12 Diciembre 2006 Seguir en 
Referentes del sector productivo quieren reunirse con el gobernador José Alperovich para plantearle su preocupación ante la suba del impuesto Inmobiliario Rural.
Los empresarios entienden que el reajuste, que regirá desde 2007, como es de aplicación masiva, afectará fuertemente a las actividades que no están pasando por un buen momento, como la citrícola. Sin embargo, ante la afirmación del ministro de Economía, Jorge Jiménez, de que no se dará marcha atrás con el aumento y en vista de que el Inmobiliario es un tributo patrimonial -y, por lo tanto, su percepción es considerada justa-, empezaron a diseñar una estrategia más global de discusión con el Gobierno -en el caso de que se abriera una negociación-.
La idea es exponer ante el gobernador la pesada presión fiscal que deriva de los tributos provinciales y también de los nacionales, y acordar una solución al problema. El objetivo es lograr que el Ejecutivo disponga medidas -de carácter tributario- que atenúen la pesada carga de la suba del Inmobiliario y de los impuestos distorsivos.
La Federación Económica (FET) presentó un escrito la semana pasada al ministro de Desarrollo Productivo, José Manuel Paz, por medio del cual le expresa la inquietud en torno de la presión fiscal de la provincia y le solicita que gestione una audiencia con Alperovich.
La FET formuló el pedido junto con cámaras productivas y con las organizaciones de cañeros Cactu y UCIT. Pero también serían parte de un eventual encuentro con el mandatario -aún no tiene fecha- la Asociación Tucumana de Citrus y la Sociedad Rural. El problema es que el Gobierno cree que todas las actividades agropecuarias son superavitarias, y no es tan así, dijo un directivo a nuestro diario.
Los empresarios entienden que el reajuste, que regirá desde 2007, como es de aplicación masiva, afectará fuertemente a las actividades que no están pasando por un buen momento, como la citrícola. Sin embargo, ante la afirmación del ministro de Economía, Jorge Jiménez, de que no se dará marcha atrás con el aumento y en vista de que el Inmobiliario es un tributo patrimonial -y, por lo tanto, su percepción es considerada justa-, empezaron a diseñar una estrategia más global de discusión con el Gobierno -en el caso de que se abriera una negociación-.
La idea es exponer ante el gobernador la pesada presión fiscal que deriva de los tributos provinciales y también de los nacionales, y acordar una solución al problema. El objetivo es lograr que el Ejecutivo disponga medidas -de carácter tributario- que atenúen la pesada carga de la suba del Inmobiliario y de los impuestos distorsivos.
La Federación Económica (FET) presentó un escrito la semana pasada al ministro de Desarrollo Productivo, José Manuel Paz, por medio del cual le expresa la inquietud en torno de la presión fiscal de la provincia y le solicita que gestione una audiencia con Alperovich.
La FET formuló el pedido junto con cámaras productivas y con las organizaciones de cañeros Cactu y UCIT. Pero también serían parte de un eventual encuentro con el mandatario -aún no tiene fecha- la Asociación Tucumana de Citrus y la Sociedad Rural. El problema es que el Gobierno cree que todas las actividades agropecuarias son superavitarias, y no es tan así, dijo un directivo a nuestro diario.







