Unas 22.000 parcelas pagarán el mínimo anual del impuesto Inmobiliario Rural

El valor fiscal de los campos en Tucumán se parece al del peso argentino. Después de la crisis de fines de 2001 se profundizó su devaluación y hoy resulta ser hasta más de tres veces inferior al valor de mercado que puede tener una propiedad en zona rural. Así razonan las autoridades de la Dirección General de Catastro al explicar por qué se decidió aplicar el revalúo a partir de 2007, medida que provocó el malestar generalizado del sector productivo tucumano. Los dirigentes de las principales entidades productivas buscan que el gobernador, José Alperovich, replantee la medida.
Después de que el Gobierno decidió ajustar en un 90% los valores unitarios básicos por hectárea rural, de las 50.504 parcelas existentes en Tucumán, los propietarios de cerca del 43% de esos campos (unos 22.000) pagarán el mínimo anual de $ 100 del impuesto Inmobiliario Rural. El resto (28.500) tendrá que afrontar el incremento promedio del 170% en el tributo a partir de 2007. Unos más que otros, dependiendo del tipo de suelo, de la ubicación y, en definitiva, de la extensión.
Para que un contribuyente abone el mínimo anual impositivo, su propiedad rural tendrá que tener una valuación fiscal inferior a los $ 8.333, a los que se le aplica una alícuota del 1,2%. Según el director de Catastro, Félix Herrero, los valores unitarios actualizados son incuestionables, ya que están muy por debajo de los valores de mercado. ¿Por qué tanta diferencia entre uno y otro valor?
“La valuación fiscal no toma en cuenta la productividad que puede tener la tierra, sino la aptitud del suelo, el relieve, el clima, la salinidad y las precipitaciones anuales”, señaló a LA GACETA el jefe del Departamento Valuaciones, Hugo Jiménez Santillán.
El revalúo catastral demostró, además, la falta de actualización de datos de terrenos que pueden llegar a valer centavos. Cualquier tucumano podría mirar el mapa de la provincia, fijar su dedo índice en una zona determinada, buscar al propietario del lugar, meter luego la mano al bolsillo y, finalmente, comprarle una tierra. En Tucumán hay 1.232 propiedades rurales que para el Estado valen menos de $ 100. La mayor parte de esas tierras están ubicadas en Tafí del Valle (excluyendo la zona veraniega), en terrenos marginales y montañosos, no aptos para el cultivo ni para la explotación ganadera.
El dato resulta, cuanto menos curioso. Jiménez Santillán explicó que esos terrenos, por lo general, tienen una extensión inferior a la hectárea -se fracciona el valor fiscal- y que puede tratarse de minifundios o de tierras ubicadas en zonas montañosas, pedregosas o arcillosas. Estas tierras no aptas para cultivos, según Catastro, pueden tener un costo de $ 28,50 la hectárea si se aplica la actualización del coeficiente.
Sin embargo, en el informe oficial, surgen propiedades rurales que están situadas en zonas veraniegas por excelencia. En el Gobierno afirman que, más allá del relevamiento catastral, efectuarán nuevas inspecciones de campo, ya que se sospecha que, detrás de terrenos de baja valuación, pueden estar instaladas grandes quintas.

El mercado inmobiliario tucumano no sufrió, al menos todavía, los efectos del revalúo catastral. Por de pronto, algunos productores consideran que la medida adoptada por el Gobierno es reciente y que, por lo tanto, no pueden definir si se desprenderán o no de los terrenos.
Muchos de ellos reconocen que el valor fiscal estaba desactualizado, pero dicen que el Ejecutivo debería haber efectuado consultas a distintos sectores antes de aplicar el revalúo.
Los corredores inmobiliarios consultados por LA GACETA afirman que el revalúo no genera incertidumbre. En todo caso, para comprar o vender una parcela, el propietario toma más en cuenta los precios internacionales de las producciones que se quieran encarar y luego define si efectuará inversiones inmobiliarias.
El valor de las tierras se define según la zona y según el tipo de cultivo que se quiera emprender. Así, por ejemplo, los corredores inmobiliarios coinciden en que un campo destinado al cultivo de caña de azúcar puede llegar a costar entre U$S 3.500 (en la jurisdicción de Famaillá) y U$S 1.800 (en el este de la provincia).
Por ahora, no hay propietarios de terrenos que se quieran desprender de sus parcelas que cotizan a valor dólar en el mercado.

EN TUCUMAN hay campos que pueden llegar a tener un valor fiscal superior a los $ 30 millones (en el departamento de Graneros) y un mínimo de $ 0,72 (en Tafí del Valle).

LAS TIERRAS que tienen mayor valor fiscal están ubicadas a la vera de la ruta nacional 38. Esa es considerada zona A 1 (la de mayor valuación) por Catastro, con un valor promedio de $ 5.700 la hectárea. Se trata de tierras destinadas al cultivo de caña de azúcar y de citrus. 

LA VALUACION FISCAL  sólo toma en cuenta la aptitud del campo. La productividad que le da el propietario está gravada por el impuesto a los Ingresos Brutos, aclaran desde la Dirección General de Rentas.

EN LA ADECUACION de los valores fiscales de las tierras se tuvo en cuenta la evolución del índice de precios al consumidor de bienes y de servicios entre setiembre de 2001 e igual mes de este año. Sin embargo, en el Gobierno afirman que el resultado del ajuste sigue siendo inferior al precio de venta de inmuebles urbanos y rurales, el costo de la construcción y otros indicadores inmobiliarios. 

PARA EL AÑO QUE VIENE se prevé que la recaudación provincial del impuesto Inmobiliario Rural crecerá de los $ 11 millones actuales a los $ 28 millones, una diferencia del 170%. Hasta 2008, no habrá revalúos en las propiedades urbanas.

LA EXPROPIACION de terrenos para efectuar la nueva traza de la ruta 38 desnudó la desactualización de las valuaciones fiscales. Así, por ejemplo, el Tribunal de Tasación de la Nación valuó una propiedad en casi el doble del importe que está registrado en Catastro.

LAS DECLARACIONES JURADAS son fundamentales a la hora de determinar el valor de una parcela rural. Sin embargo, en la mayoría de los casos, los propietarios no la actualizan. Por lo tanto, Catastro sale a hacer inspecciones y determinaciones de oficio. En la repartición se afirma que, en varios casos, se confirmó que hubo propiedades, cuyos últimos datos fueron actualizados hacia fines de la década de 1.960.

 MAÑANA vence el plazo para que los dueños de las parcelas urbanas que no estén de acuerdo con el revalúo puedan plantear sus quejas ante Catastro. Varios productores están pensando en enviar cartas documento al organismo planteando la violación de las normas constitucionales por la aplicación de los nuevos valores.