17 Diciembre 2006 Seguir en 
BUENOS AIRES.- ¿Para qué sirve un índice estadístico? ¿Para dar a la ciudadanía una información de la realidad lo más exacta posible o bien para ofrecerle a los gobiernos de turno los elementos para acomodar esa realidad a sus pretensiones e intereses?
El planteo cobra especial importancia en momentos en que el Gobierno nacional se prepara para cerrar el año con un índice de precios al consumidor de un dígito. Aunque quizás no pueda decirse lo mismo de la inflación propiamente dicha.
Desde que en abril de 2006 se creó la Secretaría de Comercio Interior en el ámbito del Ministerio de Economía y se designó a Guillermo Moreno al frente de ella, el propósito oficial dominante fue el de bajar la tasa anual del IPC, que por entonces rondaba el 13% y, de no aplicarse medidas urgentes, se corría el riesgo de llegar a porcentajes aún mayores.
El objetivo, entonces, fue el de bajar a toda costa el índice de precios, aún sin que ello represente necesariamente una baja en los niveles de inflación. Lo que parece una absurda contradicción, puede no serlo si se tienen en cuenta algunos procedimientos para que la inflación real no se refleje en el IPC. No se trata del eterno cuestionamiento por supuestos "dibujos" que en realidad no son más que el resultado de un complicado promedio que intenta mostrar el entrecruzamiento de millones de consumos diferentes de una sociedad moderna. En este caso, se buscan artilugios para que la variación de un precio no quede registrara en el índice. Uno de ellos es el de postergar los aumentos de precios para enero o, en caso de que no se pueda esperar, los últimos días de diciembre. De esa manera, el arrastre estadístico permitiría que el incremento se refleje en los números de 2007 y el año en curso concluya con el deseado dígito.
Aumento encubierto
El otro, aplicable para algunos servicios educativos y de salud, consiste en no permitir el aumento de las tarifas pero sí el número de cuotas. El cálculo es sencillo: pasar de 12 a 13 cuotas -aun sin modificar las tarifas un centavo- implica un aumento real del 8,33% en el bolsillo de los usuarios, pero sin que esa variación se refleje en el índice de precios al consumidor.
Como el índice toma en cuenta el precio de los abonos pero no la cantidad de cuotas, no resultará extraño que esa modalidad se extienda a otros servicios. Pero el resultado será un índice engañoso que no reflejará la inflación real, tan engañoso como pretender bajar la fiebre guardando el termómetro en la heladera.
El propósito oficial no pasa solamente por el hecho de mostrar una administración supuestamente eficiente en su tarea por doblegar la aceleración inflacionaria que se observó de 2003 a 2005. Un IPC "bajo" (más allá de las metodologías empleadas para llegar a esa performance) serviría también como referencia para los reclamos salariales de 2007, en el que resultará poco probable que el gobierno acceda a una pauta general del 19% como en 2006.
Maldito CER
Además, a 18 meses de la reestructuración formal de la deuda pública, en el Palacio de Hacienda comienzan a advertir las consecuencias de haber indexado por CER gran parte de los compromisos. En ese caso, la diferencia entre uno y dos dígitos de inflación anual a lo largo de cuatro décadas equivale a la diferencia entre desembolsar o no miles de millones de dólares.
Dos aspectos que llevan a preguntarse si es lícito adecuar un índice que es, ni más ni menos, información oficial, a las intenciones o posibilidades de fijar una pauta salarial o afrontar los compromisos de un canje dispuesto por el mismo Gobierno.
Hace más de siete décadas, desde algunos sectores daban por cierto que al entonces presidente Hipólito Yrigoyen le confeccionaban un diario en el que sólo figuraban noticias de su agrado. Cierto o no, el estigma del "diario de Yrigoyen" se endilga desde entonces a todos quienes quieren convencerse de que la realidad es tal como se la muestra un reducido grupo de obsecuentes sin el menor espíritu de crítica. La pretensión de conseguir un índice de precios que no refleje la verdadera inflación no está muy lejos. (DyN)
El planteo cobra especial importancia en momentos en que el Gobierno nacional se prepara para cerrar el año con un índice de precios al consumidor de un dígito. Aunque quizás no pueda decirse lo mismo de la inflación propiamente dicha.
Desde que en abril de 2006 se creó la Secretaría de Comercio Interior en el ámbito del Ministerio de Economía y se designó a Guillermo Moreno al frente de ella, el propósito oficial dominante fue el de bajar la tasa anual del IPC, que por entonces rondaba el 13% y, de no aplicarse medidas urgentes, se corría el riesgo de llegar a porcentajes aún mayores.
El objetivo, entonces, fue el de bajar a toda costa el índice de precios, aún sin que ello represente necesariamente una baja en los niveles de inflación. Lo que parece una absurda contradicción, puede no serlo si se tienen en cuenta algunos procedimientos para que la inflación real no se refleje en el IPC. No se trata del eterno cuestionamiento por supuestos "dibujos" que en realidad no son más que el resultado de un complicado promedio que intenta mostrar el entrecruzamiento de millones de consumos diferentes de una sociedad moderna. En este caso, se buscan artilugios para que la variación de un precio no quede registrara en el índice. Uno de ellos es el de postergar los aumentos de precios para enero o, en caso de que no se pueda esperar, los últimos días de diciembre. De esa manera, el arrastre estadístico permitiría que el incremento se refleje en los números de 2007 y el año en curso concluya con el deseado dígito.
Aumento encubierto
El otro, aplicable para algunos servicios educativos y de salud, consiste en no permitir el aumento de las tarifas pero sí el número de cuotas. El cálculo es sencillo: pasar de 12 a 13 cuotas -aun sin modificar las tarifas un centavo- implica un aumento real del 8,33% en el bolsillo de los usuarios, pero sin que esa variación se refleje en el índice de precios al consumidor.
Como el índice toma en cuenta el precio de los abonos pero no la cantidad de cuotas, no resultará extraño que esa modalidad se extienda a otros servicios. Pero el resultado será un índice engañoso que no reflejará la inflación real, tan engañoso como pretender bajar la fiebre guardando el termómetro en la heladera.
El propósito oficial no pasa solamente por el hecho de mostrar una administración supuestamente eficiente en su tarea por doblegar la aceleración inflacionaria que se observó de 2003 a 2005. Un IPC "bajo" (más allá de las metodologías empleadas para llegar a esa performance) serviría también como referencia para los reclamos salariales de 2007, en el que resultará poco probable que el gobierno acceda a una pauta general del 19% como en 2006.
Maldito CER
Además, a 18 meses de la reestructuración formal de la deuda pública, en el Palacio de Hacienda comienzan a advertir las consecuencias de haber indexado por CER gran parte de los compromisos. En ese caso, la diferencia entre uno y dos dígitos de inflación anual a lo largo de cuatro décadas equivale a la diferencia entre desembolsar o no miles de millones de dólares.
Dos aspectos que llevan a preguntarse si es lícito adecuar un índice que es, ni más ni menos, información oficial, a las intenciones o posibilidades de fijar una pauta salarial o afrontar los compromisos de un canje dispuesto por el mismo Gobierno.
Hace más de siete décadas, desde algunos sectores daban por cierto que al entonces presidente Hipólito Yrigoyen le confeccionaban un diario en el que sólo figuraban noticias de su agrado. Cierto o no, el estigma del "diario de Yrigoyen" se endilga desde entonces a todos quienes quieren convencerse de que la realidad es tal como se la muestra un reducido grupo de obsecuentes sin el menor espíritu de crítica. La pretensión de conseguir un índice de precios que no refleje la verdadera inflación no está muy lejos. (DyN)








