol YPF, Antonio Brufau.
Los delitos que imputa la denunciante son estafa, defraudación por desbaratamiento de derechos acordados y violación de los deberes de funcionario público. La causa es patrocinada por el estudio de la abogada María Cristina Grunauer de Falú.
A través de la demanda, se pide una investigación cuyo propósito apunta “a mostrar uno de los mayores delitos de estos tiempos, con connotaciones públicas y con la complicidad de un gigantesco grupo multinacional, en contra de los intereses de centenares de importantes industrias del Noroeste Argentino”.
La empresa Papelera Tucumán indicó que en 2004 se hizo cargo, junto con otras industrias, de costear la construcción de un gasoducto (la ampliación del Gasoducto del Norte, que permitió una oferta extra de 700.000 metros cúbicos diarios de gas). A cambio, Repsol-YPF y Papelera Tucumán firmaron un contrato de compraventa de gas por 240.000 metros cúbicos del fluido por día, provenientes de la cuenca noroeste y de Bolivia. Pero en octubre de este año, la petrolera invocó el convenio firmado entre la Argentina y Bolivia en lo que se refiere a que la importación de gas quedará en adelante a cargo de Enarsa, la empresa estatal de energía.
Según otra de las notas de YPF, el contrato firmado en diciembre de 2004 con Papelera Tucumán fue reemplazado por otro entre YPF y Enarsa. Agregó que YPF Bolivia informó a Enarsa sobre una situación de fuerza mayor que obligó a la suspensión del suministro entre fines de noviembre y principios de diciembre.
Según Papelera Tucumán, “la eximente de fuerza mayor esgrimida por YPF es manifiestamente dolosa por cuanto el gas natural que se importa de Bolivia es una cantidad insignificante frente al total del consumo nacional”. Y agrega: “en la fraudulenta maniobra que se manifiesta al desbaratarse los derechos de Papelera Tucumán” también se ve afectada en su carácter de obligado pagador en la construcción del gasoducto centro-oeste.
“Las autoridades de Repsol YPF, YPF S.A., Secretaría de Energía, Subsecretaría de Combustibles, Enargas Tucumán y Enarsa nada hicieron para impedir el delito; por el contrario, lo alentaron con acciones y/o con omisiones”, remarca la empresa en su demanda.
En diálogo con LA GACETA, la abogada Grunauer dijo que el daño económico que el cambio de reglas de juego genera a la compañía papelera “es cientos de veces millonario” y opinó que Repsol YPF “debió haber defendido el contrato y su obligación, porque en cualquier caso tienen el control sobre el 93% del total del gas, que no tuvo un céntimo de dólar de modificación”.