El plazo para impugnar el revalúo no será prorrogado

La Dirección de Catastro recibió reclamos por los nuevos valores fiscales vigentes de sólo el 1% de los 60.000 campos rurales que hay en la provincia.
Para la mayoría de los propietarios de terrenos, las nuevas valuaciones aplicadas por Catastro significan un incremento del impuesto Inmobiliario a partir de 2007; en algunos casos, de hasta 50 veces más de lo que venían pagando hasta este año.
Los dueños de campos tenían plazo hasta ayer para quejarse ante Catastro y pedir una reconsideración del valor de su propiedad en el denominado Jurado de Reclamo -un tribunal ad hoc que se conforma cada vez que se aplican revalúos masivos-.
Varias organizaciones, entre ellas, la Unión de Cañeros Independientes (UCIT), habían pedido a Catastro una postergación del plazo, pero los términos no serán prorrogados y hasta ayer solamente hubo alrededor de 600 impugnaciones, según pudo averiguar LA GACETA en la repartición ubicada en avenida Benjamín Aráoz 96.
Los planteos serán analizados por el Jurado de Reclamo, que se expedirá sobre cada caso entre fines de marzo y principios de abril de 2007, ya que el tribunal cuenta con 120 días hábiles para hacerlo, a partir de la fecha en que se receptó el planteo.
Pero, a pesar de que venció el plazo, los propietarios que consideren que se cometieron errores en la determinación de la valuación podrán, igualmente, realizar planteos, pero estos ya no serán analizados por el Jurado de Reclamo, sino por la misma Dirección de Catastro, que, a diferencia del tribunal ad hoc, no tiene fechas corregir valuaciones.
“Sin perjuicio de la finalización del plazo para que el planteo sea analizado por el Jurado de Reclamo, la legislación vigente deja la posibilidad al propietario de un campo, virtualmente afectado por el revalúo, de efectuar un reclamo, que, en ese caso, ya deberá ser estudiado por Catastro”, explicó el director de Catastro, Félix Herrero.
El funcionario afirmó que los propietarios que hasta ayer realizaron impugnaciones al revalúo igualmente deberán pagar el impuesto Inmobiliario, con los nuevos valores establecidos.
“Todos los contribuyentes deben cumplir inexorablemente con los pagos; pero, si llega a haber errores, se les reconocerá un crédito fiscal (se les devolverá lo que pagaron de más)”, aclaró.
Herrero, asimismo, remarcó que el recurso de reconsideración debe ser siempre fundado en posibles errores en la asignación de los valores aplicados. En este sentido, no obstante, el director de Catastro estimó que el 80% de los 600 reclamos efectuados está vinculado a cuestiones de otra índole.
“Se trata de planteos de orden político (quejas por inconstitucionalidad del revalúo o por los elevados valores fijados a predios, según el uso que se les da). Entiendo que los propietarios no fueron bien asesorados. Se les dijo que la ley es clara; que habla estrictamente de errores en la asignación de valores, los cuales son competencia de Catastro. La aplicación de las valuaciones, en cambio, es responsabilidad del Poder Ejecutivo”, aclaró.
Así las cosas, sólo unas 120 impugnaciones serían efectivamente estudiadas por el Jurado de Reclamo, que está integrado por el director de Catastro (presidente); por un representante de la Secretaría de Obras Públicas; por otro de la Comisión de Tasaciones; y por otro de la Dirección de Agricultura.
La ley prevé que Catastro invite a participar, con voz y con voto, a un miembro de la Federación Económica (FET), a otro de la Sociedad Rural (SRT) y a otro de la Unión Industrial (UIT). Sin embargo, Herrero dijo que el tribunal ad hoc funcionará con los cuatro integrantes del Poder Ejecutivo. “La idea es que el análisis sea lo más técnico posible”, argumentó Herrero.