Una confesión ministerial que pasó desapercibida

BUENOS AIRES. - En el cruce de declaraciones de funcionarios y dirigentes agropecuarios en torno de los alcances del paro del campo que se viene desarrollando desde el domingo 3, hubo una que excede por lejos el marco de la disputa entre el Gobierno y los ruralistas, y deja en claro que la vieja tradición argentina de utilizar al salario como variable de ajuste no ha perdido vigencia.
En su crítica a la actitud de los dirigentes agropecuarios, la ministra de Economía, Felisa Miceli, les echó en cara que "quieren llevar los precios en dólares (de la carne) a la mesa de los argentinos, que cobran en pesos".
En medio de tantas declaraciones, quizás esta verdadera confesión del desigual tratamiento que el precio del trabajo tiene respecto de otros precios haya pasado desapercibida para la mayoría de la población. Hasta es probable que la propia Miceli no haya reparado en el alcance de una de las tantas frases que dijo en una semana en la que habló como nunca en un año de gestión: que no es que la carne sea cara, sino que los salarios son bajos. Baste para comprobarlo la comparación de los precios locales de los productos y servicios de consumo masivo (no solo la carne) con los de cualquier punto del planeta (no solo Europa y Estados Unidos).
El concepto expresado por la jefa del Palacio de Hacienda cobra un valor especial si se lo considera dentro de una política de "tipo de cambio competitivo", como también señalaron funcionarios del gobierno en medio de la disputa con los ruralistas.
En una realidad que muestra intereses de clases, sectores o grupos que no siempre son coincidentes, cabe preguntarse: ¿competitivo para quién? Es evidente que no para quienes perciben una retribución por su trabajo en una moneda que, por propia decisión oficial, está subvaluada en aras de la competitividad.
Sí lo es para aquellos que perciben dólares o euros por lo que venden, es decir los exportadores. Entre otras cosas, porque pagan salarios en una moneda (el peso) que se devaluó en relación con aquellas. Ese es el eje de la "competitividad" argentina desde el siglo XIX. Va de suyo que los exportadores lo celebren, de la misma manera que un Estado que se financia en gran medida con las retenciones. Pero en el caso de los trabajadores asalariados esa "competitividad" implica una pérdida de sus ingresos reales, mucho más en tiempos en que sostener una economía cerrada al resto del mundo es poco menos que una misión imposible. Aquí y -ahora más que nunca- en la China.
Aunque para quienes gustan de tropezar varias veces con la misma piedra, siempre se puede insistir con controles de corto alcance que invariablemente desembocan en los sobreprecios del mercado negro, el desabastecimiento o la descapitalización a mediano o largo plazo. Tras lo cual el proceso vuelve a iniciarse con una inflación mayor a la que se quiso contener.
Eso viene sucediendo desde 2002 con una serie de acuerdos, controles, congelamientos y subsidios que determinan un abanico de índices de precios. A los memoriosos de la inflación "descarnada", hoy la política económica le ofrece más opciones:
Un IPC "oficial" que en 11 meses muestra una suba del 8,8%.
Un índice de precios "libres" que, de acuerdo con cálculos privados, sube el porcentaje a 13,7%.
Otro índice, el de precios "controlados", que para el mismo período alcanza al 3,6%.
Una canasta básica de alimentos, virtual inflación para indigentes, del 4,7%, con saltos como los de noviembre en el que triplicó al IPC general.
Una canasta básica total, suerte de índice inflacionario de la pobreza, del 5,7%.
La determinación de cuál sería la inflación real sin la existencia de los controles es una tarea complicada. Para el ex ministro de Economía Roque Fernández, se ubicaría en el 20% anual. Pero además de considerar el precio "liberado" de los bienes y servicios controlados, habría que hacer el cálculo de cuánto incidiría ese nuevo precio en el resto del universo del índice. Por ejemplo, la liberación de los precios del gasoil, la electricidad y el gas impactarían de lleno en los de todos los alimentos.
Y ahí reside, precisamente, la gran limitación de todos los funcionarios y gobiernos que quisieron llevar a cabo controles de precios: siempre hay bienes y servicios que quedan "afuera", pero que inciden en los costos de muchos que están "adentro", o viceversa. El final de esta historia será el mismo que el de todos los intentos anteriores. Y las consecuencias se notarán "en la mesa de los argentinos, que cobran en pesos". (DyN)