Las cifras que desnudan la realidad tucumana

Tucumán, al desnudo. Ese bien podría ser el título de la película que se rodó esta semana. Los tres protagonistas del filme demostraron que sólo pueden ponerse de acuerdo para ir a la iglesia a escuchar un sermón con contenido por demás conocido. Pero en esta provincia, al parecer, resulta oportuno -de vez en cuando- refrescar que hay una gran deuda social que atender.
Las estadísticas oficiales le pusieron una cifra a esa deuda que les enrostró, el lunes pasado, el arzobispo de Tucumán, monseñor Luis Villalba, a los tres conductores de los poderes del Estado: sólo en el principal aglomerado urbano hay 372.000 habitantes que no pueden reunir los ingresos mínimos mensuales para alimentarse y, a la vez, pagar algunos servicios, como salud, educación o transporte.
Después de una profunda crisis, como la que vivió el país a fines de 2001, la recuperación paulatina del ingreso fue sacando personas de una situación de pobreza. Según las cifras oficiales, en los últimos tres años -tiempo coincidente con los reajustes salariales- unos 160.000 habitantes del aglomerado abandonaron esa condición social. Constituyen la clase media y media baja afectada por la debacle económica de hace casi un lustro.
Sin embargo, hay una pobreza estructural, algunos con posibilidades de progresar laboralmente y otros abatidos por la indigencia, que llega a afectar a más de la mitad del total de pobres. ¿De qué sirve a un Gobierno acumular reservas por $ 200 millones, $ 300 millones o $ 500 millones para atender contingencias financieras, si no se aprovecha parte de ese dinero para planes de inclusión social? Es allí adonde apuntó la advertencia del prelado a las máximas autoridades de la provincia.
“¿En qué medida la recuperación económica se ha traducido en una reducción de las brechas de desigualdad social?”, se preguntó monseñor Villalba en el comunicado que repartió tras el encuentro con el gobernador José Alperovich; el presidente de la Legislatura, Fernando Juri, y el titular de la Corte, Alfredo Dato. A juzgar por los resultados de las mismas estadísticas oficiales, parece que el crecimiento económico de los últimos años no produjo un efecto “derrame” en la población. La brecha económica sigue siendo muy elevada en la Argentina: el ingreso mensual del 10% de los hogares más ricos supera en 35 veces al que accede el 10% de los hogares más pobres.
La desigualdad social no sólo se manifiesta en cuanto a los ingresos. Hay trabajadores que no tienen asegurada una jubilación para sus últimos años de existencia; ni siquiera pueden garantizarles a sus familiares la cobertura de una obra social, sencillamente porque sus patrones no los registraron legalmente. En esas condiciones, en negro, desempeñan sus actividades 103.813 tucumanos.
En esta irregular situación, que también forma parte de la deuda social que reclama la Iglesia, el Estado comparte, con el sector privado, responsabilidades respecto de la vigencia del empleo en negro. A los empresarios les resulta más barato contratar trabajadores, sin efectuar los respectivos aportes. El Gobierno, en tanto, trata de endurecer sus operativos de fiscalización laboral.
Las estadísticas oficiales, una vez más y como lo dijo el arzobispo, dicen que en Tucumán sigue en pie la deuda social. Y frente a esta grave situación socioeconómica, ni los gobernantes, ni los empresarios deben sacar los pies del plato.